TSJCDMX pide 17 mil 345.1 mdp para 2026 al Congreso CDMX

03 / 12 / 2025

• Desde el año 2020 se tiene un déficit presupuestal en el Poder Judicial local

Con el fin de destinar a acciones permanentes como nómina, proyectos de inversión y servicios personales, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia local (TSJCDMX), Rafael Guerra Álvarez, solicitó al Congreso de la Ciudad de México para el año fiscal 2026 un presupuesto total de 17 mil 345.1 millones de pesos.

En su mensaje inicial, la presidenta de la comisión, Valentina Valia Batres Guadarrama, expresó que este acto de rendición de cuentas fomenta una administración pública abierta y con responsabilidad, que responde a las necesidades sociales y prioriza las áreas claves para el desarrollo.

El magistrado del TSJCDMX indicó que también se utilizaría para 91 proyectos especiales; seguimiento de la reforma constitucional judicial, creación del Tribunal de Disciplina Judicial y órgano de administración judicial, implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, reestructuración del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses del Centro de Justicia Alternativa, creación de la Dirección General de Procedimientos Judiciales, y desarrollo de acciones para la modernización y fortalecimiento de tecnologías de la información, entre otras.

“Año con año, el presupuesto asignado ha sido deficitario de origen, lo que ha derivado en ampliaciones líquidas históricamente”, expresó.

Además, expuso que necesitan aumentar las unidades de gestión y e l número de jueces y como ejemplo citó que con la reforma constitucional se tenían que crear 16 juzgados de justicia de tutela de derechos humanos, de los cuales se han creado 12, y ocho juzgados laborales bifuncionales, es decir, que los jueces que eran de materia penal se les capacitó y también manejan la materia de tutela de derechos, pero con un solo sueldo.

En cuanto, al actual presupuesto 2025, expresó que al 15 de noviembre se registra una asignación modificada de 7 mil 811.9 millones de pesos, con un presupuesto ejercido de 6 mil 390.1 millones de pesos y un comprometido por mil 413.6 millones, de los cuales, mil 002.5 millones corresponden a servicios personales y 411.1 millones de pesos a gastos de operación, lo que deja un disponible real de 8.2 millones de pesos.

Recordó que en el ejercicio fiscal 2019 se devolvieron 70 millones de pesos, sin embargo, a partir del año 2020 a la fecha se presenta un déficit, aún así, en las auditorías en las que se ha analizado la situación financiera no se han realizado observaciones, por lo que consideró que aún con déficit las finanzas del Poder Judicial son sanas, y reiteró que necesitan más presupuesto para terminar de consolidar la reforma constitucional judicial.

Tras afirmar que la gestión realizada ha respondido a los retos con compromiso y trabajo de calidad, Diana Sánchez Barrios, la diputada de la  Asociación Parlamentaria Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente) preguntó por el impacto presupuestal derivado de la reforma presupuestal, así como el proyecto para implementar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y el número de juzgados de tutela iniciados.

Llamó a apoyar presupuestalmente al poder judicial para garantizar la impartición de justicia.

El diputado de la Asociación Parlamentaria Progresista de la Transformación, Alejandro Carbajal González, expresó su preocupación por el déficit presupuestal que tiene el TSJCDMX desde el 2020, que es 651 mdp, y ha derivado en movilizaciones y paros de las y los trabajadores, aunado a las secuelas de la pandemia.

Reconoció avances como la creación de la Unidad Violeta y capacitación al personal, e invitó a las personas legisladoras a respaldar su proyección fiscal para 2026.

Destacó que sigue existiendo una alta demanda de servicios en el ámbito laboral y se cuenta con personal insuficiente, con sólo 10 juzgados.

Nora Arias Contreras, legisladora del PRD, señaló que el TSJCDMX resuelve los conflictos más sensibles de la vida civil, familiar, mercantil y laboral.

Afirmó que “es necesario asegurar que cada peso contribuya a una justicia más rápida, profesional y accesible”.

En relación con los 20 programas presupuestarios expuestos, preguntó cuáles son prioritarios; en qué consiste el Programa de Derechos Humanos y de Igualdad Sustantiva, y cuánto presupuesto se destinará al capítulo 5000, referente a la infraestructura tecnológica.

