EXISTEN 52 SITUACIONES DE RIESGO DE TORTURA EN CENTROS FEDERALES DE READAPTACIÓN SOCIAL Y REHABILITA

Persisten 52 situaciones de riesgo en tortura o maltrato a personas privadas de la libertad en los Centros Federales de Readaptación Social y Rehabilitación Psicosocial, revela el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT).

Indica este organismo que destacan insuficiente personal de seguridad y custodia y falta de capacitación del mismo, falta de separación entre procesados y sentenciados, trato inadecuado y prepotente del personal e insuficiencia y mala calidad de alimentos e inadecuada atención de áreas técnicas a internos sancionados.

De acuerdo al MNPT en el Informe 9/2016, cuyo resultado se hizo del conocimiento del titular del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, José Alberto Rodríguez Calderón, en el cual se señala que de las 106 situaciones de riesgo originalmente detectadas 31 han sido totalmente atendidas, 24 presentan avances y 52 aún persisten.

En las visitas realizadas, en el mes de marzo del presente año, por el MNPT a los CEFERESOS ubicados en los estados de México, Jalisco, Nayarit, Veracruz, Tabasco, Durango, Sinaloa, y Chihuahua, así como en “Islas Marías” y el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (CEFEREPSI), en Morelos, se detectó que en algunos centros prevalecen situaciones de riesgo, en las que es necesario incidir hasta su cabal cumplimiento.

Las irregularidades consisten en falta de programas para atención de personas con adicciones; personal médico insuficiente y retraso en consultas, instalaciones inadecuadas para personas con discapacidad física, falta de actividades ocupacionales, deportivas y laborales; deficiencias en la comunicación familiar y al exterior, relacionadas con los horarios y espacios para la visita y la comunicación telefónica.

Informa el MNPT que previo a las visitas de seguimiento, personal de este organismo mantuvo comunicación con los enlaces designados con el objeto de registrar las medidas y acciones emprendidas para atender las observaciones señaladas en el informe inicial, así como valorar su correspondencia con los derechos humanos de las personas privadas de la libertad respecto de las condiciones necesarias para garantizar el trato digno, la integridad personal, la protección al derecho a la salud, la legalidad y seguridad jurídica, la atención a grupos vulnerables así como a la reinserción social.