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CNDH insiste en mantener la acción inconstitucionalidad contra Deudores Alimentarios de Yucatán


21 / 08 / 2022


A lo largo de la semana se han dejado escuchar algunas voces manifestando su preocupación, o su franco disentimiento con la Acción de Inconstitucionalidad (AI) 98/2022, promovida por esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el pasado mes de julio.

Podríamos exponer muchas razones que sustentan firmemente nuestra posición. De hecho, ya lo hemos hecho. Para efectos solo de clarificar aún más los criterios que fundamentan nuestra postura, mencionamos algunos más que se suman a los ya expuestos anteriormente:

La prohibición del ejercicio de un cargo público, por ejemplo, atenta contra el propio derecho de las niñas, niños y adolescentes, pues sólo a partir del trabajo se puede garantizar que efectivamente puedan pagarse las obligaciones alimentarias, y para que esto pase existen varias vías, o habría que construir las idóneas.


Una de ellas es la retención directa de la parte del salario que corresponda, lo que no es contradictorio con el derecho al trabajo ni pone en riesgo los derechos de la niñez; porque el no tener trabajo básicamente lo que impide es que se cumpla con esa obligación. El problema es cuando se politiza, o peor aún se partidizan las luchas por los derechos, porque entonces no hay argumento que valga, el supuesto diálogo deviene en monólogo, y justo eso es lo que debemos evitar: la cerrazón a escucharnos y a acordar entre nosotras y nosotros, pero sobre todo entre quienes piensan diferente.

Por eso es importante ratificar que estamos hablando del derecho de la pensión, que no es el derecho de la mujer ni de la mamá, es el derecho de los hijos e hijas, y que este no se puede restringir simplemente porque en materia de niñez nos rigen algunos principios, el primero de los cuales es el interés superior de la niñez, pero también otros, uno que se llama de prioridad absoluta, el cual implica que de todas las medidas que se tomen hay que ver que estas sean eficaces efectivamente para garantizar con la mayor prioridad el derecho de los hijos y, obviamente, el dejar sin trabajo a un padre o a una madre no contribuye a eso.

Pero también existen otras medidas, algunas probadas en otros países, la primera es la de los llamados “obligados solidarios”, es decir, si el padre o la madre por alguna razón no cumple, se establece que las abuelas y los abuelos de los niños, de las niñas, o los tíos, también son responsables, en este caso solidarios, del pago de la pensión.


Obviamente el no pago de la pensión sugiere la existencia de lo que se llama “apremio personal”, el cual implica que cuando hay tres pensiones adeudadas, en ese momento el deudor es detenido hasta que pague. Es duro, es complejo, porque a veces hay personas que no tienen para pagar y se pueden pasar en la cárcel bastante tiempo. Existe otra opción para el deudor y para garantizar el cumplimiento de la obligación, hacer una especie de plan de pagos, un acuerdo que se hace ante un juez para determinar cómo se va a pagar lo que se adeuda.


Lo único que no se puede es perdonar la obligación ni suspenderla de ninguna manera, algo que desde luego no sugiere la acción de inconstitucionalidad, ni es la posición de la CNDH, lo que es más, para que quede claro: condenamos a los deudores de pensiones alimenticias, igual que a los violentadores familiares, sean del sexo que sean.

Existen más medidas, por ejemplo, las llamadas “medidas de garantía”, que consisten en entregar bienes como parte del pago de la obligación. Otra es la prohibición de salida del país, es decir ninguna persona que deba pensiones alimenticias puede tener autorización para viajar al extranjero. Todas estas medidas, que se aplican en otros países, suelen tener resultados, sin lesionar o contraponer otros derechos, porque efectivamente, negar la posibilidad del trabajo es contradictorio al principio mismo.

Incluso la jurisprudencia internacional ha abordado el tema de limitación o restricciones viables de derechos, con la aplicación del “test de proporcionalidad”.


En particular, en un caso dirigido al Estado mexicano se ha referido a los derechos políticos en la sociedad democrática, así como la restricción de derechos, donde toda medida que restrinja algún derecho debe cumplir con los parámetros de: a) Necesidad de la medida para una sociedad democrática b) Idoneidad para la finalidad buscada, y c) Proporcionalidad de la restricción a la limitación del derecho.

Sin embargo, no es el caso reiterar razones que se exponen en la propia Acción, y que públicamente ya hemos manifestado. Se tiene que lograr dar un paso más allá. Y ese paso se llama diálogo, y mejor aún debate, que no sería sobre los derechos humanos, porque es evidente que estos no se debaten, sino sobre las posturas y los enfoques. Debatamos pues.

Por tratarse de un tema que involucra distintas visiones, algunas muy encontradas, la CNDH está obligada a atender los puntos de vista de unas y otras, y procurar un ambiente de diálogo y entendimiento que, de manera integral, redunde en la primacía de los derechos humanos para todas y todos sin distinción. Poniendo, desde luego, a la persona en el centro.

Ese ha sido el papel de esta Comisión Nacional al respecto. Nuestras puertas siempre han estado abiertas al diálogo y a la escucha de todas y todos, y no será la CNDH quien atice guerras ni conflictos, sino antes bien, lo que se procura es afirmarla en su papel de mediadora y en su compromiso con los derechos humanos construyendo siempre soluciones de suma y de conciliación.

