Tania Larios presenta iniciativa para prohibir arquitectura hostil en la Ciudad de México

10 / 11 / 2026

En busca de evitar prácticas de exclusión y discriminación en espacios públicos de la capital del país, Tania Nanette Larios Pérez, coordinadora del GPPRI en el Congreso de la Ciudad de México, presentó una iniciativa de reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Constitución Política local para prohibir la utilización de la arquitectura hostil en el diseño urbano

"La arquitectura hostil, también conocida como excluyente, utiliza elementos físicos con el objetivo de impedir ciertos usos o la permanencia de determinadas personas en el espacio público”, subrayó en su documento.

La legisladora priísta explica que el espacio público es un lugar de convivencia, interacción y expresión de la vida social, donde todas las personas deben tener las mismas oportunidades de acceso, uso y disfrute, independientemente de su condición económica o social.

Sin embargo, reconoce que el desarrollo urbano -influido por modelos de planeación orientados a la acumulación de capital- ha generado desigualdad, segregación y exclusión a través de la arquitectura hostil.

Ello, precisa, porque se recurre a un tipo de diseño urbano que usa elementos físicos para controlar, limitar o impedir que determinados grupos de personas usen los espacios públicos, como muros, fuentes y jardineras.

Larios Pérez sostiene en su texto que la arquitectura hostil no garantiza la seguridad ni la protección de la ciudadanía, sino que restringe el ejercicio de derechos y profundiza la segregación social.

Ante esa situación, añade que con las reformas a la Carta Magna capitalina se pretende impulsar una visión de ciudad basada en los derechos humanos, la diversidad, la igualdad y la protección de los sectores más vulnerables, bajo el principio de que los espacios públicos deben ser disfrutados por todas las personas.

Si el Pleno del Congreso capitalino aprueba las modificaciones a la Constitución Política de la Ciudad de México, quedaría prohibido el uso de la arquitectura hostil en todo espacio público, cuando atente contra los derechos humanos o el uso y disfrute de estos.

También contempla que quienes implementen este tipo de diseños estarán

obligados a realizar la compensación y reparación integral correspondiente, sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que establezcan las leyes.

La propuesta fue turnada por la Mesa Directiva a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de Desarrollo e Infraestructura Urbana, para su análisis y dictamen.