Vulnerarán Poder Legislativo por ahorros arbitrarios y subejercicios concedidos al Ejecutivo en Ley

04 / 07 / 2019

Las facultades del Poder Legislativo y su representación del pueblo se verán vulneradas con los ahorros arbitrarios y subejercicios concedidos al Ejecutivo Federal en el Ley Federal de Austeridad Republicana, señala Mónica Almeida López del PRD.

Dicha ley, aprobada por el Senado de la República el pasado martes, en su artículo 61 establece que el titular del Ejecutivo “podrá destinar los recursos de subejercicios, por muy grandes que sean, a donde él unilateralmente determine”, puntualiza.

Considera que la actual administración genera intencionalmente subejercicios, “donde la ambigüedad legal le permite reasignar los recursos, supuestamente, a programas sociales e inversión de infraestructura, si éstos no son subsanados en 90 días”.

“Están dando al Presidente la discrecionalidad para recortar los recursos a diversos sectores y para aplicarlos en los proyectos y programas de su mayor interés, mermando así lo dispuesto y aprobado por el Poder Legislativo”, denuncia en un comunicado.

Almeida López recuerda que la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el dictamen para desaparecer las denominadas “partidas secretas” del Poder Ejecutivo, con lo cual se impide que el presidente solicite dinero sin rendir cuentas de su destino.

Asevera que aún prevalecen espacios presupuestales que mantienen su discrecionalidad para manipular los recursos públicos.

Por ejemplo, dice, en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) se mantienen varias partidas que pueden ser fácilmente manipuladas, entre las que destacan el Ramo 23, sobre provisiones salariales y económicas; el 24, de deuda pública; y el 25, de previsiones y aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos.

Agrega que “actualmente ya existen resquicios legales que permiten al Ejecutivo federal contar con gastos discrecionales, como es el caso de los subejercicios que en este momento es cercano a los 100 mil millones de pesos”.

“El Gobierno debe cumplir con su papel de sujeto obligado por los instrumentos jurídico aplicables, ejercer de manera eficiente y con resultados el gasto público, no modificar la ley para gastar a manos llenas sin control y sin obligación de dar resultados. En cambio, se debe lograr que el gasto tenga un enfoque de Derechos Humanos”, finaliza.