Urgente Legislar el tema de drogas, ante el incremento de encarcelamientos por posesión y consumo: V

Investigadores y académicos, hicieron un llamado al Congreso de la Unión a abrir el debate para descriminalizar el uso de la marihuana, luego de que estudios recientes revelaron que entre diciembre del 2006 y diciembre del 2014, la población recluida en centros penitenciarios federales por delitos contra la salud aumentó en 1.200%, es decir, el 60 % de las personas presas en cárceles de nueve entidades federativas, han sido consignadas por delitos relacionados por posesión y consumo de cannabis.

Durante el foro “Personas privadas de la libertad por drogas en América Latina: costos sociales de la política de drogas”, el diputado federal de Morena, Vidal Llerenas Morales, adelantó que presentará una iniciativa en la materia, que busque atacar el tema de criminalización, al asegurar, que es inaceptable que haya miles de personas en las cárceles mexicanas por posesión y uso de marihuana.

Adelantó que su propuesta de ley dará seguimiento a la que presentó en la Asamblea Legislativa, y confió en que los diferentes partidos políticos estudien y analicen la problemática para no congelar la iniciativa, tal como ocurrió en la VI Legislatura de la ALDF.

Catalina Pérez Correa, profesora del CIDE y coordinadora del proyecto Colectivo de Estudios Drogas y Derecho (CEDD), explicó que a nivel nacional y mundial, existen importantes esfuerzos para regular el cannabis y sacar a los consumidores el ámbito penal, no obstante, en México continúan respondiendo ante el tema del consumo con el uso de las cárceles.

Cabe mencionar que los nuevos estudios del CEDD han mostrado que a pesar del debate en América Latina sobre la necesidad de repensar las políticas de drogas, el encarcelamiento masivo por delitos de drogas no violentos y de bajo nivel ha aumentado no sólo en México, sino a nivel regional. Dichos informes, serán presentados en la Cámara de Diputados junto con el Programa de Política de Drogas del CIDE.

“En su conjunto los datos que se presentan muestran problemas como la feminización de los delitos de drogas, la criminalización y estigmatización de los jóvenes por la política de drogas y el importante costo social implícito en el uso del derecho penal y el encarcelamiento para atender el problema de las drogas. Mientras los líderes de la región discuten reformas como alternativas al encarcelamiento, el porcentaje de las personas encarceladas por estos delitos en relación al total de la población en sus cárceles siguen en aumento”, señaló el diputado Vidal Llerenas.

“En la mayoría de los países de América Latina estudiados, uno de cada cinco personas en prisión está por delitos de drogas, además la población encarcelada por drogas en varios de esos países ha aumentado en mayor proporción que la población penitenciaria en general, sin embargo eso no tiene ningún impacto en el negocio de las drogas dado que las personas en prisión por este delito son actores menores del tráfico, fungibles y en situaciones de vulnerabilidad”, explicó, Alejandro Corda, investigador del CEDD de Argentina.

La experiencia colombiana revela que este porcentajecasi se cuadriplicó en los últimos 14 años, aumentando de 6.263 personas en 2000 a 23.141 en 2014. En Brasil, el número de personas encarceladas por delitos de drogas creció 320% entre 2005 y 2012, en contraste a un incremento de 51% para la población carcelaria en general.

Los informes también destacan un crecimiento preocupante de mujeres encarceladas por delitos de drogas. Según el estudio, en Argentina, el 65 por ciento de las mujeres encarceladas están en prisión por delitos de drogas. En Costa Rica y en el Perú, los porcentajes son 75.46 y 60.6 respectivamente. La gran mayoría son madres solteras, jóvenes y personas de bajos recursos y frecuentemente pertenecen a minorías étnicas.

Según Coletta Youngers, Asesora Principal en WOLA y miembro de la CEDD, “Las sentencias largas e injustas han tenido un efecto particularmente negativo en las mujeres, cuyo encarcelamiento viene creciendo, y refuerzan las condiciones de vulnerabilidad de sus hijas e hijos”.