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Congreso CDMX aprobó minuta con reforma constitucional en materia de áreas estratégicas


17 /10 / 2024


En su carácter de Constituyente Permanente, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la minuta con 39 votos a favor, 17 en contra y cero abstenciones con proyecto de decreto para reformar el párrafo V del artículo 25, los párrafos VI y VII del artículo 27 y el párrafo IV del artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de áreas y empresas estratégicas.


Al respecto, Martha Avila, presidenta de la Mesa Directiva, expresó que la aprobación de esta importante minuta en materia energética permitirá que se registren cambios trascendentales en este sector, con el objetivo de fortalecer la regulación estatal del sistema eléctrico y de las empresas estratégicas.


“Hacemos votos para que la reforma contribuya a los avances en materia del reconocimiento del derecho humano a la energía eléctrica de las personas y que sea por el bien de la nación”, refirió la congresista.


Al hablar en contra de la aprobación, la diputada del PAN, Lizzette Salgado Viramontes, expresó que “cerrar los espacios en materia eléctrica a las empresas privadas implica cerrar la puerta a formas más eficientes, baratas y sustentables de producción de energía”, por tanto, sostuvo que esta reforma lo que hace es “cancelar la transición a las energías limpias”.


Al hablar a favor, Cecilia Vadillo Obregón, diputada de Morena, señaló que esta propuesta busca la reivindicación de un modelo de país antineoliberal, que deje de lado la visión de la ganancia privada a costa de los bienes públicos, de las comunidades y del tejido social, y busca colocar como prioridad la prosperidad compartida para las y los mexicanos.


El legislador de MC, Royfid Torres González, argumentó que se requiere un sistema eléctrico más eficiente, accesible, limpio y suficiente para todas las personas, y consideró que esta reforma no permitirá lograr la seguridad energética, satisfacer la demanda, ni tener soberanía energética, al dejar afuera a los sectores privados de la generación de energía, “necesitamos una política energética que ponga en el centro la salud y el medio ambiente de las y los mexicanos.


Valentina Valia Batres Guadarrama, diputada de Morena, explicó que la propuesta reafirma la importancia de la rectoría del estado sobre sectores estratégicos para fortalecer la soberanía nacional, y es una respuesta ante la pérdida de capacidad de regulación que generó exclusión social, pues el acceso a servicios fundamentales ya no estará sujeto a fluctuaciones del mercado ni intereses privados; existirá acceso a beneficios energéticos de forma justa e inclusiva.


Al manifestarse en contra, el legislador del PRI, Omar Alejandro García Loria, señaló que esta reforma representa un retroceso de la nación; y señaló que es alarmante poner en riesgo el tratado con Estados Unidos y Canadá, y se podrían desencadenar efectos adversos a la economía, el comercio e inversiones.


Al hablar a favor, Miriam Saldaña Cháirez, diputada del PT, expuso que la reforma orienta los esfuerzos a beneficiar directamente al pueblo ofertando tarifas más accesibles, reduce la dependencia de empresas extranjeras y contribuye al fortalecimiento de la autonomía del país respecto al sector energético.


La legisldora del PAN, Claudia Susana Pérez Romero (PAN) expresó que esta reforma no corresponde a la Agenda 20-30 al no ayudar a conseguir energías sustentables ni dar certeza ni seguridad energética y al no partir de un estudio real de las necesidades en el tema energético que requiere el país, y afirmó que en la actualidad el 11 por ciento de la población mexicana sufre de apagones.


Al calificar de hecho histórico esta reforma, Valeria Cruz Flores, legisladora de Morena, indica que gobiernos de corte neoliberal afectaron a instituciones públicas con CFE, pero a partir de 2018 se comenzó a cumplir el mandato constitucional de que el estado tenga la rectoría del desarrollo, y con este cambio se tendrán empresas públicas y se impulsarán áreas estratégicas respetando la soberanía, con sustentabilidad y con acceso a menor precio.


Durante la discusión razonaron su voto la diputada del MC, Patricia Urriza Arellano, quien aseguró que al ser la CFE incapaz de distribuir la totalidad de la energía eléctrica se pone en riesgo la seguridad energética; y el diputado del PVEM, Víctor Gabriel Varela López, quien expresó que la reforma permitirá que los combustibles y la energía eléctrica a menor costo sirvan de motor al desarrollo económico.


Olivia Garza de los Santos, legisladora del PAN, se refirió al incremento de los adeudos de PEMEX; la diputada del PVEM, Yolanda García Ortega, expresó que esta propuesta se alinea con la justicia social, preservando la seguridad y autosuficiencia energética nacional; y la legisladora Adriana Espinosa de los Monteros García, legisldora de Morena, indicó que la reforma devuelve el carácter público de Pemex y regula, con leyes secundarias, la participación del sector privado.


El diputado del PAN, Ricardo Rubio Torres, afirmó que esta reforma contraviene el acuerdo internacional efectuado con USA y Canadá, y limita el crecimiento de México respecto al sector energético; y la diputada del PT, Jannete Elizabeth Guerrero Maya expresó su apoyo a esta reforma ante la necesidad de garantizar que la rectoría de sectores clave permanezca en el Estado.


Alberto Martínez Urincho, legisldor de Morena, enfatizó que los proyectos privados no beneficiaron al país y se requiere que el Estado recupere la rectoría en a materia; y el diputado Paulo Emilio García González (MORENA) aseguró que la inversión pública es fundamental para los intereses nacionales en materia de componentes e instrumentos digitales.


El diputado PVEM, Juan Estuardo Rubio Gualito, comentó que se pretende construir una economía con sentido social y una política de bienestar que tenga como finalidad garantizar los servicios esenciales de todas y todos los mexicanos; y la diputada de Morena, Elizabeth Mateos Hernández, manifestó que el momento actual del país se caracteriza por el fin del “entreguismo de la soberanía nacional”.


En votación nominal, se aprobó la minuta con 39 votos a favor, 17 en contra y cero abstenciones.

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