Estrategia integral de seguridad y prisión preventiva oficiosa, respeta a derechos humanos: CNDH

11 / 01 / 2025

Ante la reforma del artículo 19 de la Constitución Política en el país, en su segundo párrafo, en materia de prisión preventiva oficiosa, y las diversas opiniones manifestadas, sobre todo por algunas organizaciones, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) considera que ésta debe analizarse en el contexto que vive el país.

De otro modo, se corre el riesgo de caer en divagaciones teóricas que no se ajustan a la realidad y no proponen ningún beneficio práctico para la población.

La CNDH señala que “sabemos bien que el mayor reto hoy es fortalecer los avances en materia de seguridad y combate a la violencia. Hay avances en la aplicación de una nueva estrategia de seguridad pública que debe ser integral, atendiendo las causas de la violencia y haciéndose cargo de las consecuencias para garantizar la seguridad pública y el respeto a los derechos de los ciudadanos.

Es evidente que hoy, expresa el organismo nacional que uno de los obstáculos para una estrategia de construcción de paz es el sistema de justicia, por eso es imperioso frenar las graves omisiones en materia judicial, reflejo de la colusión de muchos juzgadores con grupos delincuenciales o intereses económicos o políticos.

La reforma al artículo 19 permite al Ministerio Público solicitar al juez la prisión preventiva de un detenido, como última medida cautelar y bajo ciertas condiciones:

1) Que otras medidas no sean suficientes para garantizar la comparecencia de la persona imputada en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de las víctimas, de los testigos y de la comunidad.

2) Cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por haber cometido un delito doloso

3) Y, principalmente, en los casos en que una o más de las transgresiones por las que se le haya acusado estén establecidas en el catálogo de delitos considerados como graves.

La reforma considera el respeto a los derechos humanos de una manera preponderante. Es importante actuar contra la impunidad de manera decidida cuando existan delitos contra el tejido social y la seguridad de la comunidad. Siempre debidamente justificada la aplicación de la medida.

Es por ello que instamos a quienes se desempeñan en los ministerios públicos, fiscalías del país y al Poder Judicial a asumir con ética y responsabilidad las nuevas herramientas otorgadas por esta reforma para garantizar el acceso a la justicia que tanto demanda el pueblo de México.

Hay actores que utilizan el discurso de los derechos humanos para descalificar la política de seguridad pública del gobierno actual, ignorando nuestra realidad y, sobre todo, dejando de lado a las víctimas de la violencia. Desde el exterior se repiten las formas de intervencionismo favorecidas por las políticas neoliberales y legitimadas por esta misma Comisión a lo largo de más de 30 años.

Existen intereses externos que se oponen a que México actúe como un país libre y soberano que pueda modificar y ampliar sus leyes siempre poniendo por encima de todo el bien del pueblo y sus derechos humanos.

Cumpliremos con responsabilidad nuestro deber de velar por la correcta aplicación de la estrategia integral de seguridad y de la utilización de la figura de la prisión preventiva oficiosa. Ese es nuestro mandato constitucional y nuestro compromiso con las y los mexicanos.

Por ende, atenderemos de manera especial las quejas y las denuncias que se presenten a este respecto, para evitar vulneraciones a derechos humanos y contribuir con ello a construir una cultura de paz.

También proporcionaremos a las personas servidoras públicas la formación necesaria para fomentar buenas prácticas y mejorar su desempeño garantizando siempre el respeto incondicional a los derechos humanos, tal y como lo mandata el artículo 1º de nuestra Constitución.