PVEM va contra acoso judicial a periodistas, activistas y disidentes en la CDMX

02 / 05 / 2026

• Las reformas al Código Civil capitalino, en materia de libertad de expresión, buscan que el sistema judicial no sea usado para intimidar y censurar

Para evitar que el acoso judicial sea utilizado para intimidar y censurar a periodistas, activistas y disidentes, la diputada del PVEM, Yolanda García Ortega, presentó ante el Congreso de la Ciudad de México una iniciativa de reformas a diversas disposiciones del Código Civil capitalino, en materia de protección a la libertad de expresión.

“Defender la libertad de expresión no siempre es cómodo. Sin embargo, la ausencia de criterios ha permitido que el daño moral sea utilizado como herramienta para inhibir las voces críticas”, subrayó la legisladora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

En la Sesión Ordinaria del pasado miércoles, afirmó que la libertad de expresión es uno de los pilares de toda democracia y un derecho humano que permite ejercer otras garantías.

Sin embargo, lamentó que actualmente existe una amenaza silenciosa y profundamente peligrosa, que es el uso del sistema judicial para censurar a quienes piensan distinto.

Al respecto, aseveró que la censura a quienes ejercen el periodismo o son activistas en la Ciudad de México no sólo se impone a través de la violencia física, sino también con demandas civiles desproporcionadas, procesos jurídicos largos y costosos, y sentencias que generan la autocensura.

“Cuando una sociedad deja de cuestionar, cuando el miedo sustituye a la crítica y cuando la ley se usa para callar en lugar de proteger, entonces deja de ser plenamente libre”, expuso desde la tribuna.

Detalló que en muchos casos se recurre al sistema judicial para silenciar a periodistas y disidentes, en particular a las demandas estratégicas contra la participación pública, mejor conocidas como SLAPPs (por sus siglas en inglés).

“Son demandas que no buscan justicia; no buscan reparar un daño; no buscan proteger derechos. Buscan intimidar; buscan desgastar; buscan callar. Se utilizan contra periodistas; contra activistas; contra personas defensoras de derechos humanos, y contra cualquier voz incomoda”, reclamó.

En ese contexto, dio a conocer que en 2025 se registraron 51 casos de acoso judicial en México, lo que significa un aumento del 143 por ciento respecto al año anterior, y que nueve de ellos ocurrieron en la capital del país, ubicándola entre las entidades con mayor incidencia.

“Cuando opinar puede costarte tu patrimonio; cuando investigar puede significar años en tribunales; cuando opinar o criticar puede salir más caro que callar, entonces la libertad de expresión deja de ser real”, afirmó la representante popular.

Al respecto, García Ortega precisó que la iniciativa de reformas al Código Civil capitalino busca que la opinión, crítica, sátira y el debate sobre asuntos de interés público no sean considerados como daño moral.

Además, que se proteja el ejercicio periodístico realizado con “diligencia razonable”, reconociendo tu papel fundamental en la vida pública, e incorporar un principio clave para que las indemnizaciones sean proporcionales, razonables y no punitivas, y que en ningún caso puedan generar un efecto inhibitorio.

Señaló que también se pretende establecer criterios obligatorios para que los jueces puedan distinguir entre hechos y opiniones, y personas públicas y privadas. También para proteger el discurso de interés público y aplicar la máxima protección a la libertad de expresión.

Tras concluir la participación de la diputada Yolanda García, la Mesa Directiva del Congreso capitalino informó que la iniciativa de reformas al Código Civil local sería turnada a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, para su análisis y dictamen.