CNDH propone un Presupuesto de 1,650.8 mdp para 2027, una reducción de 168.9 mdp

14 / 09 / 2026

• Con esta optimización administrativa en el área de servicios personales, el organismo garantizará que la mayor parte de sus recursos (68%) se destinen directamente a la atención, defensa y protección de las y los ciudadanos

• CNDH sigue demostrando así, que la austeridad en este tiempo es no sólo obligación legal sino acicate de transformación y mejores resultados 

Como lo ha venido haciendo desde el inicio de la gestión Rosario Piedra Ibarra, en ejercicio de su autonomía constitucional, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sigue avanzando en la construcción de un nuevo modelo de defensa de los derechos humanos, más eficiente y menos oneroso para el pueblo, por lo que propuso una reducción de su presupuesto para el ejercicio fiscal 2027 que consolida la nueva ruta.

El presupuesto propuesto por esta CNDH para 2027 asciende a 1,650.8 millones de pesos, lo que representa una reducción de 168.9 millones de pesos (9.28% nominal) respecto a los 1,819.8 millones aprobados para 2026.

Al considerar la estimación de inflación del 3% establecida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en los Pre-Criterios Generales de Política Económica, el ajuste equivale a una disminución real de entre 12% y 13% (aproximadamente 223 a 225 millones de pesos). Y lo importante es que este ajuste presupuestal se concentra principalmente en el rubro de servicios personales, por lo que no compromete las funciones sustantivas de la institución.

La disminución del gasto en el proyecto presupuestal que hicimos llegar a la SHCP y ahora está en el Congreso, obedece a un plan interno profundamente sustentado; es el resultado de un análisis riguroso sobre el ejercicio de nuestro presupuesto y a la vez de nuestras funciones; la experiencia acumulada en los últimos 6 años, y una respuesta clara a la exigencia de la ciudadanía de contar con instituciones que le cuesten menos pero, a la vez, tengan mejores resultados, reclamo que comparte plenamente la presente administración.

La siguiente gráfica evidencia el adecuado ejercicio de los recursos asignados a la CNDH en los últimos 7 años, adoptando la austeridad republicana como política institucional y aplicando los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, transparencia, control y rendición de cuentas:

Este ajuste responde a una convicción institucional que nos anima y apoyamos todas y todos quienes integramos esta Comisión Nacional. Eso es lo que nos ha permitido demostrar que la protección y defensa de los derechos humanos no depende del crecimiento permanente del gasto ni del tamaño de la burocracia, sino del compromiso y entrega del personal, desde los altos mandos hasta los niveles operativos y de intendencia, que ha permitido hacer ahorros y orientar la mayor parte de los recursos públicos hacia funciones sustantivas, de forma tal que para 2027, como ha sido en los últimos tres años, aproximadamente el 68% de los recursos proyectados se destinará a actividades de atención, protección y defensa de los derechos humanos. En 2019 aproximadamente 54% del presupuesto se destinaba a esas actividades.

Esta propuesta ha sido posible gracias a una planeación hecha desde la óptica de los derechos humanos; de la revisión del ejercicio presupuestario de los 6 últimos años, y de la transformación administrativa emprendida desde el inicio de la gestión actual.

Su propósito ha sido adecuar el presupuesto de la Comisión Nacional a las necesidades reales de operación, eliminando duplicidades y plazas innecesarias, y orientando una mayor proporción de los recursos públicos hacia las funciones que benefician directamente a las personas.

La austeridad republicana como compromiso institucional para elevar la eficiencia y mayor apoyo a la función sustantiva en la CNDH.

Desde 2020, la CNDH inició una profunda transformación institucional orientada a erradicar dinámicas burocráticas, privilegios y excesos administrativos y estructuras sobredimensionadas que históricamente absorbieron recursos públicos destinados a la atención del pueblo. 

Hoy, los resultados demuestran que la austeridad republicana no solo es un principio ético, sino un modelo operativo viable que fortalece nuestra capacidad de gestión.

En 2019, la CNDH operaba con una plantilla de 1,926 personas (1,770 servidoras públicas y 156 plazas subcontratadas mediante outsourcing). Actualmente, la institución opera de manera eficiente con menos de 1,500 personas servidoras públicas.

Esta reducción estructural ha sido posible gracias a la consolidación de un modelo basado en la calidad y eficiencia como condición de permanencia en los puestos, en el estricto cumplimiento de los perfiles adecuados para las tareas, en la erradicación del nepotismo, la violencia y todas las formas de corrupción, y en la evaluación permanente del trabajo en función de los resultados, un ejercicio altamente demandante que ha sido posible gracias, hay que insistir, al compromiso de quienes integran hoy la Comisión.

Por eso, la principal adecuación propuesta para el ejercicio 2027 se concentra en el capítulo de Servicios Personales (Capítulo 1000), sobre el que se plantea un techo presupuestal de 1,233.9 millones de pesos, en comparación con los 1,467.4 millones autorizados en 2026, es decir, una reducción de 233.5 millones de pesos, equivalente a un decremento de casi el 16%.

