LA SUFICIENCIA DEL SALARIO MÍNIMO ESTÁ LEJOS DE LA REALIDAD PARA LOGRAR UNA VIDA DIGNA: OMBUDSMAN NA

La suficiencia del salario mínimo aún dista de ser una realidad para lograr una vida decorosa, manifiesta Luis Raúl González Pérez, Ombudsman nacional, al participar en el Seminario Universitario de la Cuestión Social (SUCS) del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Dicha percepción, expresa, es un derecho que debe constituir el mínimo vital para asegurar a la población asalariada una vida digna.

“El salario mínimo en México debe garantizar a todas y todos los trabajadores el acceso a los elementos básicos necesarios para el pleno goce y disfrute de sus derechos humanos. Esto tiene que ser ya una realidad, es condición para el desarrollo del país”, indica.

González Pérez señala que a cien años de la Constitución de 1917, la suficiencia del salario mínimo con condición para la dignidad humana debe reflexionarse obligadamente bajo la perspectiva de los derechos humanos, en particular de la reforma constitucional del 10 de junio de 2011.

“Los estándares de derechos humanos ya están dados, apuntan de manera inequívoca a la relación evidente entre el salario mínimo y las libertades fundamentales; los compromisos asumidos en la materia por nuestro país son vinculantes”, afirma

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Acompañado por Mario Luis Fuentes, miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM, quien moderó la mesa, y Enrique Provencio, investigador del PUED, González Pérez refiere que cualquier ejercicio de reflexión franca y constructiva sobre el centenario de la constitución obliga a visibilizar los retos a enfrentar para brindar verdadera vida al constitucionalismo social.

Luego de recordar que la importancia del trabajo digno para la plena realización de los derechos humanos también está ampliamente reconocida en diversos tratados internacionales ratificados por México, comenta que el actual salario mínimo aún está debajo de los $2,481.24 que, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, son necesarios para acceder a la línea de bienestar.

Menciona que distintos tratados internacionales que hacen referencia a la remuneración equitativa y satisfactoria; reitera la necesidad de lograr la suficiencia salarial, en el marco del actual contexto económico en que los insumos básicos sufren incrementos y ante el entorno internacional que amenaza con repercutir en la actividad comercial de la que dependen las fuentes laborales de millones de personas, así como las vidas de las y los trabajadores migrantes.

González Pérez específica que el documento “Salario mínimo y derechos humanos”, elaborado por la CNDH, que incluye consideraciones, estándares jurídicos y conclusiones sobre la función de esa percepción desde la perspectiva de los derechos humanos, que fue entregado a distintas instancias y actores específicos involucrados en la determinación de los salarios mínimos.

Enrique Provencio afirma que el salario mínimo es uno de los componentes clave de la agenda central de la política nacional, porque se relaciona con el Estado democrático, y agrega que dicha percepción debe revisarse desde la perspectiva de los derechos humanos, pues no obstante el artículo 123 constitucional lo refiere como un mínimo vital para satisfacer una canasta básica, digna, satisfactoria y suficiente, ello no sucede en la realidad.

La democracia no puede ejercerse con la insuficiencia de una vida digna, por lo que se requiere crear una reforma integral de legislación laboral, donde el salario sea la clave de un derecho fundamental relacionado con los temas económico, social y político, para erradicar la pobreza y mejorar la distribución del salario en el país, añade.

Critica que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI) haya quedado en la obsolescencia, retraso y al margen de la transparencia y rendición de cuentas de la democracia moderna.

Propone avanzar en la definición del estándar del salario mínimo digno, su significado y referente numérico; trabajar en un acuerdo político para fijar una ruta en un escenario de progresividad del derecho; emprender un cambio de reglas y en una posible sustitución de la CONASAMI, y que las contrataciones que realicen los tres niveles de gobierno se incrementen a un salario digno, para articular los principios de indivisibilidad y universalidad, en la lógica de una política económica y social.

Finalmente, en el encuentro se reafirmó el compromiso de la CNDH y el PUED de la UNAM de continuar su estudio y análisis desde la perspectiva de desechos humanos.