Necesario el nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum, presente una estrategia para la disminución de las violaciones de derechos humanos en México: Cidhpda

22 / 06 / 2024

• “No debe dejarse de lado la carrera judicial que profesionaliza al poder Judicial como un verdadero equilibrio en los actos de Gobierno”  

Es de suma importancia que la Presidenta electa Claudia Sheinbaum dé certeza a un modelo para disminuir las violaciones de Derechos Humanos, más aún cuando el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador cierra su mandato con cifras alarmantes en esta materia, Víctor Hugo Gutiérrez Yáñez, considera el comisionado presidente para América Latina y el Caribe y de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (Cidhpda).

La organización Human Rights Watch señaló desde su portal web que en este sexenio se han hecho “pocos avances” para atender las problemáticas que afectan los derechos humanos en México.

Cabe señalar que este es uno de los países con mayor número de homicidios, ubicándose en el noveno lugar de 26 países del continente americano, de acuerdo con el “Informe global sobre Homicidios 2023” publicado por la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

México es también un país peligroso para los migrantes, del año 2016 a 2022 se reportó que 5 mil 684 personas en esta situación han sido víctimas de algún delito en territorio mexicano, de acuerdo con estadísticas oficiales de la Secretaría de Gobernación.

Por otro lado, la violencia sexual contra mujeres migrantes incrementó en un 70% en el último trimestre de 2023 en comparación con el tercer trimestre del mismo año, así lo documentó la organización México Sin Fronteras. 

No se puede decir que México garantiza la libertad de expresión al mantenerse como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Desde el año 2012 hasta finales de 2023, se registraron 88 asesinatos de comunicadores, de los cuales 37 fueron vinculados directamente con su labor periodística, según el informe de Amnistía Internacional y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ).

En suma, se tiene un grave problema de desaparición forzada. El 15 de marzo la Secretaría de Gobernación presentó una actualización del registro de personas cuyo paradero es desconocido, llegando a la cifra de 110,964.

Al respecto, cabe recordar que el caso de los 43 jóvenes de Ayotzinapa se está quedando como una promesa de campaña sin cumplir por parte del presidente López Obrador.

Para atender la crisis de violencia y seguridad en México es necesario que la Secretaría Nacional de Seguridad Pública sea manejada por expertos en la prevención del delito y en la práctica acciones de Cultura de Paz.

El comisionado presidente de la Cidhpda afirmó que el no hacer frente a las violaciones en Derechos Humanos con acciones radicales, en menos de dos años, el país se le puede ir de las manos a la próxima presidenta, lo cual generará un mayor crecimiento de la violencia al no existir un verdadero Estado de derecho.

Gutiérrez Yáñez manifestó que México corre un gran peligro si se aprueba la propuesta de elegir por votación popular a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte, por lo que no debe dejarse de lado la carrera judicial que profesionaliza al poder Judicial como un verdadero equilibrio en los actos de Gobierno.

En el contexto donde se discuten una reforma judicial es indispensable revisar las experiencias que vivió Bolivia en esa materia.

Luis Alberto Ruiz Guerrero, abogado constitucionalista de Bolivia y analista político, advirtió sobre los posibles escenarios para México si se copia la el método boliviano para elegir a los integrantes del Poder Judicial.

Como primer punto a considerar, si los candidatos a un puesto en el poder judicial hicieran campaña para competir por el cargo, la ventaja la tendría aquel que invierta más dinero en ella.

En el proceso de elección en Bolivia, de acuerdo a su constitución, no se puede hacer campaña, sino que los candidatos son preseleccionados por el gobierno, lo cual presupone un riesgo cuando este concentra el poder para la toma de decisiones. Si no hay una campaña electoral, se da la entrada a los “poderes oscuros” (organizaciones criminales, narcotráfico u organizaciones políticas criminales), quienes son los que se benefician de indulgencias o perdones judiciales.

Para Bolivia este método para elegir a los jueces y magistrados no mejoró la impartición de justicia en el país, sino que la volvió más burocratizada, corrupta y coludida con el delito, porque al ser autoridades electas, consideran que están al mismo rango que el presidente, los diputados y los senadores.

Al ser electos por una mínima parte de la ciudadanía, sería más difícil retirarlos del cargo en caso de que cometan un delito.