Congreso CDMX aprueba reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial

31 / 08 / 2025

• Se consolida la creación del Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial, entre otros avances

El pleno del Congreso local aprobó el dictamen con modificaciones a la iniciativa para reformar diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, propuesta por la jefa de Gobierno capitalino, Clara Marina Brugada Molina, y presentada por las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias.

A nombre de las comisiones dictaminadoras, el diputado de Morena, Alberto Martínez Urincho, expresó que esta Ley Orgánica permitirá el alineamiento y la concordancia con la reforma constitucional para la renovación del Poder Judicial de la Ciudad de México; y le dará bases, atribuciones y facultades a las nuevas instancias creadas para el desarrollo de sus funciones y responsabilidades.

En este sentido se refirió al Tribunal de Disciplina Judicial y al Órgano de Administración Judicial, “que llevarán sendas responsabilidades en el desarrollo de la actividad judicial en este poder”.

En su argumentación resaltó la importancia del poder judicial para la resolución justa de los conflictos, defender los derechos humanos y garantizar el debido proceso del sistema judicial, para contribuir en la confianza de la ciudadanía y aportar en la paz social.

Adelantó que en el futuro se presentarán iniciativas para precisar los ajustes legales que requerirá el poder judicial para mejorar su funcionamiento, en beneficio de la ciudadanía.

En la exposición de su voto particular, Royfid Torres González, legislador de MC, expuso que la reforma judicial no debió existir en estos términos, es decir, con la elección de las personas jueces y magistrados, sin embargo, dijo, se tiene que dar certeza sobre la actuación que deberán tener con esta Ley Orgánica.

Agregó que, aún hay áreas de oportunidad por analizar, mismas que serán abordadas mediante reformas constitucionales que se presentarán en fechas posteriores.

Al razonar su voto, el diputado del PAN, Mario Enrique Sánchez Flores, afirmó que esta reforma consolida el control político de instituciones que deberían ser independientes. “Esta reforma no fortalece al poder judicial, lo somete; no lo moderniza, lo amarra; y no lo reorganiza, lo paraliza”, subrayó, al asegurar que se trata de una estrategia política que no mejora el acceso a la justicia.

A su vez, Israel Moreno Rivera, legislador del PVEM, expuso su caso particular, cuando un juez con “su sonrisa sarcástica y burlona” violentó sus derechos, ya que fue destituido de su cargo y consignado.

Por tanto, señaló, con esta armonización del poder judicial, se da un paso firme hacia un verdadero Estado de derecho.

La diputada del PT, Jannete Elizabeth Guerrero Maya, recalcó que este dictamen permite adecuar la Ley Orgánica del Poder Judicial local, para entrar a una nueva etapa del sistema de justicia capitalino, que se basa en una clara división de funciones entre los tres principales órganos que lo integran, lo que permitirá combatir el tráfico de influencias y terminar con el amiguismo, además de incorporar el principio de austeridad y la impartición de justicia con perspectiva de género.

Luisa Fernanda Ledesma Alpízar, legisladora de MC, insistió en la importancia de garantizar desde el poder judicial certeza jurídica, independencia, profesionalización y rendición de cuentas, e invitó a todas las fuerzas políticas a trabajar en conjunto para fortalecer las instituciones y garantizar una justicia efectiva para la ciudadanía.

El diputado del PRD, Pablo Trejo Pérez, reconoció que estas reformas dan respuestas a las exigencias para sentar las bases de una nueva etapa institucional, la cual responde a una deuda estructural con las mujeres de la Ciudad de México, y será clave en la construcción de un Poder Judicial más técnico, imparcial y al servicio de la ciudadanía. “Aprobar esta reforma es asumir el momento constitucional que vivimos y es actuar con responsabilidad histórica”, finalizó.

Por su parte, Alejandro Carbajal González, legislador de la Asociación Parlamentaria Progresista de la Transformación, señaló que por primera vez se podrán fincar responsabilidades a las y los juzgadores, sin embargo, aún no hay reglamento para determinar cómo va a operar este mecanismo, por lo que es importante estar atentos a la emisión de dichos reglamentos.

La legisladora de la Asociación Parlamentaria Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente, Diana Sánchez Barrios, expuso su apoyo a esta reforma, ya que es un paso trascendental para la modernización, fortalecimiento y consolidación del sistema de justicia, que dará como resultado un poder judicial más transparente, eficaz, equitativo y cercano a la ciudadanía.

Durante la discusión se aprobaron reservas presentadas por los legisladores Víctor Hugo Lobo Rodríguez, de Morena, Tania Nanette Larios Pérez, del PRI y Royfid Torres González, de MC; mientras que no fueron aprobadas las presentadas por Olivia Garza de los Santos, del PAN, Mario Enrique Sánchez Flores, del PAN, Diego Orlando Garrido López, del PAN, Lizzette Salgado Viramontes, del PAN y Ricardo Rubio Torres, del PAN.

El dictamen aprobado establece que la Ley Orgánica del Poder Judicial local contendrá las disposiciones necesarias para la implementación del nuevo sistema de justicia en la capital; se extingue formalmente el Consejo de la Judicatura, con la protesta de los magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial y la integración del Órgano de Administración Judicial, y se incorpora la austeridad republicana, prohibiendo que algún servidor público de la judicatura perciba una remuneración superior a la de la persona titular del Ejecutivo Federal.

En el caso del Órgano de Administración Judicial, se integrará por cinco personas, que durarán en el encargo seis años improrrogables, de las cuales una será designada por el Poder Ejecutivo, por conducto de la persona titular de la jefatura de Gobierno; una por el Congreso local mediante votación calificada de dos tercios de sus integrantes presentes, y tres por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, mediante votación calificada de dos tercios de sus integrantes presentes. Contará con independencia técnica y de gestión, y será responsable de la adscripción y remoción de las personas juzgadoras, y velará por los derechos humanos laborales de las personas servidoras públicas.