Insensato regresar a las fuerzas militares a los cuarteles: CNDH

Los estados deben cumplir con sus deberes de profesionalizar a sus policías, depurar a sus policías, cumplir con el mandato constitucional que tienen de brindar seguridad a los ciudadanos, “sería insensato regresar las fuerza militares a los cuarteles, las policías estatales y municipales fueron rebasadas en sus capacidades y, en algunos casos contaminados por el crimen organizado”, señala Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
“Sería insensato que las fuerzas militares regresaran en estos momentos a los cuarteles, también se debe preservar la seguridad, y mientras las policías, y aquí vuelvo a insistir, yo creo que el tema, el que haya este aplazamiento para esta regulación, y haya una discusión, no cancela el que las fuerzas armadas sigan precisamente brindando la seguridad, ante lo que es evidente”, refiere en entrevista en la Cámara de Diputados.
Las policías, dice, una gran mayoría de policías estatales y municipales, fueron rebasadas en sus capacidades y, en algunos casos contaminadas por el crimen organizado.
El ombudsman nacional exige a los gobiernos estatales profesionalicen a sus policías, “llevamos 10 años en esta tarea, no ha pasado, y tampoco ha habido consecuencias por la falta de ese cumplimiento de los gobiernos estatales”.
Hoy en día las fuerzas armadas no pueden retirarse, es una realidad se requiere de las fuerzas armadas para que haya mayor seguridad.
Durante la instalación de la Mesa Nacional de Armonización Legislativa sobre la Reforma Constitucional de Derechos Humanos en el Palacio Legislativo, expresa González Pérez, que a cinco años de la reforma de derechos humanos no ha concluido el proceso de armonización legislativa con los preceptos constitucionales, “y al día de ayer llevábamos un 87.4 por ciento de la armonización con las entidades”.
Es necesario, indica, establecer el andamiaje jurídico para materializar los derechos y propiciar las condiciones adecuadas para su ejercicio.
Advierte que la “falta de coherencia” entre normas dificulta e inhibe la vigencia de los derechos humanos, pronunciándose por que esta Mesa permita identificar una ruta de trabajo que lleve al cien por ciento de la armonización.
Reconoce la disposición e interés por consolidar una democracia constitucional basada en un régimen de derechos humanos, y confió en que producirá los resultados que la sociedad espera y las circunstancias actuales demandan.
En tanto, César Camacho, diputado del PRI, resalta que el contenido normativo de la filosofía política y social de la reforma de 2011, debe llenar las constituciones locales y las leyes generales, federales, ordinarias, reglamentos y todo tipo de normas, cualquiera que sea su rango.
“En un país de instituciones, donde parecen fragilizarse algunas de ellas, hagamos la tarea que nos toca a los legisladores: intercambiar impresiones, construir espacios de neutralidad partidaria, donde todos nos sintamos cómodos y vayamos a la vanguardia en la generación de normas jurídicas”, precisa.
En tanto, Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), afirma que las instancias representadas en este evento son claves para avanzar en la armonización plena y cabal de la reforma de derechos humanos en México, que además, se da en el marco de una colaboración institucional indispensable para cumplir con las obligaciones constitucionales en la materia.
Subraya que la implementación de la reforma de derechos humanos de 2011, “es la ruta para llevar a la práctica de manera efectiva y concreta los derechos humanos en el país, que estamos obligados a reconocer y representan un enorme reto para todos”.
Campa Cifrián, agrega que ante las condiciones de violencia que enfrena el país por la delincuencia organizada vinculada con el trasiego y consumo de drogas; la cantidad jóvenes “que no tienen nada que perder” y encuentran en actividades ilícitas la salida para enfrentar su realidad; con tantas diferencias y donde hay una importante presencia de comunidades indígenas que enfrentan condiciones extremas “debemos tener como ruta la reforma constitucional, trabajar todos en su implementación y su armonización resulta clave”.
Se debe construir una agenda nacional de armonización y promover la incorporación de principios y contenidos de la Carta Magna en constituciones locales, leyes reglamentarias y ordinarias expedidas a nivel federal y estatal.
“El esfuerzo conjunto entre Cámara de Diputados, Senado de la República, legislaturas locales, Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Ejecutivo, dará importantes resultados y ayudará a atender problemas estructurales que son causa de muchas problemáticas actuales en el país”, puntualiza.
A su vez, la senadora Angélica De la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la colegisladora, hizo votos por que se logre la coordinación y coadyuvancia entre congresos, para intercambiar información de cómo han ido resolviendo los obstáculos y cuáles quedan todavía.
“El mérito de esta reunión es coadyuvar para lograr el propósito fundamental del cambio que México dio cuando se pusieron de acuerdo todas las voluntades políticas, para definir el alcance de estas reformas, de estos once artículos de la Constitución, y que siguen pendientes algunos temas”.
























































































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