Liz Salgado reconoce decisión del IECM de iniciar procedimiento especial sancionador contra López Casarín por promoción personalizada

30 / 10 / 2026

• La Comisión Permanente de Quejas advirtió una sobreexposición de la imagen del alcalde de Álvaro Obregón en la publicidad de su Segundo Informe de gobierno, por encima de la información sobre sus actividades

• También identificó elementos de una violación a las reglas de difusión de los informes de labores, por la colocación de propaganda fuera de la demarcación que gobierna

Por la publicidad difundida con motivo de su Segundo Informe de Gobierno, el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), determinó este jueves iniciar un procedimiento especial sancionador derivado de la queja 215/2026, presentada contra el alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín, por lo que Liz Salgado Miramontes, diputada del GPPAN en el Congreso capitalino, reconoció la decisión del Instituto de sancionar al alcalde morenista por violación a las reglas  de difusión de los informes de labores.

De acuerdo con lo expuesto por el consejero electoral, en la propaganda denunciada destacan cuatro elementos: la fotografía del alcalde, su apellido, el cargo que ocupa y un número 27 de grandes dimensiones, que podría asociarse con el año de la próxima jornada electoral. En contraste, la referencia al informe de labores ocupa un espacio considerablemente menor.

La Comisión consideró que estos elementos permiten advertir una sobreexposición de la persona del alcalde y justifican el inicio del procedimiento por promoción personalizada, así como por la probable vulneración de los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda electoral.

Asimismo, determinó iniciar el procedimiento por la probable violación a las reglas de difusión de los informes de labores, toda vez que se constató publicidad en una pantalla electrónica de la estación Tacubaya del Metro, ubicada en la Alcaldía Miguel Hidalgo, fuera del ámbito territorial de Álvaro Obregón.

“Un informe de gobierno es para rendir cuentas, no para promover la imagen personal de quien gobierna. La ciudadanía tiene derecho a conocer qué hizo su alcalde y qué resultados obtuvo, no a que se utilice esa obligación institucional para colocar su nombre y su fotografía por toda la ciudad”, señaló Salgado Viramontes.

Destacó que lo más relevante de la resolución es que la Comisión no sólo determinó iniciar el procedimiento sancionador, sino que también dictó medidas cautelares para retirar la propaganda identificada en 17 ubicaciones: 16 en Álvaro Obregón y una en Miguel Hidalgo.

Además, a propuesta de la consejera Sonia Pérez Pérez, aprobó una tutela preventiva para ordenar el retiro de cualquier otra propaganda que presente características similares a las denunciadas aun cuando no se encuentre entre las ubicaciones inicialmente identificadas.

“La autoridad electoral fue clara: no basta con retirar algunos anuncios. También deben retirarse aquellos que reproduzcan las mismas características de promoción personal. Es una decisión importante para evitar que estas prácticas continúen mientras se desarrolla el procedimiento”, afirmó.

Las medidas deberán cumplirse en un plazo de 24 horas a partir de su notificación al alcalde, y posteriormente personal de la Oficialía Electoral verificará que la propaganda haya sido retirada. Para el caso de la estación Tacubaya, también se vinculó al Sistema de Transporte Colectivo Metro a realizar las acciones necesarias.

Por otra parte, la Comisión reservó su pronunciamiento sobre el posible uso indebido de recursos públicos, debido a que aún se encuentra pendiente la obtención de información de las autoridades correspondientes.

La diputada precisó que el inicio del procedimiento no constituye una resolución definitiva sobre las infracciones denunciadas, cuya existencia o inexistencia las deberá determinar, en su momento, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México.

“Confiamos en que esta resolución siente un precedente importante para que el gobierno de Álvaro Obregón se conduzca, en lo sucesivo, con estricto apego a la legalidad. Las reglas electorales no son optativas y deben respetarse, especialmente por quienes tienen la responsabilidad de ejercer el poder público”, concluyó Liz Salgado.