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Empresas acusadas de discriminación no deben celebrar contratos con el gobierno: Jannete Guerrero


29 / 10 / 2024


Con el objetivo de combatir y eliminar la discriminación y a fin de que las alcaldías y entidades de la administración pública local se abstengan de celebrar contratos con personas físicas o morales que hayan sido señaladas por actos discriminatorios, Jannete Guerrero Maya, diputada del Partido del Trabajo, propuso reformar el artículo 39 de la Ley de Adquisiciones.


“Es importante reconocer la participación de las empresas privadas en la prestación de servicios en la administración pública, pero también es fundamental que las empresas que brindan dichos servicios garanticen no ejercer prácticas que atenten contra la dignidad de las personas”, señaló.


En Sesión de este martes, la legisladora petista recordó el caso de un restaurante de la capital, donde los comensales eran separados, acomodados y atendidos de acuerdo con su tono de piel. “Este caso ejemplifica la gravedad del racismo y el clasismo que se niegan a desaparecer de nuestra sociedad”.


Asimismo, detalló que, según el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, COPRED, las cinco causas más comunes de discriminación son la pobreza, el color de piel, las preferencias sexuales, la clase social y el nivel educativo; y se percibe, asimismo, que los cinco grupos más discriminados son las personas de piel morena, personas indígenas, mujeres, gays y personas pobres.


“Cualquier persona merece ser tratada con respeto y dignidad. Eso no debe depender de quién sea o de su posición social. Y es aún más crítico que quienes colaboren en proyectos del gobierno, con recursos públicos, compartan y reflejen estos principios en cada uno de sus espacios y relaciones”, mencionó.


La diputada del PT precisó que con la modificación se establece como requisito para prestar servicios en la administración pública de la Ciudad de México, que empresas no hayan sido señaladas por actos discriminatorios por medio de una sentencia ejecutoriada de autoridad jurisdiccional, una opinión jurídica emitida por el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México o una resolución del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.


Guerrero Maya aseguró que con esta propuesta se busca que el gobierno actúe y tome medidas efectivas para proteger a todas las personas y combatir actos discriminatorios.


“El bienestar y el desarrollo de nuestra ciudad dependen de que cada una de sus instituciones y actores, incluyendo a las empresas del sector privado, respeten los derechos de todas y todos”, concluye la petista.

 

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