URGE UNA REFORMA LEGISLATIVA PARA GARANTIZAR PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CENTROAMERICANOS

El gran reto está en lograr una reforma legislativa integral que permita garantizar la debida protección y cuidado de las niñas, niños y adolescentes en contexto de migración internacional (NNACM) desde la perspectiva de derechos humanos, pues muy probablemente dejará de ser país de tránsito para convertirse en destino final de esa población, coinciden analistas e investigadores del fenómeno migratorio infantil internacional no acompañado en su paso por el país.

En Presentación Académica del Informe niñas, niños y adolescentes centroamericanos en contexto de migración internacional no acompañados en su tránsito por México y con necesidades de protección internacional, elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), se informa que las distintas autoridades involucradas en el tema, no han logrado ajustar su actuación al marco normativo de protección a la niñez migrante internacional, ya que la misma no es clara en determinar atribuciones y competencias en los distintos ámbitos de gobierno.

Plantea Edgar Corzo Sosa, Quinto Visitador General de la CNDH, la necesidad de coordinar los esfuerzos de las diferentes instancias y visibilizar que se trata de un tema de derechos humanos y no percibir la problemática migratoria como un asunto de seguridad nacional, por ser contrario a nuestra propia normatividad y a todo lo que México ha firmado en el ámbito internacional.

Considera necesario que las autoridades den respuesta al estudio que fue presentado desde octubre de 2016. “No es posible que las autoridades encargadas del tema se queden calladas; es necesario que expongan qué acciones emprenderán para enfrentar la problemática y no que respondan sólo con un oficio”, expresa, por lo que la Comisión Nacional continuará exigiendo respuestas.

Nancy Pérez García, directora General de la Asociación Sin Fronteras, refiere que la norma migratoria debe poner énfasis en la protección de adolescentes que llegan a México huyendo de sus países, principalmente por la crisis que se padece en el “Triángulo Norte” de Centroamérica, conformado por Guatemala, Honduras y El Salvador.

México, dice, no está preparado para atender la agenda del asilo, más allá del abolengo de nación que recibía refugiados. Expresa que se presentaban en promedio tres mil solicitudes de asilo al año, y para 2017 se tiene una proyección de 22 mil peticiones, la mayoría de Centroamérica.

En opinión de Elisa Ortega Velázquez, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, detalla que de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), que es de aceptación universal, a excepción de los Estados Unidos, que no ha firmado el instrumento.

Comenta que la CDN mandata que la no discriminación, el interés superior del niño, la participación y ser oído, la vida, supervivencia y desarrollo, son derechos aplicables a todos los niños, niñas y adolescentes.

Elva Leonor Cárdenas Miranda, profesora de la Facultad de Derecho de la UNAM, precisa que el Informe es un esfuerzo para conocer los problemas de la niñez y adolescencia migrantes, y dio a saber que durante 2015 llegaron a México 36,921 menores migrantes de los cuales 15,291 no estaban acompañados, mientras que en 2016, de los 36,281 que se internaron, 15,218 fueron no acompañados. Mencionó que el DIF no tiene la capacidad para atender a más de 15 mil menores migrantes al año, por lo que agradeció el gran apoyo de las organizaciones de la sociedad civil.

A su vez, Luciana Gandini, también del IIJ-UNAM, puntualiza como causas de la migración infantil que 48.6% es por situaciones de violencia; 22.2%, por reunificación familiar y 29.2%, por motivos económicos, y mencionó que ahora enfrentamos un flujo migratorio mesoamericano, donde las estrategias de solución deberán ser conjuntas porque toca intervenir a varios países. También lamentó que en México se invoque el principio del interés superior de la niñez y no se tenga definido a un responsable de vigilarlo; tenemos una responsabilidad traslapada, dijo, donde no se ha resuelto qué autoridad debe hacerlo valer.

Mónica González Contró, abogada General de la UNAM, sostuvo que las propuestas del Informe de la CNDH pueden ser adoptadas en la práctica, ya que vivimos una situación de emergencia donde están en juego vidas humanas de niñas, niños y adolescentes que están en circunstancias de vulnerabilidad por su condición de migrantes.

Resalta la importancia de que a través del Informe se haya dado visibilidad a la problemática que enfrentan la niñez y adolescencia migrantes, por lo que desde que conoció su contenido sugirió la pertinencia de darlo a conocer en un Foro dirigido a la comunidad académica y estudiantil de esa casa de estudios.

Mientras, Nashieli Ramírez Hernández, coordinadora de Ririrki Intervención Social, menciona la crisis migratoria que hay en el país, donde se realizan acciones en la materia, pero no bastan, se quedan cortas. Coincidió con lo señalado en el Informe, en el análisis acerca de lo oportuno que sería que una sola autoridad fuese la responsable de vigilar e implementar el interés superior de la niñez.

Pablo Espiniella, Oficial de Derechos Humanos de la Oficina del Director del Departamento de Operaciones en el Terreno y Cooperación Técnica de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, específica la relevancia del Informe de la CNDH que da muchos elementos y casos prácticos, experiencias que deben compartirse con otras instituciones nacionales de derechos humanos, principalmente de Centroamérica.

Afirma que lo más importante es que se reconozca que niños, niñas y adolescentes tienen derechos por sí mismos antes de que se les etiquete por su condición migratoria, por solicitud de asilo y petición de protección.

Finalmente, los panelistas coincidieron en la necesidad de seguir profundizando en el estudio del Informe de la CNDH y sobre todo que las autoridades actúen a partir del mismo para generar acciones que verdaderamente tiendan a una protección integral de la niñez migrante y el respeto pleno de sus derechos humanos.