Hay una agenda pendiente en la Defensoría Pública en CDMX, se requiere una reforma: Eréndira Cruzvillegas

30 / 10 / 2026

En la Ciudad de México de debe de reforzar aún más la defensoría pública de las necesidades de la gente. “Ahora el derecho es multicolor y más canijo. El derecho ya es tridimensional y se tiene que ver desde una mirada nueva y visibilizar que el servicio se ha triplicado en materia de defensoría pública”, señaló Eréndira Cruzvillegas Fuentes, consejera Jurídica y Servicios Legales de la capital, al comparecer en el Congreso de la Ciudad de México con motivo de la Glosa del Segundo Informe del Gobierno de la jefa de Gobierno.

Informó que, en el rubro de justicia, se cuenta con 642 defensores públicos que prestan asistencia social, y que entre octubre de 2025 y se brindaron más de 89 mil asesorías jurídicas en materia penal y se aceptaron más de 39 mil defensas, así como cerca de 30 mil asesorías en materia civil, familiar y de arrendamiento inmobiliario, por lo que hay una agenda pendiente para la defensoría y se requiere una reforma.

El derecho no sólo se estudia, es para prevenir, proteger y dar certidumbre, por ello desde la Consejería Jurídica se trabaja en equipo academia, instituciones privadas, poderes locales y con los legisladores locales y federales, afirmó Cruzvillegas Fuentes.

Aseguró esa instancia no sólo atiende acciones del ámbito jurídico y legal, en la cual se han tenido avances significativos, sino también acciones de civismo, convivencia y prevención.

La consejera Jurídica y Servicios Legales expuso que próximamente se llevarán jornadas de defensoría a las alcaldías, las cuales iniciarán en Miguel Hidalgo, como parte de una política de descentralizar la atención a la ciudadanía.

“Se tiene que reforzar aún más la defensoría pública por las necesidades de la gente (…). Es una tarea fundamental de la Consejería Jurídica que hacemos con una visión feminista, incluyente y diversa”, puntualizó.

Asimismo, se refirió al trabajo realizado conjuntamente con el Colegio de Notarios de la Ciudad de México para dar certeza jurídica al patrimonio de las familias y a la tenencia de la tierra.

María del Rosario Morales Ramos, presidenta de las Comisiones Unidas Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra; de Administración y Procuración de Justicia, y de Justicia Cívica y Defensoría Pública expuso que la coordinación institucional está encaminada al fortalecimiento del marco normativo y para que las acciones se traduzcan en beneficios reales para la población.

Al dar su posicionamiento los legisladores expresaron:  El diputado de Morena, Víctor Hugo Lobo Rodríguez afirmó que los resultados de la Consejería Jurídica se deben a la visión de que la justicia tiene que ser una realidad para todas las personas.

En ese contexto, destacó que la labor de la Defensoría Social Ponciano Arriaga contribuye a ello, al identificar las necesidades de los capitalinos y establecer rutas de atención, entre otros aspectos.

A su vez, Mario Enrique Sánchez Flores, legislador del GPPAN, reconoció el trabajo de esa la institución a favor de quienes no pueden pagar un abogado. Además, pidió mayor claridad sobre las responsabilidades de la defensoría pública y atender las preocupaciones de vecinos sobre la construcción de la Línea 5 del Cablebús.

La diputada del PVEM, Yolanda García Ortega, consideró fundamental consolidar una defensa institucional sólida y accesible, que permita proteger el patrimonio familiar y reducir las desigualdades sociales. También externó que el reforzamiento de la justicia cívica preventiva y de proximidad es clave para solucionar conflictos comunitarios y garantizar el pleno ejercicio de los derechos.

Por su parte, Jannete Guerrero Maya, legisladora del PT, expresó que el acceso a la justicia y el reconocimiento de los derechos humanos deben traducirse en beneficios concretos para la ciudadanía.

Asimismo, resaltó la importancia de garantizar la identidad jurídica, certeza patrimonial y la atención sin discriminación, ya que la justicia no debe ser un privilegio, sino un derecho de todas las personas.

Royfid Torres González, diputado de MC, llamó a reforzar la infraestructura y el presupuesto de la defensoría pública, descentralizar los programas de atención ciudadana y modernizar el Registro Público de la Propiedad, para prevenir el despojo y facilitar la regularización patrimonial.

También pidió información sobre los avances del Reglamento del Sistema de Cuidados y la reforma de justicia cívica.

Mientras la legisladora del PRD, Nora Arias Contreras, señaló que el acceso efectivo a la justicia es indispensable para combatir la desigualdad y cerrar la brecha entre tener un derecho reconocido y ejercerlo. 

Planteó fortalecer la defensoría pública, acercar la orientación jurídica a barrios, pueblos y colonias, y agilizar trámites que brinden certeza al patrimonio familiar.

De la Asociación Parlamentaria Progresista de la Transformación (APPT), el diputado Alejandro Carbajal González, se refirió a la necesidad de consolidar una justicia cívica cercana y preventiva que resuelva conflictos vecinales a tiempo.

Subrayó que fortalecer los servicios públicos y la defensa jurídica es clave para garantizar derechos y construir la paz en las comunidades.

La coordinadora de la Asociación Parlamentaria Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente (APMCFI), Diana Sánchez Barrios, reconoció los avances en materia de certeza patrimonial, identidad de género y atención ciudadana.

No obstante, insistió en fortalecer la defensoría pública; garantizar el acceso efectivo a la justicia, y mejorar la atención a mujeres y los sectores vulnerables.