El Congreso capitalino ratificó a cuatro magistrados del TSJ CDMX

27 / 02 / 2020

• El pleno aprobó la ratificación como magistradas de Rosalba Guerrero y Josefina Rosey González, y como magistrados a Jorge Guerrero Meléndez y Juan Arturo Saavedra Cortés

• No se aprobaron las ratificaciones de Manuel Horacio Cavazos, Héctor Jiménez, Patricia Gudiño y Rosa Laura Sánchez

El Congreso local ratificó los nombramientos de dos magistradas y dos magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y les tomó la protesta de ley, en tanto no se aprobaron cuatro magistrados: Héctor Jiménez López, ligado al caso de Abril Pérez Sagón; Manuel Horacio Cavazos López, señalado por los presuntos abusos sexuales de sus hijas; y la magistrada Rosa Laura Sánchez Flores, titular de una sala que permitió la liberación de los presuntos feminicidas de una joven y Patricia Gudiño Rodríguez por discriminación de género.

Eduardo Santillán Pérez, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, presentó cada uno de los ocho dictámenes de las personas propuestas por el Consejo de la Judicatura (CJ) para ser o no ser ratificadas, y destacó que este fue “un proceso sin precedente, donde se garantizó en todo momento la transparencia y la publicidad del proceso”.

En el caso del magistrado Manuel Horacio Cavazos López, destacó que en la Comisión se recibieron 181 opiniones, 157 a favor y 24 en contra. Explicó que fue propuesto para ratificación por el CJ y que se le dio la oportunidad de explicar las consideraciones del caso judicial en su contra -por el presunto abuso sexual de sus hijas-.

Reitera que el Congreso local no tiene la atribución de determinar su responsabilidad penal y que serán las instancias correspondientes las que definan su culpabilidad o inocencia; sin embargo, se consideró que su honorabilidad y buena fama han sido afectadas, por lo que aunque cumple los requisitos legales, no es idóneo para desempeñar el cargo, por lo que se acordó su no ratificación. Este dictamen fue aprobado por unanimidad en el pleno del Congreso, con 53 votos a favor.

Posteriormente, el legislador expuso el dictamen del magistrado Héctor Jiménez López, de quien se recibió la propuesta de no ratificación por parte del CJ -por irregularidades en su desempeño en el llamado caso Abril-. La Comisión decidió continuar el proceso de evaluación y se le invitó a participar, a lo que él declinó, por lo que al no contarse con elementos suficientes para su valoración, se consideró que a pesar de cumplir con los requisitos legales, no resulta idóneo para desempeñar el cargo y se propuso su no ratificación. El dictamen se aprobó con 55 votos a favor.

En los casos de Jorge Guerrero Meléndez (con 51 votos a favor), Rosalba Guerrero Rodríguez (con 51 votos a favor), Josefina Rosey González (con 45 votos a favor, uno en contra y una abstención), Juan Arturo Saavedra Cortés (46 votos a favor y uno en contra), se consideró que cuentan con el perfil, capacidad y experiencia necesarias, además de cumplir con los requisitos legales y resultar idóneos para ocupar sus cargos por lo que se ratificó su nombramiento.

Durante la presentación del dictamen para ratificación o no de la magistrada Patricia Gudiño Rodríguez, la diputada Paula Soto Maldonado (Morena) presentó un voto particular, por no estar de acuerdo con la postura en el tema de alienación parental que expuso en su ensayo, al considerar que favorece la discriminación de género y “afecta desproporcionalmente a las mujeres” y se manifestó en contra de su ratificación. Después de la votación, el pleno determinó devolver este dictamen a la Comisión dictaminadora.

Finalmente, el diputado Santillán presentó el dictamen correspondiente a la magistrada Rosa Laura Sánchez Flores. Indicó que aunque originalmente la presidencia de la Comisión consideró que cumplía con los requisitos legales y la consideraba idónea para el desempeño del encargo, la mayoría de los integrantes de la Comisión estimaron que no era procedente su ratificación “al tener sus reservas en cuanto a la actuación de la magistrada Sánchez Flores, en particular con algunas de sus resoluciones”.

El diputado Jorge Gaviño Ambriz, del PRD, solicitó que se regresara a comisiones, por no cumplirse los tiempos para su revisión y haber sido rechazado por mayoría en Comisión.

Al razonar su voto, la diputada Paula Soto expuso que en su ensayo la magistrada Sánchez Flores justifica la comisión de delitos en los adolescentes, por su inmadurez psicológica que “les impide controlar sus impulsos”, y la descomposición social que origina la falta de una familia tradicional o el pertenecer a una clase baja, lo que aseguró “criminaliza la pobreza”.

Asimismo, se manifestó en contra de su actuación en el caso de una adolescente de 16 años que fue secuestrada, violada y asesinada por dos menores, que recibieron una pena de cinco años de prisión, y en la Sala de esta magistrada se les redujo la sanción.

Después de la votación, el pleno decidió regresar el dictamen a la Comisión dictaminadora, para la elaboración de un nuevo dictamen.