CNDH solicita TecNM implementar protocolo para atender violencia en contra mujeres
- Voz de la Sociedad
- 18 dic 2023
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18 / 12 / 2023
Deberá sensibilizar y capacitar al personal encargado de operar el protocolo, con el fin de que la atención a las víctimas de violencia sea diligente y adecuada, evitando en todo momento su revictimización y velando por las medidas de protección correspondientes
Luego de comprobar la omisión en la atención a la reiterada violencia que sufrió una alumna del Instituto Tecnológico de Durango (IT Durango) por parte de un compañero de estudios, situación que le causó perturbaciones psicológicas y la orilló a abandonar sus estudios, con lo que se comprobó la ausencia de un protocolo específico para la atención de casos de violencia entre pares por razones de género, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 214/2023 al Tecnológico Nacional de México (TecNM).
En su queja, presentada el 18 de octubre de 2022, la estudiante manifestó que desde hacía varios meses venía sufriendo actos de violencia física y psicológica por parte de un compañero de su salón de clases, quien empezó con burlas simples y, posteriormente, la golpeó con el puño, hasta que un día la sostuvo del cuello con su mano y la levantó, dejándola suspendida por unos segundos.
El 7 de septiembre de 2022, le practicó la “llave china” y la intimidó diciéndole que podía matarla con esa acción. Después de estos hechos, la víctima informó a las autoridades del IT Durango, quienes no actuaron para salvaguardar su vida e integridad física y psicológica, lo que provocó que fuera diagnosticada clínicamente con depresión y ansiedad, además de que padeció crisis convulsivas.
El 5 de octubre de 2022, la víctima fue citada en la sala de juntas del IT Durango, donde dos personas servidoras públicas adscritas a esa institución le “insinuaron” darse de baja para atender sus problemas de salud mental, razón por la cual perdió el interés en acudir a la escuela, con miedo a las acciones que pudiera realizar el agresor en su contra.
Aunado a lo anterior, tampoco recibió el apoyo adecuado para que pudiera continuar con sus estudios de ingeniería en un ambiente seguro y libre de violencia, lo que provocó que dejara de asistir a clases.
En la integración de la queja, la Comisión Nacional acreditó la existencia de un daño psicológico en la víctima, relacionado con los hechos. También se determinó que hubo una constante falta de apoyo por parte del personal de la institución educativa, lo que generó una afectación en su estado emocional, limitó su desarrollo e impactó en su proyecto de vida, ya que dejó de asistir a clases y perdió el semestre.
Dentro de las evidencias analizadas obra un certificado de lesiones emitido el 2 de febrero de 2023, en el que se certificó que la víctima presentó dolor en el cuello derivado del ataque de su agresor; y se le diagnosticó esguince cervical, lo cual fue confirmado por el Servicio de Traumatología y Ortopedia del Hospital General 450 de la Secretaría de Salud de Durango.
Además, la víctima debió enfrentar que su agresor continuó asistiendo a clases, un indicativo de que no se le otorgaron las facilidades y el ambiente adecuado para cursar el semestre enero-junio de 2023 en un ambiente seguro y libre de violencia.
A partir de los informes que rindió el TecNM a esta Comisión Nacional, se determinó una responsabilidad institucional, ya que dicho órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública (SEP) no cuenta con un protocolo específico para la atención de casos de violencia entre pares por razones de género, por lo que la víctima no recibió la atención adecuada para la atención de casos de violencia contra las mujeres en centros educativos.
Las personas servidoras públicas que participaron en los hechos dejaron de observar, respetar y garantizar el derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia, pues sus acciones y omisiones afectaron y siguen afectando los derechos de la víctima, al no haber accedido a procedimientos que permitieran prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia física y psicológica de que fue objeto.
Con base en los hechos comprobados, la CNDH recomendó al TecNM que proceda a la inmediata reparación integral del daño de la víctima, la cual deberá incluir la medida de compensación, previa gestión de su inscripción en el Registro Nacional de Víctimas.
Asimismo, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) deberá brindarle la atención médica, psicológica y psiquiátrica que requiera, así como realizar las acciones necesarias para que, en caso de que sea su voluntad, la víctima retome sus estudios en el IT Durango, garantizando que su proceso educativo se lleve a cabo en un ambiente libre de violencia, donde no tenga relación docente-alumna con las personas servidoras públicas que le “sugirieron” dejar la escuela para atender su salud mental.
El TecNM también tendrá que colaborar ampliamente en la presentación y seguimiento de la denuncia administrativa que se interpondrá en el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública en contra de las personas servidoras públicas que incurrieron en las conductas y omisiones descritas.
Como medidas de no repetición, se deberá establecer un Protocolo para la prevención y atención de casos de violencia contra las mujeres e impartir un curso en materia de derechos humanos. El Protocolo será aplicable a todos los Institutos Tecnológicos Federales y áreas administrativas que forman parte del TecNM; mientras que, el curso, se dirigirá a todas las personas titulares de los Institutos Tecnológicos Federales que forman parte de dicha institución, en materia de violencia contra las mujeres y los deberes de las autoridades para prevenirla, atenderla, investigarla, sancionarla y erradicarla.
En el mismo sentido, el TecNM deberá implementar una campaña de difusión permanente sobre el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, con el fin de que todas las mujeres al interior de los Institutos Tecnológicos y áreas administrativas conozcan sus derechos, el deber de las autoridades de atenderlas y los mecanismos para presentar quejas o inconformidades ante dicho centro educativo.
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