Denuncia el PRI al gobernador Javier Corral y servidores públicos de Chihuahua ante la FEPADE por de

Por la probable comisión de delitos electorales, el Partido Revolucionario Institucional presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) en contra del gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado y otros servidores públicos de esa entidad.

Afirma el partido tricolor que el uso ilícito de recursos públicos constituye la comisión de delitos electorales, como la realización de actos tendientes a incidir en el proceso electoral federal, al desplegar una campaña de desprestigio contra el PRI y para beneficiar al PAN.

La denuncia fue presentada en la FEPADE este jueves por la representante del PRI ante el Instituto Nacional Electoral (INE), Claudia Pastor Badilla, así como el secretario de Operación Política del CEN del PRI, Héctor Gómez Barraza; el secretario Técnico del Consejo Político Nacional, senador Ernesto Gándara Camou; y el presidente del Instituto de Formación Política “Jesús Reyes Heroles”, Paul Ospital.

Pastor Badilla solicitó al nuevo titular de la FEPADE, Héctor Marcos Díaz-Santana Castaño, refrendar su compromiso de actuar con imparcialidad y llegar hasta las últimas consecuencias, aplicando las sanciones correspondientes.

“Ciertamente, el gobernador del estado de Chihuahua se encuentra realizando actos de índole partidista con recursos públicos, con la clara finalidad de influir en las preferencias electorales.

“Como es del conocimiento generalizado, Javier Corral ha desplegado una intensa campaña en medios de comunicación, con el objeto de desprestigiar al PRI”, puntualiza.

La representante del PRI ante el INE señaló que la Ley General en Materia de Delitos Electorales sanciona a los servidores públicos que destinen, utilicen o permitan la utilización de fondos, bienes o servicios que tengan a su disposición, en apoyo o perjuicio de un precandidato, partido político, coalición, agrupación política o candidato.

Por último, expresa que la sanción correspondiente marcada en la ley consiste en la inhabilitación para ocupar cargos y la destitución, sin perjuicio de las penas que puedan corresponder por el delito de peculado.