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Familiares de personas desaparecidas tienen derechos: CDHZL


01 / 08 / 2022


Ante las más de cien mil personas en México que se encuentran calificadas como desaparecidas, es urgente que el Estado garantice su debida búsqueda, localización e identificación, señala el Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero”.

"Es prudente que los integrantes del Congreso de la Unión actúen para garantizar que cada una de ellas sea buscada hasta encontrarla; la desaparición, en particular la forzada, es uno de las más graves violaciones a los derechos humanos, y vulnera no sólo a las víctimas sino a su entorno familiar, además, crea incertidumbre y terror sobre el paradero o suerte de las víctimas”, expresa.

José Antonio Lara, integrante del colectivo, afirma que víctimas y familiares deben tener el respaldo del Estado mexicano para garantizar una búsqueda eficaz e inmediata hasta saber su paradero, “ya que toda persona tiene derecho a ser buscada y su familia a tener el respaldo total del Estado”.

Asegura que entre 1964 y hasta el 31 de mayo de 2022, hay registro de 100 mil 447 personas desaparecidas y no localizadas en el país, de las cuáles el 83.7% ocurrió en los últimos 16 años, esto de acuerdo a cifras oficiales.

Tan solo entre 2006 y mayo de 2022, las diez entidades que han registrado el mayor número de personas desaparecidas y no localizadas son Jalisco con 13 mil 339, Tamaulipas con 10 mil 594, estado de México con 6 mil 387, Nuevo León con 5 mil 913, Sinaloa con 5 mil 112, Sonora con 4 mil 161, Michoacán con 4 mil 100, Veracruz con 3 mil 961, ciudad de México con 3 mil 501 y Coahuila con 3 mil 287, que en su conjunto representan 71.8% del total de los registros.

Recuerda que integrantes del Comité de la ONU recomendaron que la Comisión Nacional de Búsqueda y las comisiones locales cuenten con los recursos necesarios para cumplir adecuadamente con sus funciones y atender la crisis forense que se manifiesta en la existencia de más de 52 mil personas fallecidas hoy, sin identificar.

Detalla que el Estado debe comprometerse a garantizar una debida búsqueda, localización e identificación, haciendo uso de las instituciones y mecanismos, y por ello es necesario adecuaciones del Poder Legislativo.

“Es fundamental garantizar el derecho de toda persona desaparecida a ser buscada, con acciones concretas de las instituciones del Estado, con capacidad sin límite para encontrar su paradero y responder al derecho de la vida, la verdad y justicia”, finaliza.


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