Aprueban mayoría de legisladores Código de Ética que censura, reprime y excluye a la disidencia en C

• El Bando de Policía aprobado es inconstitucional: Ernestina Godoy

• El documento señala que legisladores se abstendrán de privilegios, sin embargo, ningún diputado del PRI y PAN renunciará al seguro de gastos médicos, asegura

Sin el objetivo de expulsar a los corruptos, suspender el tráfico de influencias, castigar a quienes se enriquecen con los moches de recursos destinados a obras públicas y acciones sociales, la mayoría en la Cámara de Diputados aprobó un Código de Ética que censura, reprime y excluye a la disidencia política, afirma Ernestina Godoy Ramos, diputada federal de Morena.

El “Bando de Policía”, mal llamado Código de Ética, no pretende cerrar el paso a quienes hacen actas notariales de los muertos; ni tampoco busca aclarar el origen de los recursos de los costosos departamentos de Miami de uno de los legisladores de esta Cámara, mucho menos excluir a los que golpean a sus esposas y luego las meten a la cárcel, agrega.

Explica la legisladora de Morena que la disposición aprobada es inconstitucional, por contravenir el artículo 61 de la Constitución, mismo que señala que tanto diputados como senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos, garantizando ejercer con libertad el encargo.

“Lo que persigue, es callar a la disidencia, censurar, reprimir y excluir; busca el orden para seguir con lo mismo, para mantener los privilegios”, puntualiza.

Godoy Ramos exptesa que el código aprobado es una combinación del autoritarismo característico de la derecha, con los totalitarismos estalinistas y las líneas autoritarias del PRI.

“Pese a que este Código señala que los legisladores se abstendrán de tener privilegios, ninguno de los diputados del PRI o del PAN renunciará a sus seguros privados de gastos médicos, ninguno irá al ISSSTE, al igual que millones de trabajadores al servicio del Estado”, sentencia.

Finalmente, Godoy Ramos, descalifica que sean los propios legisladores quienes impongan reglas que limitan la libertad de expresión, sobreponiéndolo al Reglamento que los rige.