LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE APRUEBA EL USO TERAPÉUTICO Y MEDICINAL DE LA MARIGUANA

La Asamblea Constituyente aprobó el artículo 14 de la Constitución Política de la capital del país referido a la Ciudad Solidaria, en el cual se consagra el derecho a la salud, y como parte de él, el derecho al uso terapéutico y medicinal de la mariguana.

Sin embargo, el derecho al ingreso básico universal, que forma parte importante del derecho a la vida digna, no logró la mayoría calificada al manifestarse en contra los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y Encuentro Social (PES), y el tema fue regresado a la Comisión de Carta de Derechos para su nueva dictaminación.

En el mismo caso quedaron el apartado C, relativo al derecho a la alimentación, por una reserva presentada por la diputada panista Cecilia Romero con la propuesta para eliminar de la Constitución la existencia de un organismo público que garantice el abasto de alimentos. De igual forma fue regresado a comisión el apartado D, numeral 6, relativo a la voluntad anticipada, en el que el PAN busca dar nuevo contenido al término “muerte digna”; y el apartado F, numeral 3 que versa sobre la gestión del agua como exclusivamente del Estado y sin fines de lucro.

En las partes del artículo 14 que fue aprobado, se establece un sistema público de cuidados para la atención de personas en situación de dependencia; y el derecho al acceso a un sistema de salud público local para los residentes de la capital, con trato digno, calidad y calidez.

Con respecto al derecho a la vivienda, el artículo aprobado incorpora el impulso de planes accesibles de financiamiento, medidas para asegurar gastos soportables y la seguridad jurídica en la tenencia de la vivienda. De igual forma, la adopción de medidas contra el desalojo arbitrario e ilegal de los ocupantes de la vivienda.

También como parte de este artículo se aprobó el derecho al acceso al agua y la garantía de cobertura universal de acceso diario, continuo, equitativo y sustentable.

Quedó reconocido el derecho al cuidado de todas las personas, para lo cual se incorporó la creación de un sistema público de cuidados que garantice la atención a personas en situación de dependencia, en especial niñas, niños, adolescentes, enfermos y personas con discapacidad. También, se estableció que las autoridades otorgarán un apoyo a familias y personas que, de manera no remunerada, estén a cargo del cuidado de personas.

DEBATE SOBRE LA MARIGUANA

En el apartado D, relativo al derecho a la salud, se presentaron dos reservas para introducir en la Constitución el uso terapéutico y medicinal dela cannabis. Fueron promovidas por Roberto Gil Zuarth, del Partido Acción Nacional (PAN), Alejandro Chanona, de Movimiento Ciudadano (MC) y Ana Julia Hernández e Isidro Cisneros, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), por un lado; la segunda fue presentada por Elvira Daniel con el apoyo de casi 40 otros diputados. Los primeros se sumaron a la segunda. Y a propuesta de la diputada Gabriela Cuevas se homologaron los términos de las sustancias que se autorizarían, para ir en consonancia con lo aprobado en el Senado. Se aceptó asumir un transitorio para que el derecho entre en vigor cuando la ley general en la materia lo disponga.

La reserva propuesta es un agregado al apartado D referido al derecho a la salud, de acuerdo con el siguiente texto: “A toda persona se le permitirá el uso médico y terapéutico de la cannabis sativa, índica y americana o mariguana y sus derivados, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la legislación aplicable”.

La reserva fue aprobada por 77 votos en favor, 5 en contra y 3 abstenciones.

Durante la discusión el diputado Alejandro Chanona refiere que si bien la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ha otorgado 137 permisos especiales para importar aceite de cannabis y el Senado ya aprobó modificaciones muy relevantes para legalizar su uso medicinal, es necesario plasmar este derecho en la Constitución de la Ciudad de México toda vez que los gobiernos locales son los más cercanos a la sociedad y muchas veces es muy difícil conseguir los permisos. Refirió que “al no atender el tema abonamos a que los delincuentes lucren con las necesidades de las familias y exponemos a las familias a ser consideradas criminales”.