Lo anterior está respaldado por el comportamiento histórico y se sustenta en la evidencia operativa de los últimos años. 

En 2024, la CNDH ejerció 1,128 millones de pesos frente a los 1,395 millones autorizados; mientras que en 2025 ejerció aproximadamente 1,103 millones de un presupuesto aprobado de 1,411 millones.

Estas cifras prueban objetivamente que el organismo ha mantenido su operatividad con niveles de gasto en servicios personales sustancialmente menores a los presupuestados, generando economías reales sin comprometer su mandato constitucional. Porque los resultados de esta CNDH, en comparación con la del pasado, son mucho mayores y mejores en todos los aspectos de cumplimiento de su misión constitucional, algo de lo que año con año ha dado cuenta la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, en sus informes al Congreso.

Además de lo anterior, es de destacar los criterios que han regido todos los ajustes de justicia laboral y de redistribución del ingreso; porque la austeridad presupuestal no se ha traducido en precarización para la base operativa, sino todo lo contrario, en su mejora.

En congruencia con el fortalecimiento de las tareas sustantivas de protección y defensa, entre 2020 y 2026 se consolidó una variación salarial acumulada al alza del 43% para el personal operativo y del 30% para las personas visitadoras adjuntas.

En contraste, las percepciones de los altos mandos han permanecido prácticamente congeladas, registrando una disminución nominal acumulada cercana al 3% durante el mismo periodo.

En cuanto a los reintegros efectuados a la Tesorería de la Federación por concepto de ahorros, es de mencionar que, gracias a eso, se han podido ofrecer apoyos a la atención de la población afectada por el COVID y por desastres naturales, en total $170 MDP, y se han devuelto además importes de hasta $382.3 MDP para el ejercicio 2020, descontando el apoyo para la emergencia sanitaria, y de $210.5 MDP en 2025, descontando los apoyos a la población por el huracán Otis.

Es importante destacar, además, que el total de los recursos devueltos a la TESOFE, en los últimos 6 años, asciende a la cantidad de 1,460.9 MDP, que representan, en conjunto, aproximadamente, el presupuesto ejercido por la CNDH para un año. De ese tamaño es el esfuerzo realizado.

Hay que reiterar que esta transformación institucional forma parte del nuevo modelo de defensa de los derechos humanos que venimos impulsando desde hace 6 años. A diferencia del modelo que nos heredaron los neoliberales, centrado primordialmente en la atención reactiva de las quejas y en la emisión de recomendaciones testimoniales, meramente simbólicas porque no son vinculantes; ante esas limitaciones y deficiencias, la actual administración ha impulsado una nueva visión que privilegia la prevención y el acompañamiento permanente a las víctimas.

La emisión de recomendaciones sigue siendo, desde luego, una herramienta fundamental, pero ahora hemos fortalecido significativamente los mecanismos de atención, protección y atención a víctimas con acciones orientadas, sobre todo, a evitar que las violaciones ocurran y/o se repitan, y a construir soluciones, en conjunto con las autoridades, que reduzcan de manera efectiva las quejas, es decir las violaciones a derechos humanos. Porque queremos ser un organismo público realmente defensor, que incida y que coadyuve a eliminar las violaciones a derechos humanos en México, no que simplemente las administre.

La experiencia de los últimos años demuestra que vamos en la ruta correcta y también que la austeridad no ha significado una disminución de la capacidad institucional. Por el contrario, al mismo tiempo que hemos avanzado en lo anterior, la Comisión ha alcanzado en la presente gestión los niveles más altos de emisión de recomendaciones y acciones de inconstitucionalidad de toda su historia.

Esta propuesta presupuestal, cuya aprobación está en manos del Congreso, representa un ajuste histórico, porque además de ser voluntaria, se ha construido a partir de un compromiso ineludible con el tiempo que vivimos.

En un análisis comparativo entre los Ramos Autónomos, la CNDH se posiciona como la única institución que plantea una disminución efectiva de sus recursos, con una reducción nominal de 168.9 millones de pesos (9.3% menos respecto al presupuesto aprobado para 2026), equivalente a un ajuste real cercano al 13% (225 MDP menos al considerar la inflación estimada).

En contraste, el resto de los órganos autónomos proyectan incrementos en sus presupuestos para 2027:

• Instituto Nacional Electoral (INE): Registra la mayor elevación al pasar de $21,837.2 a $42,274.5 millones de pesos, un incremento de $20,437.3 MDP (+93.6%).

• Fiscalía General de la República (FGR): Contempla un aumento nominal de $653.2 millones de pesos (+3.2%).

• Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI): Contempla un incremento nominal de $8.5 millones de pesos (+0.07% en términos reales).

  
  

Frente a lo cual, esta Comisión Nacional ratifica su voluntad de seguir siendo referente de la transformación nacional y acreditar con hechos el compromiso ético de administrar los recursos del pueblo con la máxima eficiencia, demostrando que la efectividad de la defensa de los derechos humanos radica en la orientación rigurosa del gasto hacia lo que es sustantivo y no en