Aprueba Comisión de Educación en la Cámara de Diputados dictámenes que expiden tres leyes secundaria

18 / 09 / 2019

• Las fracciones del PAN, MC y PRD votaron en contra de los tres dictámenes y acusaron “madruguete” a Morena e impugnarán; el PRI señala que darán la batalla en tribunales

La Comisión de Educación en la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la noche de este miércoles, los dictámenes que expiden tres de las cinco leyes secundarias de la reforma educativa, publicada el pasado 15 de mayo en el Diario Oficial de la Federación.

Los integrantes de la Comisión, que preside la diputada Adela Piña Bernal (Morena), aprobaron tres dictámenes, en votaciones por separado; se turnaron a la Mesa Directiva para su discusión ante el Pleno.

El dictamen que expide la Ley General de Educación y abroga la Ley General de la Infraestructura Física Educativa obtuvo 21 votos a favor, siete en contra y cero abstenciones.

El que expide la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros fue aprobado con 22 votos en pro, siete en contra y cero abstenciones.

El dictamen que expide la Ley Reglamentaria del Artículo 3o. de la Constitución Política en materia de Mejora Continua de la Educación obtuvo 22 votos a favor, siete en contra y cero abstenciones.

Expedir Ley General de Educación y abrogar la Ley General de la Infraestructura Física Educativa

El dictamen para expedir la Ley General de Educación y abrogar la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, señala que la nueva norma garantiza el derecho a la educación, reconocido en el artículo 3o. de la Constitución Política y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, cuyo ejercicio es necesario para alcanzar el bienestar de todas las personas.

Su objetivo, indica, es regular la educación que imparta el Estado –Federación, estados, Ciudad de México y municipios-, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios; asimismo se considera un servicio público y estará sujeta a la rectoría del Estado.

Se precisa que el Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el ejercicio de su derecho a la educación. Para tal efecto, garantizará el desarrollo de programas y políticas públicas que hagan efectivo ese principio constitucional.

El Estado, señala, fomentará la participación activa de los educandos, madres y padres de familia o tutores, maestras y maestros, así como de los distintos actores involucrados en el proceso educativo y, en general, de todo el Sistema Educativo Nacional, para asegurar que éste extienda sus beneficios a todos los sectores sociales y regiones del país, a fin de contribuir al desarrollo económico, social y cultural de sus habitantes.

Menciona que todas las personas habitantes del país deben cursar la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior. Es obligación de las mexicanas y los mexicanos hacer que sus hijas, hijos o pupilos menores de dieciocho años asistan a las escuelas, para recibir educación obligatoria, en los términos que establezca la ley, así como participar en su proceso educativo, al revisar su progreso y desempeño, velando siempre por su bienestar y desarrollo.

Subraya que la educación inicial es un derecho de la niñez; es responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia y garantizarla conforme a lo dispuesto en la presente ley.

Aclara que la obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado en los términos dispuestos por la fracción X del Artículo Tercero constitucional y las leyes en la materia.

La ley consta de 181 artículos y sus diferentes capítulos abarcan temas como el derecho a la educación, equidad y la excelencia educativa, la función de la nueva escuela mexicana, los fines y criterios de la educación; orientación integral, los planes y programas de estudio; la naturaleza del Sistema Educativo Nacional, el tipo de educación básica, media superior y superior; el fomento de la investigación, la ciencia, las humanidades, la tecnología y la innovación; de la educación indígena, humanista, inclusiva y para personas adultas.

Asimismo, el educando como prioridad en el Sistema Educativo Nacional; las Tecnologías de la Información, Comunicación, Conocimiento y Aprendizaje Digital; el calendario escolar; la revalorización de las maestras y los maestros; el magisterio como agente fundamental en el proceso educativo; el fortalecimiento de la formación docente; los planteles educativos; la mejora continua de la educación; el federalismo educativo; el financiamiento a la educación; la participación de madres y padres de familia o tutores; la validez de estudios y certificación de conocimientos; la educación impartida por particulares, entre otros temas.

Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros

El dictamen que expide la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, establece los procesos de selección para la admisión, promoción y reconocimiento del personal que ejerza la función docente, directiva o de supervisión y revaloriza a estos como profesionales de la educación, con pleno respeto a sus derechos.

La iniciativa, presentada por coordinadores de los grupos parlamentarios de Morena, PES y PVEM, señala que el Estado ejercerá la rectoría de la educación y se priorizará el interés superior de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de recibir una educación conforme con los principios, fines y criterios establecidos en el Artículo Tercero de la Constitución Política.

El documento detalla que el Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros tendrá como propósito contribuir a la excelencia de la educación en un marco de inclusión y de equidad, bajo los principios, fines y criterios previstos en la Ley General de Educación.

Se plantea crear un Sistema Abierto y Transparente de Plazas manejado por la Federación, en el cual se registrarán las vacantes por parte de los directores de las escuelas, de los superiores jerárquicos en el plantel educativo y de las autoridades de las entidades federativas.

El texto dispone que la participación de las autoridades educativas de las entidades federativas y de las representaciones sindicales se dará en un proceso público tripartita en el que se den a conocer los resultados de la ponderación del proceso de promoción.

