PARA ACABAR CON DESAPARICIÓN FORZADA, URGE EXPEDIR UNA LEY GENERAL QUE SE APEGUE A NORMAS INTERNACIO

De manera conjunta con más de 200 organizaciones de familiares de desaparecidos, el Grupo Parlamentario de Morena elabora en una iniciativa ciudadana para que se expida la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar la Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición de Personas Cometida por Particulares, adelanta la diputada Araceli Damián González, en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

Araceli Damián González, integrante de Morena precisa que el propósito es contar con una legislación en la materia integral y apegada a normas internacionales en este renglón, debido a las insuficiencias encontradas en la ley sobre desaparición forzada implementada por el Gobierno Federal.

Comenta que esta propuesta la apoya también el diputado Juan Romero Tenorio, su compañero de fracción, y que surge porque el Gobierno Federal desvirtúa el concepto de desaparición forzada, queriendo asimilar lo que realiza el Estado y particulares en una misma línea, cuando en realidad son dos cosas diferentes.

“Es una iniciativa de Morena y de organizaciones de derechos humanos, de familiares de víctimas de desaparición forzada y desaparición de personas, organizaciones populares y la sociedad civil; que presentaremos en los primeros 15 días del próximo Periodo Ordinario de Sesiones”.

La propuesta respeta y recoge la legislación a nivel internacional sobre desaparición forzada, en la que señala cuáles son los casos de desaparición en relación a que es el Estado quien la realiza, cosa que no tiene la implementada por el Gobierno Federal, puntualiza.

La legisladora dio a conocer que además presentaron un Punto de Acuerdo ante el Congreso de la Unión, para que el Estado mexicano permita la búsqueda de desaparecidos en cuarteles militares, ya que es una resolución de la Suprema Corte desde 2014 que no se ha cumplido.

Por su parte, los diputados Virgilio Caballero Pedraza y Juan Romero Tenorio hicieron un llamado al Congreso de la Unión para que se discutan y dictamen las iniciativas de Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Desaparición Forzada de Personas, que fueron presentadas en la Cámara de Diputados y el Senado de la República antes de junio del año pasado.

A través de un Punto de Acuerdo que presentaron ante la Comisión Permanente, y que fue turnado a la Comisión de Justicia, explicaron que ambas Cámaras deben dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Segundo Transitorio de la reforma constitucional a la Fracción XXI del Artículo 73, que fue publicada el 10 de junio de 2015 en el Diario Oficial de la Federal.

Ello, indicaron, porque se establece que el Congreso de la Unión deberá expedir la legislación en las materias que se adicionan al mencionado decreto, dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor del mismo, y que la legislación a que se refiere el citado artículo transitorio deberá regular el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

“Considerando que dicho plazo venció el 10 de enero de 2016, es preocupante que el Congreso de la Unión incumpla con el mandato de la reforma constitucional para legislar en materia de desaparición forzada de personas. Es una deuda que el Estado nacional tiene con todas las víctimas y familias de quienes han padecido este flagelo”.

En su documento, precisaron que el plazo establecido ya expiró sin que ninguna de las Cámaras hubiera dictaminado las siete iniciativas sobre este tema que fueron presentadas por tres fracciones parlamentarias, organizaciones civiles y el Ejecutivo Federal, desde que inició la actual Legislatura.

Entre ellas la que presentó el diputado Juan Romero ante el pleno de la Cámara de Diputados, el 29 de septiembre de 2015, para que se expida la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Desaparición Forzada de Personas.

Los diputados de Morena detallaron que el 29 de abril del año pasado el Senado aprobó la modificación constitucional al Artículo 73, para otorgar facultades al Congreso para expedir leyes generales en materia de desaparición forzada, tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, la cual fue avalada un día después por la Cámara de Diputados y turnada a las legislaturas estatales para su aprobación.