También en favor de la legalización se manifestó el diputado Isidro Cisneros, del PRD, quien dijo que es necesario hacer un llamado contra la demonización de un problema social. Aseguró que en la discusión del uso de la mariguana se mezclan hechos y prejuicios, con una perspectiva punitiva. “Hay que cambiar el enfoque. Hay que hacer de la Ciudad de México una ciudad de vanguardia. Basta ya de prohibicionismos decimonónicos”.

La diputada del PRI, Yolanda de la Torre, y el diputado panista Mauricio Tabe se manifestaron en contra por considerar que no era competencia de esta Asamblea legislar sobre el tema. Tabe propuso que, si se insistía en reiterar el derecho a nivel local, se generalizara el derecho para uso de cualquier sustancia.

Posteriormente, la diputada de MC, Esthela Damián, insistió en su propuesta para legalizar además el uso lúdico de la mariguana pero su reserva no se admitió a discusión.

EL DEBATE SOBRE EL INGRESO BÁSICO UNIVERSAL

El debate más prolongado e intenso se dio en el tema del derecho al ingreso básico universal, que planteaba que todas las personas, desde su nacimiento tienen derecho a una percepción por parte del Estado.

El apartado A, relacionado con el derecho a la vida digna, señalaba que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado para sí y para su familia, así como la mejora continua de su existencia. Y se establecía la obligación de la autoridad a adoptar las medidas necesarias para, progresivamente, erradicar las desigualdades estructurales y la pobreza, promover el desarrollo sustentable, alcanzar una justa distribución de la riqueza y del ingreso entre personas, familias, grupos sociales y ámbitos territoriales. Parte fundamental de este apartado era el derecho al ingreso básico universal.

La diputada del PRD, Cecilia Soto, aseguró que esa prestación es fundamental para garantizar la vida digna de las personas que viven en la ciudad. A su vez, la constituyente perredista, Dolores Padierna, enfatizó que uno de los objetivos fundamentales de la Constitución de la Ciudad de México es erradicar la pobreza, y la mayor prueba de que un ingreso básico contribuye a ello es que, de acuerdo con información del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la pobreza absoluta y relativa ha disminuido en la capital de la República; indicó ello ha ocurrido gracias a los programas sociales, como la pensión que se otorga a los adultos mayores.

La diputada Clara Brugada, de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), asegura que al establecer el ingreso básico universal, es decir, para todos las personas en la ciudad, ya será imposible que los partidos y los gobiernos aprovechen ese derecho como un mecanismo clientelar. A su vez, Raúl Bautista, del mismo partido, aseguró que quienes se oponen al ingreso básico están alejados de lo que son las necesidades elementales de la gente más necesitada. En su opinión, habrá el talento necesario en los futuros gobiernos de izquierda en la ciudad para hacer valer estos derechos. El también perredista Jesús Ortega aseveró que el ingreso básico es “un derecho vital, derecho de sobrevivencia que garantiza una vida digna. Pongámoslo en la constitución”, demandó.

El presidente de la Mesa Directiva, Alejandro Encinas también abordó el tema al señalar que el ingreso básico debe ser el principio de las políticas sociales y debe replantear como se debe abordar la pobreza en el país en su conjunto “pues cada año tenemos más pobres”. No es un problema de recursos, dice.

Diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) como Armando Báez, César Camacho, Eduardo Escobedo y Fernando Lerdo de Tejada; panistas como Santiago Creel, Cecilia Romero y Carlos Gelista; del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) Alejandro Bustos, y del Partido Encuentro Social (PES) Hugo Eric Flores, a través de dos reservas buscaron eliminar del dictamen el derecho a un ingreso básico universal para toda persona desde su nacimiento.