Con objeto de fortalecer a las escuelas normales públicas, a la Universidad Pedagógica Nacional y a los Centros de Actualización del Magisterio, de acuerdo con las necesidades del servicio educativo, el ingreso a estas instituciones corresponderá a la demanda prevista en el proceso de planeación educativa de la autoridad competente.

Para tal efecto, la SEP constituirá un modelo para los procesos de admisión a dichas instituciones públicas. Una vez definida la demanda futura por región.

La admisión al servicio de educación básica que imparta el Estado se realizará por medio procesos anuales de selección, a los que concurran los aspirantes en igualdad de condiciones, los cuales serán públicos, transparentes, equitativos e imparciales.

En este mecanismo se apreciarán los conocimientos, aptitudes y experiencia necesarios para el aprendizaje y el desarrollo integral de los educandos y asegurar la contratación del personal que cumpla con el perfil profesional.

La admisión al servicio público educativo estará sujeta a la disponibilidad de plazas vacantes definitivas, temporales y de nueva creación, así como a las estructuras ocupacionales autorizadas; es decir, el número de las vacantes se definirá de conformidad con las necesidades del servicio público educativo y la disponibilidad presupuestal, con base en la planeación que realice el Sistema Educativo Nacional.

Con el propósito de atraer al personal docente que ingrese al servicio de educación básica o docente en servicio y propiciar su arraigo escolar en zonas de alta pobreza o de marginación, alejadas de las áreas urbanas, se establecerán incentivos económicos superiores en los niveles de la promoción.

Ley Reglamentaria sobre Mejora Continua de la Educación

También se aprobó el dictamen que expide la Ley Reglamentaria del Artículo Tercero de la Constitución Política, en materia de Mejora Continua de la Educación, cuyo objetivo es regular el Sistema Nacional en esta materia, y el organismo que lo coordinará, al que se denominará Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación y el Sistema Integral de Formación, Actualización y Capacitación, que será retroalimentado por evaluaciones diagnósticas.

El Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación será un conjunto de actores, instituciones y procesos estructurados y coordinados. Su objetivo es garantizar la excelencia y la equidad de los servicios educativos prestados por el Estado y los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, para contribuir al desarrollo integral del educando.

Sus principios serán: aprendizaje de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes; mejora continua de la educación que implica el desarrollo y fortalecimiento permanente del sistema para el incremento del logro académico de los educandos; reconocimiento de las maestras y los maestros como agentes fundamentales del proceso educativo y de la transformación social; búsqueda de la excelencia en la educación; integralidad del Sistema Educativo Nacional; cobertura universal en todos los tipos y niveles educativos, y participación social y comunitaria.

El Sistema contará con un Comité consultivo y deliberativo de las acciones del Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, el cual acordará los lineamientos que regirán su funcionamiento, así como las actividades de colaboración encaminadas a lograr los principios del Sistema.

El documento resalta que el personal que ejerza las funciones de docentes, directiva o de supervisión tendrá derecho a acceder a un sistema integral de formación, capacitación y actualización.

El Estado garantizará lo necesario para que dicho personal en la Federación, entidades federativas y municipios, tenga opciones de formación, capacitación y actualización, cuyos contenidos serán elaborados con perspectiva de género, enfoque de derechos humanos, además de tomar en cuenta los contextos locales y regionales de la prestación de los servicios educativos, así como las condiciones de vulnerabilidad social.

Menciona que la oferta de formación, capacitación y actualización deberá centrarse en la mejora continua de las maestras y los maestros; vigorizar el desempeño académico de los educandos, a partir de una oferta amplia de métodos pedagógicos; favorecer la equidad; propiciar la excelencia de la educación que imparta el Estado; ser gratuita, diversa y de excelencia; incorporar la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos, así como aprovechar y promover el uso de las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital.

Los recursos materiales y financieros del extinto Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación pasarán a formar parte de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación.

La presidenta de la Comisión de Educación, diputada Adela Piña Bernal, menciona que hoy se tiene una responsabilidad histórica ante el pueblo de México y por ello se da la cara, a pesar de todas las dificultades.

Destaca que en este proceso de análisis se logró un gran acuerdo de educación, a favor de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

Agrega que se ha tratado de conjuntar tres grandes leyes porque representan el proyecto alternativo de educación. Éstas establecen la enseñanza como un derecho para colocar en el centro del aprendizaje a las niñas, niños y jóvenes, así como la rectoría del Estado y crear las bases para la nueva escuela mexicana con una enseñanza obligatoria, pública, universal, inclusiva y laica desde la inicial a la superior.

Además, respeto a la dignidad de las personas, enseñar a partir de valores y diversidad con pensamiento crítico con planes y programas de estudio contextualizados y regionalizados, tomando en cuenta las necesidades que existen en el país educación indígena y revalorar al magisterio para colocarlo en el lugar que se merece; y erradicar a la educación como una mercancía.

Las fracciones del PAN, MC y PRD votaron en contra de los tres dictámenes y acusaron “madruguete” de la fracción mayoritaria de Morena.

Mencionan que se trata de un documento corporativo y anticonstitucional por lo que impugnarán, y coincide el Grupo Parlamentario del PRI de que darán la batalla en los tribunales.