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COPARMEX CDMX pide al Congreso local que la nueva Ley de Participación Ciudadana se asuma con respon

10 abr 2019
3 min de lectura

  • Los comités ciudadanos son muy manoseados por los sectores políticos: Jesús Padilla


El Congreso de la Ciudad de México debe asumir su responsabilidad y se desenvuelva con eficacia, transparencia y capacidad de diálogo con todos los sectores para crear el andamiaje institucional todos los capitalino, señala Jesús Padilla Zenteno, presidente de la COPARMEX Ciudad de México. Esto con la “apresurada” decisión de crear una nueva Ley de Participación Ciudadana y con ello, posponer con un plazo que vence en diciembre, la elección de los Comités Ciudadanos y los Consejos de los Pueblos, así como la consulta sobre el Presupuesto Participativo. En conferencia de prensa el líder de la COPARMEX menciona que el plazo para elaborar la nueva Ley de Participación Ciudadana, que vence en diciembre, pone en riesgo la consulta en materia de Presupuesto Participativo, el cual se estima en 1,284 mdp, mismos que deben destinarse a los proyectos vecinales de los más de 1,815 Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos; “no a otros asuntos ajenos a la voluntad de los vecinos en sus distintas comunidades”. Por lo cual realizó un llamado a que se realice en tiempo y forma la elección de los nuevos comités y la Consulta del Presupuesto Participativo; así como se trace un calendario con una ruta crítica transparente que le dé certeza a toda la ciudadanía de cómo, cuándo y para qué se realizará una nueva Ley de Participación Ciudadana. Además, que se generen mecanismos claros de difusión del proceso legislativo, con parlamento abierto, donde todos los involucrados de manera clara y directa puedan dar sus puntos de vista, sobre todo, los ciudadanos, así como los mecanismos para incrementar la concurrencia a la elección de los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos y la Consulta del Presupuesto Participativo e inhiba mecanismos de cooptación. Padilla Zenteno solicita que en la ley exista transparencia y máxima publicidad en todos los procesos de asignación de recursos y haya sanciones para quienes violenten su correcto uso.

Subraya que se “inscriban en la ley que ningún miembro de los Comités trabaje en las alcaldías, como sucedió con los órganos administrativos anteriores que fungían como Delegaciones”. Urge al Congreso de la Ciudad de México actuar responsablemente y no posponer las decisiones legislativas en temas trascendentes para el mejor funcionamiento de los órganos de gobierno de esta capital, como es el caso de la construcción de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, y la Sala Constitucional, que será la encargada de revisar la constitucionalidad de los actos de gobierno de los poderes de esta ciudad, así como los nombramientos del Tribunal de Justicia Administrativa. Al ser cuestionado sobre la división de las alcaldías de Iztapalapa, Álvaro Obregón y Gustavo A. Madero, el presidente de la COPARMEX CDMX expresa que “debemos remitirnos al Constituyente que tiene un propósito muy claro en la iniciativa, porque estas alcaldías por su tamaño pueden tener una distancia inadecuada con la ciudadanía y con la propia calidad de los servicios públicos”. Se puede discutir, dice, pero el tema se debe atender, porque bien vale la pena la cercanía a la ciudadanía. Añade, es una propuesta que se debe avanzar y se justifica el beneficio respecto al costo en la posibilidad de ampliar la burocracia. En cuanto a la tenencia vehicular de que se vuelva a cobrar el impuesto, Padilla Zenteno refiere que desde el sindicato empresarial piensan que sería una buena posibilidad que la Ciudad pudiera contar con ese recurso, con la variante de que fuera etiquetado para invertirse en asuntos de movilidad que tanto se necesita resolver en la capital del país, por lo que dijo también, se podría comenzar por etiquetar el refrendo vehicular.


COPARMEX apuesta para que la confianza aumente hay un problema de desaceleración que afecta al empleo, por lo tanto "tenemos un problema de inversión y esto afecta el desarrollo del país", disminuye la inversion en programas sociales en la función pública.



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