Lerdo de Tejada argumentó que se debe actuar responsablemente pues no se ha analizado de donde saldrán los recursos para financiar ese ingreso básico, ni las posibles repercusiones que puede tener la medida en el crecimiento de la ciudad. Gonzalo Altamirano Dimas, del PAN, aseguró que es falso que su partido esté en contra de los pobres toda vez que se está buscando que el ingreso básico no sea sólo para pobres, sino también para ricos; y señaló que si el gobierno de la ciudad cumpliera todas sus obligaciones sería suficiente para que los capitalinos gozaran de todos sus derechos.

La priista Claudia Aguilar aseguró que ningún tratado internacional o legislación mexicana propone como obligatorio el ingreso básico universal y reiteró la necesidad de actuar con responsabilidad.

Para el diputado priista César Camacho Quiroz, la renta básica no es la mejor opción, “por más que el Coneval lo haya sugerido”, como lo recordó la diputada Padierna. Indicó que no es un problema de recursos sino de las obligaciones de los gobiernos. Apuntó que éstos son para “contemporizar los intereses de quienes viven y cotidianamente estamos en la ciudad. Los gobiernos, para ser completamente legítimos tienen que ser eficaces. Sí establecer criterios, sí evitar la opacidad, sí abrir paso a la rendición de cuentas. Teniendo gobiernos justos, eficaces, que propicien la convivencia armónica, auténticamente democráticos”, es como se puede garantizar la vida digna, menciona.

En su opinión, es preciso dejar atrás los programas asistenciales y propiciar el desarrollo de la persona.

A su vez, Hugo Eric Flores, del PES, pugnó enfáticamente porque el ingreso básico no sea universal, sino sólo para quienes lo necesitan. En su opinión, no tiene sentido reconocer ese derecho a las personas “de Polanco; mejor que se los den a las de la Anáhuac y la Pensil”.

Las dos reservas fueron desechadas. No obstante, el PRI solicitó que al momento de votar el artículo en lo particular, el apartado A, relacionado con el derecho a la vida digna, se votara por separado. En esta votación no se logró la mayoría calificada para dar por aprobado el derecho a la vida digna, que incluía el derecho al ingreso básico universal. La Mesa Directiva lo turnó a la Comisión de Carta de Derechos para que en un plazo de 72 horas presente un nuevo dictamen al respecto.

SOBRE EL DERECHO DE CUIDADOS

La diputada Clara Jusidman, del grupo parlamentario Constituyente, con el apoyo de por lo menos otros 40 constituyentes, presentó una reserva para aclarar los términos en que quedó redactado el apartado B, referido al derecho al cuidado. Para evitar malas interpretaciones, propusieron cambiar la redacción para quedar como sigue:

“Toda persona tiene derecho al cuidado que sustente su vida y le otorgue los elementos materiales y simbólicos para vivir en sociedad a lo largo de toda su vida. Las autoridades establecerán un sistema de cuidados que preste servicios públicos universales, accesibles, pertinentes, suficientes y de calidad y desarrolle políticas públicas. El sistema atenderá de manera prioritaria a las personas en situación en dependencia por enfermedad, discapacidad, ciclo vital, especialmente a la infancia y la vejez y a quienes de manera no remunerada, están a cargo de su cuidado”.

Al argumentar la reserva, la diputada Jusidman señala que el derecho a cuidar, a ser cuidado y cuidarse se relacionada con la posibilidad de construir seres humanos cuyo desarrollo psicosocial permita vivir en sociedad.

“Tiene que ver con responder a una serie de carencias que se han hecho evidentes en diferentes etapas de la vida e implica la necesidad de atención, cuidados y apoyo social, afectivo, físico emocional, laboral y económico”. Aseguró que es una responsabilidad compartida entre el Estado, el sector privado, la sociedad civil, las familias, los hogares y entre generaciones, a fin de maximizar la autonomía y garantizar los derechos de las familias, especialmente de las mujeres. Esta reserva fue aprobada por unanimidad.