Reforma a la Ley de Hidrocarburos generarán desconfianza a inversionistas; hay al menos 50 amparos

06 / 05 / 2021

La Ley Hidrocarburos generarán desconfianza a los inversionistas debido a ciertas disposiciones de la reforma como: capacidad de almacenamiento de hidrocarburos; negativa ficta en los procedimientos de cesión de permisos; contrabando de hidrocarburos; suspensión de permisos; y revocación de permisos en caso de reincidencia de ciertas conductas, informa Claus von Wobeser, presidente de ICC México.

Expuso en conferencia virtual que del 4 de mayo de 2021 cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto en el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos ya hay 50 amparos por lo menos de empresas afectadas, pero seguramente habrá muchos más, indica.

Explica que si el Gobierno no es cauteloso en la aplicación de esta reforma pueden caer las inersiones extranjeras.

"Para generar inversiones se requiere certeza jurídica, que haya certeza clara en las reglas del juego y que eso no se cambie", menciona Claus Von Wobeser.

Expuso que las empresas extranjeras tienen la posibilidad de acudir a paneles internacionales dentro de los acuerdos comerciales de México, pero que esto llevará más tiempo, por lo que primero se debe resolver el tema de los amparos y la controversia constitucional promovida por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) que podría dejar sin efectos a la nueva ley.

Por su parte, Alberto Córdova, de la Comisión de Energía de la ICC México, expresa que el Decreto faculta a la Secretaria de Energía (Sener) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para condicionar y revocar permisos para operar hidrocarburos cuando los titulares de los mismos incumplan con la legislación.

International Chamber of Commerce México (ICC México) afirma que es necesario fortalecer el marco legal aplicable a las instituciones y autoridades responsables de la supervisión del cumplimiento en esta materia, así como la colaboración interinstitucional.

Además, sanear y fortalecer a las empresas productivas del Estado a través de la política energética es fundamental para el presente y futuro de la independencia energética del país, pero siempre tomando en cuenta la importancia y necesidad de la inversión privada y condiciones de competencia, así como otorgando a los particulares las garantías y seguridad óptimas para sus inversiones.

Detallan que todo fortalecimiento del marco legal aplicable debe realizarse en pleno respeto al Estado de Derecho, incluyendo las garantías constitucionales de certidumbre y seguridad jurídica, al principio de progresividad y al principio de no aplicación retroactiva de la ley.