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Recomendación a Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para garantizar derecho a la verdad


01 / 05 / 2022

  • El Estado Mexicano perpetró entre 1951 y 1965 graves violaciones a derechos humanos a través de una estrategia represiva sistemática, cobijada de manera institucional para normalizar y encubrir, ello con el fin de obstaculizar los derechos civiles de los mexicanos y controlar el ejercicio de la democracia, así como perpetuar la impunidad y el olvido

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación General a los poderes ejecutivo, legislativo, judicial, así como a autoridades federales y estatales, a fin de realizar acciones para que el Estado garantice el derecho a la verdad, a la memoria y, sobre todo, a la democracia y al pleno ejercicio de los derechos humanos en México.

La Recomendación, es la primera emitida por la Oficina Especial para Investigar la Represión y Desaparición Forzada por la Violencia Política del Estado durante el Pasado Reciente, creada en enero de 2020, y está dirigida a más de 200 autoridades, entre otras las personas titulares del Poder Ejecutivo Federal y de las entidades federativas; de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Educación Pública, de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Cultura, de la Secretaría De Marina; las personas titulares de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y sus homólogas en las entidades federativas; de la Fiscalía General de la República y de las Procuradurías o Fiscalías de Justicia de las entidades federativas.


Así como personas titulares de la Mesa Directiva del Congreso de la Unión y sus similares en los Estados de la República; de la Presidencia del Poder Judicial de la Federación y sus Homólogas en las Entidades Federativas; así como al Consejo Nacional Del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales; al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores y sus Homólogos Locales; al Instituto Nacional Electoral; a la Comisión de Nomenclatura y Numeración Oficial de la Ciudad de México; al Comité de Alcaldías de Nomenclatura y Numeración Oficial y a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.

Además, la Recomendación, que tiene el carácter de General, se emite a partir de la investigación llevada a cabo por la Oficina Especial, con el objetivo de esclarecer los hechos que se plantean, y dar cuenta del complejo represivo y contrainsurgente que montó el Estado para controlar el libre ejercicio de los derechos civiles en México, así como de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas bajo esa mecánica de violencia política institucional, por lo que ha constatado que la sistematización y perfeccionamiento del aparato de inteligencia-represión, dirigido por el Estado Mayor Presidencial y la Dirección Federal de Seguridad, fue para impedir el libre juego democrático y afianzar el predominio político-electoral de un partido político, el Revolucionario Institucional (PRI).


Si bien en el siglo XX en México no hubo golpes de Estado ni dictadura militar, lo que sí tuvimos fue el montaje de todo un complejo militar-policiaco que tuvo efectos similares, en la violación a los derechos humanos, a los gobiernos militares centro y sudamericanos; que impidió el desarrollo de la vida democrática por décadas, pues el ejercicio del poder soberano del pueblo fue duramente limitado a los actores adeptos al poder político, configurando un margen de poca o nula permeabilidad de los movimientos sociales disidentes, como claramente fue el caso de los “henriquistas”, vedando así por la vía de hecho el derecho a la democracia como mecanismo legítimo de participación en la vida pública.


Esta investigación permitió documentar 49 eventos violatorios de los derechos humanos de los militantes de la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano (FPPM) y de sus partidos aliados, que incluyen la masacre de la Alameda en la que se registró la desaparición de cuerpos de ciudadanas y ciudadanos asesinados por las fuerzas del Estado, los cuales habrían sido cremados en el Campo Militar Núm. 1; el asesinato del abogado de los presos políticos, Marco Antonio Lanz Galera, en agosto de 1953; la desaparición forzada de tres militantes de la FPPM, René Raúl Rosano, Ricardo Ortigosa y J. Concepción Solís Soto, el 27 de febrero de 1954; y el asesinato de Rubén Jaramillo, su esposa embarazada y sus tres hijos, en mayo de 1962; así como la cancelación del registro como partido político de la FPPM en marzo de 1954, y la prohibición de cualquier reunión de sus militantes y partidarios, que persistió hasta entrados los años 70.


Fue en ese período en que se registraron los primeros casos de desaparición forzada, algunos de ellos fallidos, quizá por la insuficiencia técnica de los perpetradores que, creyéndoles muertos, los dejaban abandonados en parajes solitarios, siendo que algunos lograron sobrevivir y así fue como se conocieron los hechos.


Esto nunca fue expuesto, y ni siquiera investigado; antes bien, fue acallado por años, por los medios, por los historiadores particulares y por quienes elaboran la historia oficial, e incluso por los investigadores y defensores de derechos humanos, por lo que persiste ese hueco, hasta la fecha.


