OBJETVIDAD E IMPARCILIDAD EN LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA EN LA ALDF: ISR

• Reitera su respeto a la libertad de manifestación y aseguró que en ningún sentido se intenta criminalizar la protesta social ni soslayar iniciativas

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Trabaja la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) sin sesgos políticos ni intenciones ajenas a las que corresponden a sus responsabilidades, además determina por el consenso de sus integrantes los dictámenes de las iniciativas que presentan los diferentes grupos parlamentarios, asegura Israel Betanzos Cortés, presidente de esta comisión.

Resalta que las reformas que se turnan a la comisión son observadas con objetividad e imparcialidad, siempre preservando el bien jurídico que tutelan, y que ninguna decisión se asume por consigna ni responde a intereses personales o de grupo, y menos aún, se congelan iniciativas.

Betanzos Cortés rechaza las afirmaciones del diputado César Cravioto Romero y lo conminó a exponer y defender sus argumentos en las comisiones del órgano legislativo.

Señala que la ausencia de representantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el trabajo de comisiones les impide conocer el análisis y las importantes aportaciones que hacen la Procuraduría General de Justicia y la Comisión de Derechos Humanos sobre iniciativas como la Ley de Amnistía, que propone ese partido, para definir consensos.

El coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la ALDF garantiza que en ningún sentido se intenta criminalizar la protesta social ni soslayar iniciativas de los grupos parlamentarios.

Asegura que en la comisión que preside el interés prioritario es que ninguna reforma a la ley vaya en contra de los principios y las garantías constitucionales que tienen los individuos.

Descarta que su iniciativa de reformas al artículo 362 del Código Penal para aumentar las penas sobre el delito de ataques a la paz pública, sea producto de una visión represora, como lo expuso el coordinador de los diputados de Morena.

La reforma, dice, tiene el propósito de proteger los bienes jurídicos que son el orden social, el normal desarrollo del régimen político democrático, la sana convivencia, el respeto y por supuesto el derecho de todos los ciudadanos a vivir en plena libertad, paz y tranquilidad.

El legislador priísta menciona que la reforma contempla sancionar de diez a treinta años de prisión, suspensión de derechos políticos por veinte años y dos mil días de salario mínimo, al que mediante la utilización de sustancias tóxicas, por incendio, inundación o violencia extrema, realice actos en contra de las personas, las cosas o servicios públicos que perturben la paz, intimiden a la sociedad o menoscaben la autoridad del gobierno de la ciudad.

Finalmente, Reitera su respeto a los derechos humanos, a la libertad de expresión y manifestación, pero advierte que no se debe permitir que bajo el argumento de participar en una protesta social, se cometan actos vandálicos en contra de los bienes de ciudadanos y del patrimonio de la ciudad.