Pablo Trejo solicita a la COMAR reforzar sus acciones en la CDMX

18 / 06 / 2025

• En 2024, más de 14,300 personas solicitaron asilo en la Ciudad de México, convirtiéndola en el segundo destino nacional, señala

• Una encuesta realizada en 2024 por el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) reveló que 45% de las personas encuestadas en México no sabe distinguir entre un migrante y un refugiado, mencionó el legislador

Con el fin de fortalecer la atención y la protección de los derechos humanos de personas refugiadas y solicitantes de asilo en la capital del país, Pablo Trejo Pérez, diputado del PRD en el Congreso de la Ciudad de México, presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México una proposición con punto de acuerdo para exhortar a la titular de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) a reforzar la implementación de programas de difusión y promoción de derechos humanos en la entidad.

En el contexto del Día Mundial del Refugiado –el cual se celebra el 20 de junio– el legislador destaca en el documento la necesidad urgente de fortalecer el conocimiento y respeto de los derechos de las personas en situación de refugio, en especial en contextos urbanos como la Ciudad de México, que se ha consolidado como uno de los principales destinos para quienes buscan protección internacional.

El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) define a las personas refugiadas como aquellas que se han visto obligadas a abandonar su país de origen y han solicitado protección en otro país.

Durante 2024, México recibió más de 80 mil solicitudes de asilo, de las cuales 14,300 fueron registradas en la Ciudad de México, colocándola como el segundo destino del país con mayor número de solicitantes.

El punto de acuerdo subraya que, desde la creación de la COMAR en 1980, México ha ratificado instrumentos internacionales clave como la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, publicados oficialmente en 2000.

Estos instrumentos obligan al Estado mexicano a garantizar una serie de derechos fundamentales, como el acceso a una vivienda digna, el derecho al empleo, a la libertad religiosa y a no ser discriminados por motivos de raza, religión o nacionalidad.

Esta realidad refleja el compromiso histórico de México como país de acogida, pero también plantea desafíos significativos en materia de atención integral, integración social y garantía de derechos.

El punto de acuerdo subraya que, desde la creación de la COMAR en 1980, se han ratificado instrumentos internacionales clave, los cuales obligan al Estado mexicano a garantizar una serie de derechos fundamentales, como el acceso a una vivienda digna, el derecho al empleo, a la libertad religiosa y a no ser discriminados por motivos de raza, religión o nacionalidad.

El exhorto presentado por el diputado del Distrito 15 en Iztacalco se encuentra sustentado en diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de la Constitución de la Ciudad de México. Estas disposiciones reconocen el derecho al asilo y establecen que la ciudad debe ser un espacio abierto y seguro para personas desplazadas y refugiadas.

Asimismo, se hace referencia al artículo 147 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, que otorga a la COMAR la facultad de establecer acciones estratégicas para la promoción de los derechos humanos de personas solicitantes, refugiadas y extranjeras con protección complementaria.

A pesar de estos avances legales, el legislador señala que persiste un desconocimiento en la población sobre la situación de las personas refugiadas. Una encuesta realizada en 2024 por la ACNUR reveló que 45% de las personas encuestadas en México no sabe distinguir entre un migrante y un refugiado, lo que refleja la urgencia de campañas informativas y educativas al respecto.

En la proposición se solicita, de manera respetuosa, que la Coordinación General de la COMAR refuerce sus acciones en la Ciudad de México, de acuerdo con su suficiencia presupuestal, para implementar programas que contribuyan a visibilizar los derechos de las personas en situación de refugio y generar entornos más incluyentes, libres de discriminación y con enfoque de derechos humanos.

La propuesta fue turnada a la Comisión de Gobierno y Políticas Públicas para su análisis y discusión en el Pleno.