LLEVAR A LA CONSTITUCIÓN PUNTOS DE UN ACUERDO URBANO POR LA CIUDAD DE MÉXICO

Al llamar a Miguel Ángel Mancera Espinosa, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, para establecer un acuerdo por la ciudad en materia urbana, Antonio Flores Martínez, dirigente nacional del Frente Popular Francisco Vila (FPFV) y presidente de la mesa 1 del Consejo para el Desarrollo Urbano Sustentable (CONDUSE), señala que es indispensable abrir la discusión sobre temas urbanos fundamentales como la propiedad del suelo urbano y el suelo rural, los usos a que se le va a destinar y la planificación, a manera de diseñar el presente y futuro de la ciudad.

Agrega que la Ciudad de México tiene frente así la gran oportunidad de impulsar un cambio institucional y normativo de gran alcance en desarrollo urbano y ordenamiento territorial, por lo que propone que principios clave se incorporen en la Constitución de la Ciudad de México, con la firme convicción de alcanzar una ciudad justa, inclusiva, próspera y sustentable.

El presidente consejero del CONDUSE precisa que coincide en que “la Constitución debe garantizar a todos sus habitantes el Derecho a la Ciudad, entendiendo por ello que sus residentes, sin excepción alguna, tienen plenos derechos para alcanzar una vida digna, segura y próspera.

Para lograrlo, los fundamentos básicos de la Carta Magna capitalina tienen que establecer el conjunto de derechos y obligaciones acerca de la función social de la ciudad, la gestión democrática del territorio, el manejo sustentable de los recursos naturales, patrimoniales y energéticos de la Ciudad.

Flores Martínez agrega que para hacer de la Ciudad un espacio urbano accesible y justo para todos sus habitantes, es primordial que se consideren mecanismos para acceder a una vivienda digna bien localizada y servida y, por ende, redunde en el mejoramiento de la calidad de vida de la gente.

Se necesita abordar con una visión social, dice, temas como el acceso al suelo urbano, definir claramente los instrumentos para establecer los medios para fomentar la producción social del hábitat, considerando el apoyo a agentes sociales sin fines de lucro para la construcción de la nueva vivienda popular.

Así como para una Ciudad inclusiva, el contar con los espacios públicos suficientes y de calidad, basados en criterios de accesibilidad universal para la atención de adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres y niños.

Preocupado por la atención, el rescate y la conservación de la cultura de los Pueblos y Barrios Originarios en la Constitución, se debe asegurar que sus costumbres y modos de vida sean preservados como referentes de identidad local, así como adecuar su normatividad a marcos internacionales que permitan garantizar su protección e inclusión social.

La planeación del desarrollo urbano y del ordenamiento territorial, un nuevo ámbito de competencias entre el gobierno central y las jefaturas delegacionales, las circunscripciones territoriales que sean definidas por la Constitución, la rectoría de la planeación urbana, la participación ciudadana en el desarrollo urbano y ordenamiento metropolitana y un nuevo marco normativo, acuerdos a largo plazo entre las distintas autoridades de la capital, el Gobierno Federal y los municipios conurbados.

Además de establecer mecanismos específicos de ordenamiento integral de los asentamientos humanos en los municipios metropolitanos, dijo, precisando también que con la participación de ciudadanos, asociaciones académicas e investigadores, realizan las acciones necesarias para la creación de un observatorio ciudadano metropolitano de la ciudad, para diagnosticar, analizar, dar seguimiento y evaluar los proyectos de infraestructura y equipamiento en la ciudad.