Urge elevar a rango constitucional prohibición apoyos económicos con fines electorales
14 / 02 / 2021
En 2020 los legisladores incluyeron en la Constitución los programas sociales del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ahora, es urgente que en el mismo artículo 4º de la Carta Magna se prohíba expresamente que esos apoyos económicos sean utilizados con fines electorales, demanda la diputada federal del PRI, Claudia Pastor Badilla.
Mediante una iniciativa de ley se propone adicionar un párrafo al artículo referido, a fin de precisar que la entrega de apoyos económicos a personas con discapacidad permanente, adultos mayores y becas a estudiantes de todos los niveles de educación pública, no sean utilizados para inducir o coaccionar el voto ciudadano a favor o en contra de cualquier partido político, candidatos o algún otro fin electoral.
“En las últimas semanas se ha hecho público que una gran parte del padrón electoral -que es beneficiario de los principales programas en materia de bienestar, como adultos mayores y discapacitados- ha sido la población objetivo del Gobierno federal para aplicar las vacunas y esto puede constituir nuevamente una conducta infractora y de propaganda electoral de Morena por medio de los denominados Servidores de la Nación que lejos de ser empleados públicos, fungen como reclutadores políticos a favor del partido del Presidente de la República”, advierte.
La secretaria de la Comisión de Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias, recuerda que los programas de asistencia social se nutren de recursos públicos, por lo que su utilización, administración, distribución y destino deben ajustarse a las reglas de operación de los artículos 41 y 134 constitucionales y a las leyes secundarias que regulan esa materia.
Pastor Badilla die que “influir en la contienda electoral supone un acto gravísimo y esta iniciativa abonará a erradicar ese tipo de conductas y permitirá el ejercicio libre y genuino del voto, al igual que ayudará a desterrar prácticas que atentan contra la libertad y autenticidad del sufragio, así como al adecuado desarrollo de la función pública electoral”.
Finalmente, señala que con base a denuncias presentadas, existen criterios del Tribunal Electoral que señalan actuaciones que constituyen un claro ejemplo del uso de programas sociales para fines electorales, y que de manera oportunista se está montando un falso escenario ante las y los mexicanos, a fin de perfilar y promocionar al partido mayoritario como responsable de la vacunación que nos ayudará a superar la pandemia del COVID-19.
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