URGE REVISAR LA LEY DE PROTECCIÓN A DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS, COINCIDEN ALDF Y S

Con el fin de garantizar la seguridad y protección de personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, pilares para la democracia del país, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) y la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México propusieron la necesidad urgente de revisar la viabilidad de separar la Ley para la Protección de estos gremios.

Durante la mesa de trabajo de la Comisión de Gobierno de la ALDF con la Secretaria de Gobierno, Patricia Mercado, reunión que solicitó el Pleno de la ALDF, Leonel Luna Estrada, presidente de la Comisión, solicitó a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal que la Unidad Especial de Atención para Delitos contra Periodistas, se transforme en una fiscalía.

“Solicitamos una reforma al Reglamento Interior de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal para subir a rango de fiscalía especial la instancia”, expuso.

Además, propuso generar una serie de reuniones de trabajo entre diputados, gobierno y periodistas que les permitan generar mejores condiciones para el gremio y definir incluso al o la responsable de la dirección del mecanismo de protección a personas defensoras y periodistas.

Con el compromiso de no sólo tener una ley de vanguardia, sino que también de tener elementos suficientes que permitan generar las mejores condiciones a los trabajadores de la información y de la comunicación.

Por su parte, Mercado Castro, secretaria de Gobierno de la CDMX expresa que a través del mecanismo de protección, derivado del Convenio de Colaboración Interinstitucional para la Implementación de un Mecanismo de Prevención y Protección a Periodistas, Colaboradores Periodísticos, así como a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Situación de Riesgo con Motivo del Ejercicio de sus Actividades firmado en 2012, se han atendido 87 casos, de los cuales 30 por ciento corresponden a defensores y periodistas residentes en la Ciudad de México, mientras que 70 por ciento llegaron huyendo de ataques o amenazas en otras en otras entidades federativas.

Precisa que de los 87 totales, 15 han sido atendidos por el mecanismo local, 38 en coordinación con el federal y los 34 restantes son atenciones a personas solicitantes que declinaron el acceso a alguno de los mecanismos.

En 2015 y en lo que va de 2016, detalla, se han respondido las solicitudes de apoyo a nueve periodistas y personas que colaboran en medios de comunicación, que no han ratificado su entrada al mecanismo por motivos diversos.

Subraya Mercado Castro ante diputados de la ALDF que el nuevo mecanismo cuenta con un presupuesto de 13 millones de pesos, que incluye las creaciones del Fondo y de la estructura administrativa de la Dirección del Mecanismo.

En cuanto a la petición de los diputados de que se lleven a cabo mesas con periodistas, los convocó a tener la primera de estas reuniones el 4 de agosto a las 17:00 horas.

Reitera que el Gobierno de la CDMX refrenda el compromiso con la protección a defensores de derechos humanos y periodistas, mediante un Mecanismo que implica grandes retos para la coordinación interinstitucional, una gran efectividad de los procedimientos y una capacitación adecuada de funcionarias y funcionarios, a fin de reaccionar oportunamente a los casos y evitar que permanezcan impunes.

Mientras, los diputados de las diferentes fracciones parlamentarias cuestionaron secretaria de Gobierno, sobre los recursos otorgados para la implementación del organismo descentralizado, así como la forma en la que serán fiscalizados los recursos asignados, los avances del caso Narvarte y los protocolos existentes para evitar agresiones no sólo contra periodistas sino también quienes se involucran en manifestaciones sociales.

A su vez, el periodista Salvador Estrada, en representación de los periodistas en la Comisión Integral de Mecanismo para la Protección de las Personas de los Derechos Humanos y Periodistas, solicita a Patricia Mercado acuerdos y avances conjuntos, no imposición ni decisiones unilaterales, “no queremos estar por encima de quienes defienden los derechos humanos, pero tampoco por debajo ni que considere que las necesidades son similares, no lo son ni siquiera entre quienes promueven la defensa a la libre expresión, el ejercicio del periodismo y libre expresión parecen lo mismo, no lo son, hay diferencias y cada uno requiere una protección y defensa distinta, no se nos entiende ni se escucha”, asegura.

“Rechazamos que se nos ubique como igual el derecho a la libertad de expresión y periodista, lo primero es un derecho titulado por la Constitución a ejercerlo todos, el segundo, es una profesión, un oficio a la que se dedica un gremio, por ello no queremos un interlocutor gubernamental que imponga sino que concilie y escuche, logre consensos no encono”.

Por ello, piden que se pueda lograr el avance a mecanismo real que proteja a todos aún en la diferencia que hay con el ejercicio periodístico, por lo cual, dice, se debe de tomar acciones inmediatas.

“Un país sin una prensa libre, sin una protección de los periodistas, es un país que puede llegar al autoritarismo o a la dictadura”, señala.

En contestación la secretaria de Gobierno, se compromete a revisar el tema de los recursos otorgados para el fondo de protección y la estructura del mecanismo; en el caso Narvarte indica que a la fecha tienen a tres detenidos por el homicidio de cinco personas.

En la Ciudad de México el protocolo de atención para control de multitudes en la Secretaría de Seguridad Pública, está basado en la protección a derechos humanos, con periodistas y con los mismos manifestantes; además de que existe una mesa en la Comisión de Derechos Humanos local, organizaciones y la Secretaria de Seguridad Pública para mejorar el protocolo existente, finaliza.