La diputada del PRI, Tania Nanette Larios Pérez, mencionó la necesidad de tener un mayor compromiso para que el TSJ local tenga los recursos necesarios para poder seguir con su trabajo, ya que se necesita presupuesto y acciones, no sólo discursos.

Preguntó qué tanto afectará el déficit presupuestal y si podrán realizar sus tareas actuales; pidió “pensar en las y los trabajadores de base que hacen posible las resoluciones judiciales que le otorgan el acceso a la justicia en todas las materias”, por lo que deben considerarse los incrementos salariales, aguinaldo y otras prestaciones.

Luisa Fernanda Ledesma Alpízar, legisladora del MC, reconoció la labor del poder judicial en la defensa de los principios de legalidad, certeza e imparcialidad. Preguntó cuándo concluirá la instalación de los juzgados de tutela de derechos humanos; cuánto costará la implementación de estos 13 juzgados y 13 salas de audiencia, así como la creación de 40 tribunales laborales, 25 salas de audiencia y una unidad de apoyo tecnológico; los avances en el desarrollo de la justicia digital y cuánto se requiere para arrendamiento de inmuebles; y apoyó la asignación de los recursos necesarios para ejecutar proyectos que beneficien al Poder Judicial.

La diputada del PT, Jannete Elizabeth Guerrero Maya, señaló que la justicia de la capital debe fortalecerse, por lo que se requieren recursos suficientes para avanzar hacia el nuevo sistema; solicitó información sobre el presupuesto que se destinará a servicios necesarios para que funcionen áreas del tribunal, sobre los proyectos que se apoyarán con el aumento presupuestal requerido para el capítulo 6000.

Pidió más detalles de lo que realmente hace el TSJ para que la ciudadanía esté informada, y cuántos modelos de impartición de justicia se tienen.

Jesús Sesma Suárez, legislador PVEM, felicitó al magistrado por su continuidad al frente del TSJ, por “sostener la independencia judicial, como piedra angular del Estado democrático”, y por haber ejercido 99 por ciento del presupuesto; al tiempo preguntó por las acciones que dejaría de realizar si no le son asignados los recursos solicitados para la implementación del Código Nacional de Procedimiento Civiles y Familiares; y qué proyectos prevén financiar con mil 323 mdp para el capítulo 5000.

La diputada del PVEM, Rebeca Peralta León, preguntó por el gasto de operación estimado y del monto del proyecto de presupuesto que representa para el TSJ y el Consejo de la Judicatura. Felicitó la reelección del magistrado presidente y reconoció la labor de todo el personal, por lo que pidió un presupuesto justo.

Diego Orlando Garrido López, legislador del PAN, felicitó al magistrado presidente por su triunfo en la reelección. Señaló que, en los últimos seis años el Congreso local ha otorgado 50 por ciento menos del presupuesto que solicita el TSJ local, y externó su preocupación de que la Secretaría de Finanzas considere otorgarle nuevamente menos de lo solicitado, y preguntó cómo enfrentaría no contar con el recurso requerido.

El diputado del PAN, Ricardo Rubio Torres, observó que, si bien hay un buen avance en el gasto en lo que va del año, hay un importe insuficiente para cubrir compromisos como aguinaldo, impuestos o prestaciones de fin de año, así como los de orden fiscal, por lo que se debe conocer la alternativa para subsanar esta situación; preguntó sobre la perspectiva que se tiene de la posibilidad de que le sean otorgados los recursos solicitados para 2026.

Alberto Martínez Urincho, legislador de Morena, reconoció el trabajo del titular, por su liderazgo y buen equipo de trabajo que lo rodea. Preguntó el costo de la nueva estructura del Poder Judicial, y por qué la reforma Constitucional implica un aumento significativo para la operación del Poder Judicial, y cuántos trabajadores laboran en el TSJ, y cuánto estiman en el gasto del rubro de servicios personales.

Cuestionó sobre el trato presupuestal que se da al Instituto de Servicios Periciales y Ciencia Forenses; expresó su preocupación de que se posponga la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares; y preguntó si ya concluyeron las obligaciones con las indemnizaciones y retiros de personas magistradas y jueces.