Integrar comedores escolares a la Ley de Comedores Sociales en beneficio de niños en vulnerabilidad

19 / 05 / 2022

Incorporar los comedores escolares a la Ley de Comedores Sociales y el establecimiento de esquemas de previsión social para las personas beneficiadas, debido a que 377,229 niños que asisten a planteles públicos del Sistema Educativo Nacional de la Ciudad de México, son en los niveles de educación preescolar, primaria y educación especial y se encuentran en condiciones de vulnerabilidad y están ubicados en las zonas con mayores índices de marginación.

Por lo que la diputada del PRI en el Congreso capitalino, Silvia Sánchez Barrios, presentó ante el pleno la iniciativa con Proyecto de Decreto por la que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Comedores Sociales de la Ciudad de México.

La iniciativa, señala, busca la adecuación del marco normativo en la materia, en virtud de la actual naturaleza jurídica de las políticas públicas y acciones institucionales relacionadas al derecho a la alimentación en la Ciudad de México, mismas que se encuentran plasmadas en la Ley de Comedores Sociales de la Ciudad de México.

Asimismo, agrega, “se pretende favorecer los derechos de las personas beneficiarias encargadas de la operación de los comedores, proporcionándoles mayores herramientas y mejores condiciones laborales, para el mejoramiento de los servicios de alimentación de los que son responsables”.

Señala que no se debe perder de vista que se trata de un servicio público que se encuentra a cargo de particulares, sin embargo, la obligación de su funcionamiento es responsabilidad de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social del Gobierno de la Ciudad de México y, por lo tanto, considerar otorgar seguridad social.

La diputada priísta comenta que se pretende establecer acciones institucionales que no están reguladas por la Ley y que actualmente se encuentran en operación, con lo cual, se garantizará el derecho a la alimentación con la continuidad de estas políticas públicas, lo que se verá reflejado en la permanencia de estos programas, como lo ha sido diversas legislaciones que han tenido su origen en programas o acciones sociales, como lo es el Programa de Alimentos Escolares a cargo del Sistema DIF.

Además, considera que la progresividad en la consecución de los derechos y el establecimiento del marco normativo para evitar su retroceso, “debe ser continua en la Ciudad de México.

Elevando a rango de ley, aquellos programas sociales que han consolidado y acreditado su efectividad y cobertura de atención. Ya que, además, en el caso de la niñez, sin duda, el derecho humano a la alimentación, tiene una vinculación con el derecho a la salud y a la educación”, indica.

Reitera la legisladora la necesidad de integrar a los comedores escolares de manera expresa en la Ley de Comedores Sociales y otorgar la garantía a los niños que son usuarias y beneficiarias de que los recursos programados, ya que se transformaran en programas de carácter permanente para el beneficio de las generaciones presentes y futuras”.

Deja en claro que considerando que en los espacios en los que se encuentran establecidos los comedores, se debe garantizar la seguridad tanto de las personas responsables de la operación, como de los usuarios, “es urgente la capacitación en materia de seguridad e higiene, así como observar la necesidad de otorgar seguridad social a las personas encargadas de la atención a usuarios de los comedores, debe ser también una prioridad para el Gobierno de la Ciudad de México. Lo que se puede propiciar mediante la orientación al esquema de régimen voluntario de seguridad social”.

Es importante resaltar que actualmente, la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social del Gobierno de la Ciudad de México, reporta que la distribución por sexo de los beneficiarios en el tipo de comedor comunitario fue de la siguiente manera: 73.7% mujeres, 25.7% hombres, 0.5% LGBTQ+ y 0.1% no especificaron.

Evaluación Interna 2021 Programas Sociales- Comedores Sociales de la Ciudad de México 2020

En la Ciudad de México, como resultado de la estructuración jurídica y normativa de los derechos humanos y garantías de la población, en el mes de junio de 2017, se creó la Ley de Comedores Sociales de la Ciudad de México, con la consolidación de una legislación específica que agrupó una serie de acciones y programas sociales a cargo de autoridades capitalinas.

Dicha ley garantiza la exigibilidad del derecho a la alimentación, ya que establece en su artículo 2º que toda persona que habite, resida o transite en la Ciudad de México, tiene derecho a ser beneficiario de los comedores sociales, sin importar su condición social, etnia, género, preferencia sexual, edad, domicilio o cualquier otro que limite su derecho humano a la alimentación, con un programa especial para la infancia.

Asimismo, la operación de los Comedores Sociales de la Ciudad de México no será regulada por la normatividad aplicable al funcionamiento de los establecimientos mercantiles, así como tampoco a su verificación, en virtud de que la finalidad de su operación no es la obtención de un lucro, sino el ejercicio y goce de un Derecho Humano y la promoción de acciones sociales implementadas por el Gobierno de la Ciudad de México.

Cabe destacar que en el 2020 el programa determinó las siguientes metas físicas: Operar hasta 600 comedores sociales en las modalidades de comedores comunitarios y públicos; Ofrecer hasta 14,500,000 raciones alimenticias con una cuota de recuperación de $11.00 (once pesos 00/100 M.N), a la población que asista a los comedores comunitarios.

Además, otorgar hasta 2,300,000 raciones alimenticias gratuitas a la población que asista a los comedores públicos en sus diferentes modalidades (incluye preparación de cenas calientes en situaciones de emergencia derivadas de fenómenos naturales principalmente hidrometeorológicos, tales como: temporadas invernales, frentes fríos, frio extremo, así́ como emergencias sociales).

En 2020 el padrón de beneficiarios del tipo de comedor comunitario registró que 1,016 personas recibieron la transferencia material y/o la dispersión de apoyo económico que se utiliza para elaborar las comidas que se ofrecen a una cuota de $11 pesos por ración.