La SEP debe acabar con la violencia y represión magisterial: Morena

La fracción parlamentaria de Morena presentó un punto de acuerdo para exhortar al titular de la Secretaria de Educación Pública (SEP), Aurelio Nuño, a terminar con las medidas de enfrentamiento y represión del magisterio que caracterizan la reciente etapa de evaluación del desempeño docente.
Asimismo, las suscriptas diputadas, Rocío Nahle García y Norma Xóchitl Hernández Colín exhortan a promover un cambio en la política educativa con el propósito de impulsar medidas sustentadas en el diálogo, el acuerdo y el consenso con los profesores, con el objetivo de lograr una verdadera transformación del sistema educativo que beneficie a la niñez mexicana.
El grupo parlamentario de Morena considera que no es mediante la violencia como se logrará la transformación del sistema educativo, el enfrentamiento con el magisterio nacional no favorece a la reforma, el costo de aplicar la reforma mediante el enfrentamiento y la violencia será cada vez más alto.
En el mediano plazo la inconformidad, el rencor y el resentimiento del magisterio nacional contra las autoridades educativas dificultarán cualquier iniciativa que pretenda atender las profundas necesidades educativas de nuestro país, manifesta Nahle García, coordinadora de la fracción parlamentaria de Morena.
En las consideraciones expuestas ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, narran los hechos suscitado el pasado martes 8 de diciembre, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, donde murió el profesor de primaria, David Gemayel Ruiz Estudillo, durante las protestas contra la evaluación al desempeño docente.
En la crítica a ese operativo, relataron que en el violento enfrentamiento la policía utilizó escudos, toletes, gas pimienta y lacrimógeno, así como balas de goma, mientras los profesores para defenderse echaron mano de piedras, resorteras, canicas, petardos y cohetones.
La jornada de protesta duró varias horas y arrojó como saldo, además del profesor (asesinado) decenas de heridos y lesionados: entre maestros, estudiantes, padres de familia y policías, así como 8 manifestantes detenidos, manifestaron las diputadas representantes de la izquierda mexicana.
Posteriormente, al día siguiente -miércoles 9-, los enfrentamientos continuaron y el saldo fue de cinco policías retenidos por los maestros inconformes. La jornada de violencia concluyó cuando los profesores y policías retenidos fueron liberados, subrayaron en su relatoría de los hechos.
Afirmaron que el descontento y el rechazo a los exámenes no se reducen al estado de Chiapas; ni a las entidades en donde la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) tiene influencia, la resistencia a la evaluación, que los profesores consideran punitiva, porque los amenaza con el despido, se ha extendido a entidades controladas por los dirigentes oficialistas del SNTE, como son los casos de Veracruz, Guanajuato y Querétaro.
Indicaron las diputadas de Morena que los enfrentamientos y actos de violencia fueron la constante durante la reciente etapa de evaluación al desempeño docente, y forman parte de una larga resistencia del magisterio nacional a la reforma educativa, aprobada en diciembre de 2013, como parte de los acuerdos del Pacto por México.
Mencionaron que a pesar del encarcelamiento de Elba Esther Gordillo y la renovación de la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el secretario Emilio Chuayffet fracasó en la aplicación de la reforma educativa y fue despedido, los nuevos administradores de la SEP diseñaron una estrategia con dos vertientes para lograr su aplicación con éxito.
Señalaron que por otra parte se intentó presentar a Aurelio Nuño como un secretario decidido y comprometido con el futuro de la educación, mediante la visita semanal a las escuelas se produjeron cientos de notas periodísticas e infinidad de fotografías del secretario rodeado de niños, el objetivo consistía en demostrar que los alumnos son el centro de la reforma.
Además, mediante una intensa campaña en los medios de comunicación se presentó a la evaluación, con la aplicación de exámenes a los maestros, con la tarea fundamental para recuperar el control de la educación y lograr su transformación, así que el proceso de evaluación consistía en tres etapas, el registro de evidencias educativas, indicaron.
Sin embargo -señalaron-, que a pesar de las primeras cifras que mostraban una gran aceptación a los exámenes, paulatinamente el discurso cambió y las acciones se endurecieron, el secretario declaró que quienes se oponen a los exámenes son manipulados por líderes sindicales que no quieren perder sus privilegios y desean seguir vendiendo y heredando las plazas y controlar la vida de los maestros para obtener una utilidad política o económica.
Criticaron que para lograr la aplicación de los exámenes en los estados en que se preveían conflictos se fortificaron las sedes de evaluación con enormes vallas metálicas, y se resguardaron por centenares de policías federales y estatales armados, asimismo se instalaron retenes policiacos que controlaban el acceso.
Mientras a los maestros que serían evaluados se les notificó sorpresivamente y fueron concentrados en hoteles de los que no podían salir, rodeados por policías y fueron trasladados a las sedes de evaluación en camiones o helicópteros de la policía, señalaron las legisladoras de izquierda.
Mencionaron que en las sedes de evaluación los problemas logísticos fueron la constante: falta de computadoras, de conectividad a internet y de personal capacitado por el Instituto Nacional de Evaluación, mientras que la presencia intimidante de policías de seguridad privada, vestidos de negro, intentó mantener el orden y la disciplina de los maestros.
Las medidas coercitivas y de represión no tuvieron el éxito deseado, fue necesario trasladar y alojar a 3.5 policías federales por cada profesor que presentó examen, sin contar el despliegue de policías estatales y de seguridad privada, sostuvieron las diputadas de Morena.
El clima de represión e imposición de los exámenes de evaluación al desempeño docente en nada contribuyeron a mejorar el sistema educativo, por el contrario, incrementaron la crispación y rechazo del magisterio hacia la reforma educativa, afirmó Nahle García.
Aseveraron que desde su aprobación la reforma educativa no goza de la aceptación y el consenso de la comunidad educativa, recientemente el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Enrique Graue Wiechers señaló que las modificaciones constitucionales en materia de educación impulsadas por el gobierno de Enrique Peña Nieto no son una reforma educativa.
Para el rector de la máxima casa de estudios de la nación, únicamente son cambios en la forma de evaluar y contratar a los profesores, además de afirmar que una verdadera reforma deberá atender, en una siguiente etapa, el modelo y los contenidos educativos.
En el mismo sentido -recalcaron- que la mayoría de los investigadores educativos asistentes al XIII Congreso Nacional de Investigación Educativa realizado en Chihuahua, durante el mes de noviembre, firmaron un documento en el que señalan:“La reforma emprendida por la actual administración carece de un proyecto educativo que la guíe y le dé sustento, se reduce a un conjunto de modificaciones legales para la administración del sistema escolar, se limita a regular las condiciones laborales del magisterio, a través de procedimientos de evaluación”.
“Además de tener un carácter punitivo, los criterios y las prácticas de evaluación son imperfectas y poco confiables y ponen en juego las condiciones de vida de cientos de miles de maestras y maestros”, manifestaron los expertos.
Afirmaron que la reforma se ha fincado en la estigmatización del magisterio, los cambios se han realizado sin la participación ni la consulta a los maestros, por el contrario, se les desautorizó socialmente y se le condujo a una situación límite: someterse o perder el empleo.
Finalmente, concluyen que ni la violencia, ni la administración selectiva de la justicia con fines políticos, son formas adecuadas para resolver la gran polarización que ha provocado la reforma gubernamental.
























































































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