Severa crisis de violencia en contra de periodistas: CDHZL
24 / 01 / 2022
El clima de impunidad e inseguridad se recrudece en el país
Suman tres comunicadores asesinados en lo que va del año
En México se vive una crisis de violencia inédita en contra de periodistas y defensores de los derechos humanos, también de integrantes de pueblos originarios y comunidades indígenas, advierte el Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero”.
José Antonio Lara Duque se mostró preocupado ante el clima de impunidad e inseguridad que en los últimos meses se recrudece para los representantes de la libertad de prensa y los defensores de las garantías individuales en nuestro país.
“Basta recordar la serie de agresiones que han sido sujeto periodistas en los últimos días; el asesinato perpetrado en contra de Lourdes Maldonado en la ciudad de Tijuana; en la misma entidad, pero el 17 de enero, le fue arrebatada la vida al comunicador gráfico Margarito Martínez Esquivel; y el asesinato del periodista veracruzano José Luis Gamboa”.
“En lo que llevamos del año —apenas 24 días— suman tres comunicadores asesinados, y 52 en lo que va de la actual administración de Andrés Manuel López Obrador; de esta forma nos preocupa que México se ubique como uno de los lugares más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo”, expresa.
El defensor del pueblo recordó que durante el año pasado, un total de 15 comunicadores fueron privados de la vida, sin que hasta el momento las autoridades del Estado mexicano logren concluir las investigaciones para dar con los responsables.
“Sin duda se registra un aumento en la conflictividad social, que provoca un aumento en el riesgo que enfrentan quienes defienden los derechos humanos, por eso nos sumamos al llamado internacional —de los relatores de libertad de expresión de la ONU— quienes advierten la necesidad de una respuesta muy específica del gobierno de López Obrador a estas circunstancias”, detalla.
Lara Duque explica que la construcción de mega-proyectos (sumamente contaminantes de nuestro medio ambiente), la violencia exacerbada hacia las mujeres, la constante criminalización de la organización y protesta social, ha dejado a cientos de personas desaparecidas, encarceladas o asesinadas por distintos grupos de interés.
De igual manera, aseguró, la mercantilización, el aniquilamiento de la cultura y memoria histórica, así como la precarización del empleo, la exclusión social-territorial, la falta de acceso a la justicia y, el acceso a derechos básicos como: vivienda digna, agua, electricidad, servicios médicos, han hundido al país en una espiral de violencia.
Lara Duque expresa que los pobladores de las comunidades y pueblos del país y, particularmente del estado de México, que viven bajo una violación permanente y sistemática a sus derechos humanos y garantías individuales, “situación donde hay que poner un énfasis ya que se avecina el inicio de la sucesión en esta entidad”.
A manera de ejemplo, indica los actos de intimidación, así como la amenaza de muerte que ha sufrido el periodista Emir Olivares del diario “La Jornada”; la intimidación a los comunicadores del “Semanario Zeta” por parte del gobierno de Baja California, que encabezó Jaime Bonilla el año pasado.
“Nosotros, en carne propia, hemos recibido una serie de amenazas de muerte por nuestra actividad al defender los derechos humanos en nuestro país”, menciona.
“Hacemos un llamado urgente al presidente Andrés Manuel López Obrador y al titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto Hernández López para que garanticen la libertad de prensa en nuestro país; claudicar a que la sociedad reciba información de primera mano sobre los actos públicos hace retroceder a México y a su sociedad”, señala.
“Es urgente contar con un protocolo integral (administrativo, legislativo, judicial) de protección a personas defensoras (entendiendo a toda persona que actúe en la defensa de los derechos humanos en un sentido amplio y pacífico, sin necesidad de estar adscrito a una organización o asociación, o estudios profesionales previos) que tenga como evitar la posible agresión o criminalización del Estado”, demanda.