La experiencia de los hechos vividos en el período 1951-1965 demuestra que hubo una estrategia represiva sistemática y además cobijada institucionalmente por parte del Estado mexicano, que normalizó, y además encubrió y ocultó, en la total impunidad, múltiples violaciones a derechos humanos cometidas particularmente en contra de ciudadanas y ciudadanas militantes o simpatizantes de partidos y organizaciones contrarias al partido del titular del Poder Ejecutivo en ese tiempo.


Violaciones que es la fecha, no podemos identificar ni esclarecer totalmente. Esta Comisión Nacional destaca la intrínseca relación entre la verdad y la democracia. El encubrimiento a la verdad ha sido, a lo largo de décadas, no una práctica aislada sino una política pública por lo menos, desde inicios de los años 50, que ha impuesto olvido e impunidad. Se identificó una estrategia estructural de manipulación y ocultamiento de documentos que permitieran la identificación tanto de las graves violaciones como de los perpetradores.


La Recomendación se enmarca en un análisis contextual, jurídico, político y social, que permite recordarle a las y los mexicanos lo difícil que ha sido la construcción de nuestra democracia, y abonar a la Verdad y a la Memoria de las luchas de ciudadanas y ciudadanos, brutal y sistemáticamente reprimidos por la violencia política de Estado, por el sólo hecho de ejercer sus derechos cívicos y pretender pugnar por elecciones libres y transparentes, así como incorporar ejercicios de la democracia participativa, como lo son la consulta popular, el referéndum y la revocación de mandato, plasmados en el Programa de la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano (FPPM), que sostuvo la candidatura de Henríquez Guzmán hace 70 años.


La Recomendación General prueba que la legislación que se confeccionó con motivo de la Segunda Guerra Mundial, se mantenía vigente de manera artificial aún después de terminada ésta, para justificar la represión de quienes pensaban distinto a la línea oficial. El proceso histórico de institucionalización de la violencia a manos del Estado mexicano, fue urdiéndose sobre la base de disposiciones jurídicas que de poco en poco fueron incrementando su talante inhibitorio de la vida pública de la ciudadanía, y del ejercicio de sus derechos civiles, acotando progresivamente el margen de libertades, hasta develar en la cúspide de su degradación legal una faceta claramente autoritaria y represiva.

Observa este Organismo Nacional la necesidad de llamar a la reflexión profunda de los diversos actores del Estado mexicano, para establecer medidas de no repetición permanentes e irreversibles que impidan a futuro la obstaculización o manipulación del derecho al voto, así como erigir o hacer participar alguna instancia del Estado mexicano en actividades análogas a las que en su momento asumieron el Estado Mayor Presidencial y la Dirección Federal de Seguridad, en primer lugar por los insuficientes sustentos normativos sobre los que se soportó su andamiaje operativo, humano, presupuestario y sobre todo, por su talante parapoliciaco, que desencadenó toda una era de terror político, social y familiar sobre toda a aquella agrupación o personas que pretendiesen incidir en el cambio de modelo económico o político del Estado mexicano.

La CNDH destaca que la concurrencia de los factores descritos bajo los criterios enunciados, incluidos en la Recomendación General, particularmente en la época histórica que abarca el periodo 1951 a 1965, se caracteriza por sentar las bases jurídicas, organizacionales y operativas, que sistemáticamente extendieron un estado de guerra de hecho contra los disconformes políticos del régimen, en franca ruptura del orden constitucional, lo que a su vez sirvió de antesala y causa directa para lo que después sería identificada nítidamente como la etapa de la “Guerra Sucia”, es decir, los años 60 a los 90, e incluso hasta entrado el siglo XXI.

Por todo lo anterior esta Comisión Nacional propuso a los y las titulares del Poder Ejecutivo Federal y de las Entidades Federativas, al Titular de la Secretaría de Gobernación y al Titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, llevar a cabo por sí o de manera coordinada, políticas públicas de reconocimiento de las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas a las personas víctimas en el período 1951 a 1965 por el Estado Mayor Presidencial, por la Dirección Federal de Seguridad y por el Ejército y por diferentes policías políticas.


Asimismo, conformar por sí o de manera coordinada, acciones para llevar a cabo un Plan Nacional para la Recuperación de la Memoria y la Verdad Histórica de Graves Violaciones a los Derechos Humanos por Motivos de Violencia Política, que incluya la promoción de acciones para reconstruir la temporalidad objeto de la presente Recomendación General, mediante la preservación de los archivos públicos y planes de consulta para abrirlos toda la ciudadanía, y la recuperación de archivos privados, así como de las memorias y los testimonios de sobrevivientes, víctimas y descendientes de víctimas; además de construir sitios de memoria que permitan a la ciudadanía ubicarlos, y conocer la verdad acerca de las graves violaciones ocurridas entre 1951 y 1965.