En días pasados mantuvimos reuniones e intercambios con víctimas y colectivas que reafirman la necesidad y validez de esta postura. Advertimos, que en realidad no se ha dado un debate, porque el debate no es solo entre quienes piensan igual, y es un hecho que no se ha atendido a todas las partes ni todos los planteamientos. Por eso mismo estamos haciendo un respetuoso exhorto a las autoridades para que sean más abiertas a escuchar a todas y a todos los que tienen algo que decir respecto al tema.

El problema de fondo, más que las pensiones alimenticias, es la visión que se tiene de los derechos de la niñez, de la violencia familiar y de las relaciones entre madres y padres separados o divorciados, y más allá de esto de las relaciones entre hombres y mujeres.


Es ahí donde legisladoras y legisladores, ministras y ministros de la Suprema Corte, y desde luego autoridades gubernamentales, deben abundar, entendiendo que el problema de la violencia no se resolverá con más violencias y menos inclinando la balanza hacia ninguno de los extremos.


Es decir, que no se trata de atizar el conflicto. Porque en este, como en otros muchos temas, se requiere de una visión de paz, integradora, incluyente. Nunca de exclusión o discriminación.

En el caso de la acción interpuesta, la CNDH ya hizo su parte, y lo hizo atendiendo a las facultades que la Constitución General de la República le confiere a su presidenta, precisando, porque conviene precisarlo, que no implica –así lo establece nuestro reglamento interno- consulta alguna con el consejo consultivo.


Ahora, la CNDH se somete al juicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es a la que le corresponde resolver en definitiva sobre este asunto, tal como lo señala la ley. Simplemente esperando que lo haga de manera imparcial y, hay que insistir, atendiendo a todas las voces.

Respetuosamente exhortamos a las y los integrantes de la SCJN, del Congreso de la Unión y del Congreso de la Ciudad de México a no tomar decisiones como siempre ha pasado en este país pero ya no puede pasar, armando ejercicios a modo con voces afines a una agenda política o partidista, pero omisa en cuanto a las voces que no interesa o no conviene escuchar.

En todo caso, hemos acordado con varias colectivas pro derechos en favor de la infancia, feministas y pro derechos de la mujer, y extendemos la invitación a quienes quieran hacerlo, abrir a partir de este lunes mesas de diálogo, cuya organización tendrá a su cargo el centro nacional de derechos humanos “Rosario Ibarra de Piedra”, así como las titulares de la Primera, Tercera y Cuarta Visitadurías Generales, donde podamos escucharnos entre todas y todos, para dar plataforma a todas las voces y para atender todas las posturas con seriedad, apertura y respeto, de manera que podamos construir una agenda incluyente de defensa de derechos, y junto con ella rutas de acción que nos permitan enfrentar más eficazmente no solo este sino otros muchos temas, que afectan a las mujeres y a la niñez de nuestro país, y cuyos derechos nunca podrán ser contradictorios entre sí.

Asimismo, estamos enviando comunicaciones a distintas autoridades del país, al Senado, a la Cámara de Diputados, al Congreso de la Ciudad de México, a la Secretaría de Gobernación, a la propia Suprema Corte de Justicia, y a todas las instancias que sea menester, para que atiendan a colectivos y colectivas que no comparten la visión que se ha expuesto mediáticamente pero que no han tenido voz y que merecen tenerla, para bien de todas y todos, y para que de un debate real y serio surjan las respuestas integradoras que merecen los niños, desde luego las mujeres, y sin duda todas y todos los mexicanos.

Este Organismo Nacional invita a mantener un diálogo abierto en torno a las motivaciones que llevaron a presentar nuestra Acción de Inconstitucionalidad, y sobre todo, a promover el intercambio de ideas sobre cualquier acción o decisión, como esta, que es de interés, no de un grupo o colectivo, sino de toda la nación.

A quienes han manifestado su inconformidad ante nuestra Acción de Inconstitucionalidad, les respondemos que esta CNDH tiene la obligación de actuar ante cualquier posibilidad de que se promulguen legislaciones que vulneren los derechos humanos y que, por ende, queden fuera del marco que establece nuestra Constitución, como ocurrió en el caso que nos ocupa, que no se refiere a la ley 3 de 3 del estado de yucatán, a la que desde luego no nos oponemos, sino solo específicamente al punto referente a deudores alimentarios.


Lo que nos da oportunidad de reiterar que esta Comisión no busca, en ningún caso, menoscabar los derechos de las niñas, niños y adolescentes, como se ha manifestado en diversos medios de información.

Frente al anuncio que se hace de los “Tendederos de Deudores Alimentarios” en varias sedes de esta Comisión Nacional, les anunciamos que en todos ellos encontrarán personal dispuesto a escucharlos y, como siempre, puertas abiertas para recibir sus propuestas.

Confiamos en el diálogo abierto y plural, por lo que manifestamos nuestro interés en seguir conversando abierta y francamente con todas y con todos quienes deseen hacerlo, sobre este ejercicio de acción de inconstitucionalidad, o sobre lo que sea necesario hablar, para explicar el sentido de nuestra actuación, que siempre nos empeñaremos sea incluyente y muy transparente.


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