El Congreso de la CDMX aprueba el proceso para nombrar a los magistrados anticorrupción de la ciuda

El pleno avala por unanimidad las modificaciones a la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa

Tendrán la tarea de combatir la corrupción y sancionar a los servidores públicos que incurran en violaciones a la ley Por unanimidad el Congreso de la Ciudad de México modificó la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, para dar paso al nombramiento de los magistrados anticorrupción que integrarán la sala Especializada. Esta Sala Especializada y los magistrados que la compondrán tendrán la tarea fundamental de combatir la corrupción en la que pudiesen incurrir los servidores públicos y sancionar a los responsables. De acuerdo con el dictamen, la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa funcionará en Pleno General, en Pleno Jurisdiccional y en una Sección Especializada. El Pleno General se integra por todas las y los magistrados de la Sala Superior. En el articulado transitorio del mismo dictamen se establece que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México deberá remitir al Congreso local las propuestas de nombramientos de las y los magistrados de Sección Especializada de la Sala Superior y las o los magistrados integrantes de la Sala Ordinaria Especializada en Responsabilidades Administrativas. Carlos Castillo Pérez, a nombre de las comisiones unidas de Transparencia y Combate a la Corrupción y de Administración y Procuración de Justicia, señala que las propuestas que envíe la titular de la Jefatura de Gobierno deberán ser ratificadas por las dos terceras partes del pleno del Congreso. “Con estas adecuaciones, el Congreso está a la altura de la ciudad que queremos, porque le estamos dando a los ciudadanos instituciones fortalecidas en el combate a la corrupción”, resalta. Entre las modificaciones a la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, los legisladores aprobaron un cambio propuesto por el diputado Jorge Gaviño Ambriz, coordinador del Grupo Parlamentario del PRD.

La propuesta modifica el artículo 29 para establecer que la designación de los secretarios de Acuerdos se realizará con la opinión de la Junta de Gobierno y Administración, atendiendo el principio de la carrera jurisdiccional. El diputado Eduardo Santillán Pérez, de Morena, asegura que la reforma a la citada ley tiene el propósito de permitir la incorporación de profesionistas de calta calidad, con suficiente experiencia. “Se debe garantizar que se trata de profesionales en la materia, que tengan el perfil adecuado y suficiente para desempeñar el cargo”, añade el diputado. Diego Garrido López, diputado de la fracción parlamentaria del PAN, indica que gracias al debate parlamentario se logró el consenso de que el Congreso de la Ciudad de México intervenga en el nombramiento, mediante la ratificación, del contralor del Tribunal.