La industria de seguridad privada propone una regulación que combata la informalidad y promueva la seguridad jurídica
- Voz de la Sociedad
- 26 feb
- 3 Min. de lectura
25 / 02 / 2025
Un marco normativo actualizado permitirá sancionar a empresas irregulares, garantizar estándares de calidad y fortalecer la seguridad pública en México
La Sociedad Nacional de Industriales de Seguridad Privada A.C. (ASUME) reconocen y valoran en la Conferencia Matutina del Pueblo, sobre la importancia de definir con claridad quiénes pueden participar como coadyuvantes de la seguridad pública.
En ese sentido, coincidimos plenamente en que solo empresas de seguridad privada y sus elementos formalmente constituidos, capacitados y regulados deben integrarse a este esfuerzo, reiterando así, nuestro compromiso con una industria profesional, certificada y regulada.
La industria de la seguridad privada es un sector de gran impacto en la generación de empleo, representando aproximadamente el 2% del total de trabajadores registrados en el IMSS, con cerca de 800 mil empleos formales en más de 8,000 empresas.
Sin embargo, en términos económicos, su contribución al Producto Interno Bruto (PIB) nacional es del 2%, según los datos más recientes del INEGI para el subsector de Servicios de Investigación, Protección y Seguridad.
Este segmento ha mostrado un crecimiento real del 9.4% respecto al 2022, reflejando su dinamismo y relevancia dentro de la economía.
A pesar de esta importante participación, existe un número significativo de empresas que operan sin registro ni supervisión, lo que genera incertidumbre jurídica, fomenta la corrupción y debilita la colaboración con las autoridades.
Por ello, una regulación adecuada es clave para garantizar un entorno de seguridad confiable, profesional y alineado con las necesidades del país.
Para garantizar que solo las empresas serias y comprometidas con la legalidad participen en la seguridad del país, es fundamental contar con una Ley General de Seguridad Privada que homogenice la regulación a nivel nacional y permita a las autoridades supervisar, sancionar y fortalecer la calidad del sector.
Una ley que dé certeza y seguridad jurídica al sector y a las autoridades
Desde 2021, el Congreso de la Unión tiene la facultad de expedir una Ley General de Seguridad Privada que armonice las regulaciones federales, estatales y municipales, evitando las más de 500 contradicciones normativas que hoy complican la operación del sector y facilitan la proliferación de empresas irregulares. También en esas fechas, se construyó un proyecto de Ley General de Seguridad Privada con la participación activa del sector, en un proceso de consenso con las autoridades que en su momento encabezaban la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana como órgano regulador.
Hoy, hacemos un llamado al secretario Omar García Harfuch para retomar este trabajo conjunto, revisar el proyecto en coordinación con el sector y avanzar hacia su presentación en el Congreso, con el objetivo de lograr finalmente una legislación que brinde certeza jurídica, combata la informalidad y fortalezca la seguridad en el país.
“Estamos convencidos de que la seguridad privada debe ser parte de la solución y no del problema. Para ello, necesitamos una regulación clara, nacional y homogénea que brinde certeza jurídica, sancione la informalidad y permita una mejor coordinación con las autoridades”, afirmó Armando Zúñiga Salinas, presidente de ASUME.
Los beneficios de la Ley General de Seguridad Privada incluyen:
Sancionar a empresas informales y exigir que todas cuenten con permisos, certificaciones y registros ante el IMSS.
Garantizar servicios de calidad, estableciendo estándares de capacitación obligatorios.
Reducir riesgos y atraer inversiones, promoviendo un entorno seguro y regulado.
Fortalecer la colaboración público-privada, alineando esfuerzos con las autoridades para mejorar la seguridad nacional.
Generar empleos formales, consolidando un sector que hoy emplea a más de 800 mil personas y que podría superar el millón con una regulación efectiva.
ASUME reitera su plena disposición al diálogo con las más altas autoridades del país, con el fin de trabajar juntos en una legislación moderna, efectiva y realista que garantice un sector seguro, confiable y alineado con los objetivos de pacificación nacional.
“Nuestro compromiso es con México. Estamos listos para aportar soluciones y trabajar con el Gobierno para construir un entorno más seguro, ordenado y regulado para todos”, concluyó Armando Zúñiga Salinas.
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