Congreso CDMX aprueba sancionar la ocupación de la vía pública por franeleros

15 / 08 / 2025

• Se buscará incorporar a las personas franeleras a empleos dignos, señalaron los legisladores

En sesión extraordinaria, el pleno del Congreso de la CDMX aprobó aplicar sanciones que van de 24 a 36 horas de arresto inconmutable a las personas al cuidado y uso del espacio público, conocidas con el nombre de “franeleros”, a iniciativa de la jefa de Gobierno, Clara Marina Brugada Molina.

Para ello, se adicionó la fracción XXXIX al artículo 3; el artículo 28 Bis para establecer infracciones especiales contra la seguridad ciudadana relacionadas con la ocupación de la vía y espacio público, último párrafo al artículo 31; y reformó el artículo 32 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.

En este sentido, se considerarán como faltas a la ley las que se cometan en el espacio público: apartar y/u obstaculizar con cualquier objeto lugares de estacionamiento y, exigir de cualquier manera a una persona, la obtención de un pago por vigilar, estacionar o cuidar, lavar o asear vehículos.

Al fundamentar el dictamen referido, a nombre de las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Justicia Cívica y Defensoría Pública, el diputado  de Morena, Pedro Haces Lago, aseveró que no se trata dejar atrás a las personas que desarrollan esta actividad, sino de “abrirles las puertas a nuevas oportunidades que no afecten a las y los demás”, para ello, la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo trabajará en conjunto con las personas franeleras y sus organizaciones para “construir empleos dignos”, aseguró.

En su exposición, el congresista mencionó que, entre los años 2019 y 2024, las remisiones por estas conductas crecieron más del 80 por ciento, para ello, la jefa de Gobierno estableció una estrategia en la que se prevé una campaña en la que participen automovilistas y vecinos para acabar con la práctica de los llamados “franeleros”.

Al razonar su voto, la legisladora del PT, Jannete Elizabeth Guerrero Maya, comentó que la ciudadanía ha sido afectada por las personas que apartan lugares indebidamente a cambio de cobros sin regulación, lo que es una privatización del espacio público.

Aseguró que el derecho al uso del espacio público debe ser en condiciones dignas y con seguridad, y que esta propuesta frena otros delitos que se pueden dar como represalias.

Jesús Sesma Suárez, diputado del PVEM, manifestó su apoyo al dictamen, ya que con su aprobación se da “un paso decisivo para poder recuperar el espacio público para todas y todos los que habitamos esta ciudad”, al atender la necesidad de poner fin a la apropiación indebida de las calles, problema que ha crecido y no se debe tolerar, ya que se violan los derechos humanos al libre tránsito, el uso del espacio público y la movilidad segura.

La legisladora de Morena, Xóchitl Bravo Espinosa, expuso que este dictamen tiene como finalidad regular el uso del espacio público, para que no sea sujeto de algún tipo de violencia o uso indebido por parte de las personas capitalinas; y que se impulsarán políticas públicas para las familias que dependen de esta actividad, con la creación de alternativas de empleo y de autoempleo.

Royfid Torres Gonzále, diputado de MC, reconoció que ha habido un mal manejo respecto a este tema, lo que ha afectado la economía de la ciudad, por lo que esta reforma es una forma de abordar esta problemática.

Señaló que es importante que el Congreso local asuma su responsabilidad y confío en que esta reforma generará alternativas para todas las personas que se dedican a esta actividad informal, ya que es necesario generar opciones laborales para todos y todas.

En tanto, la legisladora, Nora Arias Contreras, señaló que esta reforma es una respuesta a prácticas de riesgo directo para la ciudadanía, como la obstrucción de pasos peatonales, bloqueo de accesos de emergencia, invasión de áreas destinadas al tránsito seguro y uso indebido del espacio.

Finalmente, Alberto Martínez Urincho, mencionó que las constituciones federal y local garantizan el derecho colectivo al espacio público para la convivencia pacífica, libertades políticas y sociales; además de establecer que las autoridades deberán crear, ampliar, cuidar, mejorar, usar, gozar, recuperar, mantener y defender los espacios públicos.