Congreso CDMX y Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno capitalino analizan la Ley de Cultura Cívica

05 / 11 / 2026

Con la finalidad de analizar la iniciativa de reformas a la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México enviada recientemente al Congreso capitalino por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, se llevó a cabo una Mesa de Trabajo entre la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de este órgano legislativo y la Consejería Jurídica y de Servicios Legales.

El encuentro se efectuó este jueves en el Recinto Legislativo de Donceles y fue encabezado por la diputada Xóchitl Bravo Espinosa, presidenta de la Jucopo, y la consejera Jurídica, Eréndira Cruzvillegas Fuentes, así como el diputado Mario Enrique Sánchez Flores, presidente de la Comisión de Justicia Cívica y Defensoría Pública.

Bravo Espinosa expresó que es de vital importancia que todos los legisladores conozcan la propuesta de modificación a dicho ordenamiento, y que sea en un espacio de intercambio de opiniones con la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno capitalino.

“En la Junta de Coordinación, con los coordinadores de los distintos grupos parlamentarios, iniciamos ya un proceso de revisión de las iniciativas presentadas en este Congreso, que se van a acumular al dictamen de esta ley que ha enviado la jefa de Gobierno”, informó.

Al respecto, dio a conocer que se trata de 28 iniciativas de modificación a la Ley de Cultura Cívica local que han sido registradas por distintas fuerzas políticas, y que ya fue instalada una mesa de trabajo en la Comisión de Justicia Cívica y Defensoría Pública para su análisis.

La también coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena señaló que el objetivo de esta reunión entre la Jucopo y la servidora pública es que precise en qué consisten las reformas, a fin de avanzar en la revisión del documento enviado por la Mandataria capitalina y las otras iniciativas.

Por su parte, la Consejera Jurídica expresó que la propuesta representa una revolución y nueva visión sobre cómo debe impartirse la justicia cívica, ya que tiene que ver con la vida cotidiana.

“Permite prevenir las causas o los conflictos, y justo esta iniciativa se plantea desde una primera premisa que tiene que ver con que el Estado debe limitarse a intervenir cuando un conflicto ya ocurrió o también tiene la responsabilidad de generar condiciones para evitar que se convierta en experiencia de mayor violencia”.

Asimismo, comentó que esta reforma representó un año y ocho meses de discusión, en la que la percepción de la inseguridad, del alumbrado público y otras problemáticas en la capital del país constituyeron la base. “¿Cómo la cultura cívica justamente puede permitir o favorecer que eso se prevenga? Y desde ahí empezamos a discutir.

Entonces, no sólo tenemos que colocarnos que la justicia debe de medirse nada más por su capacidad de sanción, sino también para su capacidad de resolver, preparar y prevenir”, puntualizó.

Cruzvillegas Fuentes subrayó que la trascendencia de esta reforma, que contempla ocho ejes de trabajo, es el modelo de justicia cívica que contribuirá a construir una nueva forma de convivencia en la capital del país.

En ese marco, los diputados Víctor Hugo Lobo Rodríguez, de Morena; Mario Enrique Sánchez Flores, del PAN; Javier Ramos Franco y Manuel Talayero Pariente, ambos del PVEM; Jannete Guerrero Maya, del PT; Royfid Torres González, de MC, y Alejandro Carbajal González, de la APPT, externaron sus inquietudes y propuestas sobre la reforma.

Lobo Rodríguez manifestó la relevancia y responsabilidad que tienen las alcaldías en dotar apoyo a los juzgados en materia de servicios públicos, mientras que Sánchez Flores advirtió que la reforma presenta vacíos para sancionar el robo de autopartes, entre otras conductas, por lo que es necesario establecer reglas claras sobre la reparación del daño y las sanciones.

A su vez, Ramos Franco afirmó que la justicia ahora dejará de ser de escritorio y saldrá a las calles a favor de la población.

En su turno, Jannete Guerrero consideró que se debe dar el mensaje a la ciudadanía que una justicia restaurativa no es una justicia permisiva, ya que se está apostando a la prevención.

Royfid Torres coincidió en la necesidad de fortalecer mecanismos de justicia alternativa y diferenciar la justicia cívica de la penal, para que la ciudadanía sepa su aplicación correcta, y Alejandro Carbajal sostuvo que la reforma debe procurar la dignidad de las personas, por lo cual es fundamental precisar la justicia cívica.

En la mesa de trabajo participó Alejandra Negrete, directora de Justicia Cívica de la Consejería Jurídica, quien respondió las dudas de los legisladores.