POR PRIMERA VEZ EL SESNSP OBTIENE INFORMACIÓN DE INCIDENCIA DELICTIVA DE TODOS LOS MUNICIPIOS DEL P

Por primera vez las cifras publicadas del fuero común desagregadas correspondientes al pasado mes de septiembre contaron con el 100 por ciento de los municipios del país (2,458 municipios de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI), desde la creación del registro de incidencia delictiva, que cada mes difunde en su portal electrónico el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

El registro de incidencia del fuero común con las cifras de septiembre desagregadas para el cien por ciento de los municipios del país, representa una mejora respecto de la cobertura desagregada reportada en 2012, cuando se contaba únicamente con información específica para el 47 por ciento de los municipios.

Se informa que en lo que va del 2016, se ha implementado el Programa para Mejorar la Calidad de la Información, a través de una nueva metodología para el registro y clasificación de los delitos y las víctimas. En tanto, para 2017 se iniciará el registro conforme a un nuevo formato, el cual sustituye a uno ya obsoleto, con 18 años de antigüedad, que se encuentra rebasado por diversas reformas legales.

Cumplir con ese objetivo permite conocer la incidencia delictiva de cada uno de los municipios que conforman el país, lo cual contribuye a que el Gobierno de la República, academias, sociedad civil y ciudadanía analicen los patrones delictivos de todos los municipios y consecuentemente analizar y elaborar propuestas y diseñar políticas públicas con mayor precisión geográfica.

Cabe destacar que otros avances que se han logrado son la generación de información sobre las víctimas para los delitos de homicidio, secuestro y extorsión; garantizar la regularidad en la publicación oportuna de la incidencia delictiva todos los días 20 de cada mes; el acopio y reporte de la estadísticas completas para las 32 entidades federativas sin excepción, evitando entidades faltantes como en años previos.

Así como la transparencia en la explicación y justificaciones que los gobiernos estatales proporcionan sobre cambios o ajustes que realizan en las cifras reportadas y de acuerdo a la Política Nacional de Datos Abiertos del Gobierno de la República, la puesta a disposición de las estadísticas de incidencia delictiva.