CNDH SOLICITA A AUTORIDADES FEDERALES Y DE CHIAPAS BRINDAR A PERSONAS MENORES DE EDAD Y SUS FAMILIAS

Nuevas medidas cautelares emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a diversas autoridades para que protejan los derechos de las personas menores de edad en contexto de movilidad que se encuentran detenidas en el "Recinto Ferial" de Tapachula, para que se les brinden opciones de alojamiento alternativo.

También solicitó al Instituto Nacional de Migración (INM) que investigue el caso de una persona que fue asegurada por personal de esa instancia en el municipio de Arriaga, Chiapas, que fue golpeada por un servidor público de dicha institución.

En el primer caso, durante las labores de seguimiento y acompañamiento de la “Caminata Migrante” realizadas por personal de la CNDH, se observó particularmente la situación de niñas, niños y adolescentes detenidos en las instalaciones del "Recinto Ferial" --el cual ha sido habilitado como lugar cerrado con seguridad estatal perimetral, a cargo del INM—, quienes están expuestos a situaciones que podrían provocarles problemas psicológicos y de desarrollo, relacionados con sus experiencias durante la detención.

Para la mayoría de estas personas menores de edad, dicha situación incluye la pérdida de la libertad ambulatoria, tanto de ellos como de sus familiares, y la separación forzada del mundo exterior, además de que en muchos casos ya cuentan con la constancia de trámite que los acredita como solicitantes de la condición de refugiado, lo que les permite mayor movilidad y alojarse en albergues de la sociedad civil.

Por tal motivo y al acreditarse los requisitos de riesgo, urgencia e irreparabilidad del daño que deben cubrir las medidas cautelares para que proceda su otorgamiento, la CNDH solicitó la implementación de las mismas al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Rafael Avante Juárez; a la subsecretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos de esa dependencia, Patricia Martínez Cranss; al comisionado del Instituto Nacional de Migración, Gerardo Elías García Benavente; al titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, Jesús Naime Libién; al procurador Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Luis Enrique Guerra García; a la encargada de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Yolotli Fuentes Sánchez, y a la Procuradora de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Estado de Chiapas, Claudia Guadalupe Castellanos Galdámez.

Tales medidas consisten en: Otorgar inmediatamente a la población menor de edad y a sus familiares que se encuentran en el "Recinto Ferial" de Tapachula, y que al mismo tiempo sean solicitantes de la condición de refugiado, una alternativa de alojamiento adecuado para proteger de manera integral sus derechos humanos.

Así como llevar a cabo de manera coordinada y en el ámbito de sus competencias, acciones conjuntas con organizaciones o instituciones como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), a fin de que se generen dichos espacios de alojamiento alternativo en albergues de la sociedad civil de Chiapas a donde puedan ser canalizadas.

Por otro lado, este Organismo Nacional también emitió medidas cautelares dirigidas al Instituto Nacional de Migración para que se investigue el aseguramiento de una persona en el municipio de Arriaga, Chiapas, por personal del INM, el 25 de octubre pasado, y quien fue golpeada por uno de ellos.

De acuerdo con información publicada en un sitio de internet, titulada "Graban a agentes del INM mientras perseguían a migrantes en Arriaga", en cuyo video se observa que aproximadamente 10 elementos del INM aseguran a una persona que vestía un pantalón corto de color negro, en las inmediaciones de la Casa del Migrante Hogar de la Misericordia, mientras uno de ellos lo golpea con una especie de palo blanco. Al respecto, ya se inició la investigación correspondiente.

Por tal motivo y sin prejuzgar las cuestiones de fondo ni la veracidad de los hechos, la CNDH solicitó se brinde protección, seguridad y atención médica a dicha persona, garantizando sus derechos humanos y que los servidores públicos del INM que participaron en dicho aseguramiento que aparecen en el mencionado video se abstengan de realizar funciones de verificación migratoria o de contacto con personas migrantes, en tanto se lleva a cabo la investigación y se deslindan las responsabilidades correspondientes.

Ambas solicitudes de medidas cautelares se encuentran fundamentadas en los artículos 3, 6, fracción II y 40 de la Ley de la CNDH, así como 116, 117 y 118 de su Reglamento Interno, y su objetivo es proteger a una persona en el goce de sus derechos humanos.

La CNDH reitera que la actividad de verificación migratoria se debe realizar dentro del marco legal y con pleno respeto a los derechos humanos y al trato igualitario que se debe otorgar a quienes se encuentran en contexto de movilidad, toda vez que son víctimas de una situación de vulnerabilidad múltiple.