SE PRONUNCIA EL II PARLAMENTO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN CONTRA DE LA PRIVATIZACIÓN DE

El agua para el pueblo Yaqui es un precursor de vida, es uno de los cuatro elementos, el agua no es una mercancía afirma Guadalupe Flores Maldonado, miembro de la guardia tradicional del pueblo Yaqui de Loma de Bácum, quien denuncia la pretensión del gobierno federal de realizar la construcción del gasoducto Guaymas-El Oro que afectaría a sus comunidades así como a los manantiales que surten de agua a la nación Yaqui.

En el marco del II Parlamento Metropolitano del Valle de México, “Espacio ciudadano de reflexión y propuesta para mejorar nuestro espacio urbano”, organizado por la secretaria de Derechos Metropolitanos, Susana Alanís Moreno, y la Fundación Tiempo para Vivir A.C, cuya presidenta es Alicia García Cortés, el integrante de la guardia tradicional del pueblo Yaqui en su ponencia, afirma que el gobierno federal pretendía realizar el segmento Guaymas-El Oro que contemplaba una longitud de más de 90 kilómetros sobre el territorio de la tribu y ocuparía una franja 12 metros de terreno sobre los que la empresa tendría el control durante 30 años.

Los representantes del Pueblo Yaqui, quienes en su ponencia “Ciudad Sustentable, Agua Suficiente y de Calidad”, narra el procedimiento que su pueblo llevó para evitar la obra ya que pone en riesgo la integridad de los habitantes de los diferentes pueblos indígenas, además de que los dejaría sin el vital líquido.

Por lo que efectuaron una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la violación a los derechos sobre sus territorios cuando ingresaron elementos del Ejército Mexicano en el enfrentamiento que se dio entre yaquis en octubre de 2016, que dejó un muerto y más de 30 heridos.

La suspensión no se limitó a alguna parte específica del territorio yaqui y más bien incluyó a las ocho comunidades; de ahí que fuera otorgada para suspender la ejecución de obras, a pesar de que éstas se encontraban avanzadas en 40%.

Por su parte, Esquivel Cruz González, activista de la lucha contra los excesos de la empresa Aguakán, “es la empresa privada en los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres y Solidaridad”, donde dota los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, anuncia que ante las altas tarifas que se cobran en Quintana Roo, se ha registrado hasta de 277 mil pesos por concepto de consumo de agua, realizarán una seria de acciones para reformar la Ley de cuotas de ese Estado para que también se contemplen descuentos a los adultos mayores.

En tanto, la diputada, Comisión de Gestiona Integral del Agua en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, Janet Hernández Sotelo, manifesta su posición de estar en contra de toda iniciativa que pretenda privatizar el vital líquido, ya que quedó inscrito en el Artículo 9 de la Constitución de la Ciudad de México en donde se considera al agua como un derecho humano.

Precisa que el pasado sismo del 19 de septiembre dejó más de 800 fugas de agua, por lo que dijo, que este II Parlamento es importante porque de “aquí saldrá la estrategia para seguir dotando de agua los próximos años a la Ciudad de México y a todo el país, por justicia social”.

Hizo un llamado a los asistentes del II Parlamento para el gobierno federal haga un ajuste y reconsidere el presupuesto otorgado a la ciudad de México y a las demás entidades donde se padece el problema de falta de agua.

En las conclusiones, los participantes se unieron a la petición de que no se privatice el agua en ninguna de sus formas, y que toda iniciativa con esta intención no pasará.