Establecer políticas públicas para llevar a cabo difusión permanente acerca de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado en el período comprendido entre 1951 y 1965, y la elaboración de programas de difusión, mediante publicaciones y programas de comunicación masiva, que den a conocer y hagan conciencia sobre la historia de aquella época.


A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se solicita, proponer una política fiscal de gasto de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal de las economías generadas a lo largo de cada ejercicio presupuestal correspondiente, para que gestionen y otorguen las adecuaciones presupuestales y se oriente al menos un 3% de dichos remanentes no devengados a la profesionalización, operación e infraestructura de los archivos históricos.


A la Secretaría de Educación Pública se pide, implementar políticas públicas que garanticen en sus programas educativos y en los libros de texto gratuitos el necesario conocimiento de las graves violaciones a los derechos humanos por motivos políticos perpetradas por el Estado mexicano desde la década de 1950; diseñar todo tipo de material didáctico que dé a conocer los derechos humanos y las graves violaciones a éstos, y adecuarlos a formatos que permitan la comprensión de dichos materiales a las y los alumnos de los diferentes niveles educativos.


Entre las recomendaciones que inciden en el fortalecimiento de nuestra democracia y en la transformación del Estado mexicano, que además recogen demandas de los Henriquistas en el período objeto de la Recomendación General, están, entre otras que conviene destacar:


Incluir, en los planes de estudio del H. Colegio Militar y de todas las escuelas y academias militares y navales, así como de las academias de la Guardia Nacional y de los centros de formación policial, la materia de derechos humanos, con perspectiva histórica que incluya el análisis de contexto.


Al H. Congreso de la Unión se le solicita, llevar a cabo todas las modificaciones necesarias al marco normativo vigente, para la extinción del Estado Mayor Presidencial; para la incorporación del tipo penal de desaparición forzada transitoria; para garantizar el derecho pleno a la democracia del pueblo mexicano, en el sentido de fortalecer nuestra democracia formal, pero también las iniciativas de democracia participativa; así como para garantizar un órgano realmente autónomo de cualquier poder, constituido o fáctico, legal o supralegal, que asegure la transparencia del proceso electoral y el recuento efectivo de votos.


Además, revisar la normativa de las fuerzas armadas mexicanas, para adaptarla a los más altos estándares de derechos humanos, que incluya un mecanismo sencillo y práctico para resolver la situación en que se encuentra un subalterno que recibe una orden ilegal o contraria a los derechos humanos, y a la Constitución.


Revisar la normativa relativa a la Guardia Nacional, a fin de garantizar su naturaleza civil, derivada del espíritu de los Constituyentes de 1824, 1857 y 1917; y revisar la legislación en la materia, a efecto de fortalecer los mecanismos, con suficiencia presupuestaria, de atención a víctimas y para la reparación integral material de los daños que hayan sufrido las personas que han sido víctimas de una violación a los derechos humanos.


Revisar la legislación en materia de Transparencia y Acceso a la información, a efecto de alinearla a los principios básicos de los derechos humanos, y garantizar los derechos de las víctimas.


Revisar, desde luego, la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a efecto de fortalecer sus funciones de seguimiento, y establecer mecanismos que garanticen la aceptación y el pleno cumplimiento de sus recomendaciones, y que no queden estas al arbitrio o decisión de las autoridades, garantizando su tránsito a una Defensoría de los Derechos del Pueblo.


A los Congresos de los estados se pide la derogación de todo tipo penal o delito que implique menoscabo de los derechos de reunión y asociación, del derecho a la libre manifestación y a la libertad de expresión; así como de todos aquellos que puedan ser utilizados con fines de persecución política, garantizando que nunca más se den normativas restrictivas o limitativas de las garantías individuales ni para el ejercicio de derechos.


A las personas titulares de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de los cuerpos policiacos de los estados y municipios del país solicita, revisar sus protocolos y la capacitación de su personal para el tratamiento de la intervención de la fuerza policial en manifestaciones o reuniones de ciudadanas y ciudadanos.


A los entes públicos miembros del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, solicita, llevar a cabo programas de capacitación sobre la importancia de la creación, organización y gestión de sistemas públicos de archivos como medio de garantizar el derecho a la verdad.


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