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CNDH emite recomendación a SSPC y GN por violaciones graves a los derechos de 672 personas


02 / 12 / 2022

  • El organismo recibió 500 quejas de 672 personas privadas de su libertad, en las que denunciaron tortura, tratos crueles e inhumanos, así como agresiones con gases lacrimógenos y dejaron de recibir atención médica y medicamentos

Por violaciones graves a los derechos humanos, al trato digno, a la integridad y seguridad personal por tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como tortura, a la inserción social, la seguridad jurídica y la legalidad, en correlación al derecho al acceso a la justicia y a la verdad, y el derecho a la información de sus familiares, en agravio de 672 personas privadas de la libertad en el Centro Federal de Readaptación Social número 14 (CEFERESO 14) en Gómez Palacio, Durango, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 75 VG/2022 al comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Antonio Hazael Ruiz Ortega, y al comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio.

Señala el organismo que el 30 de junio de 2021, algunos internos del módulo 1 en el CEFERESO 14 pretendieron ingresar a otros módulos con armas punzocortantes para agredir a un grupo antagónico. No lograron su objetivo, pero internos de otros módulos subieron a la azotea y pidieron que se controlara a los provocadores para salvaguardar su integridad física. Personal del CEFERESO 14 dialogó con los rijosos y regresó a los reclusos a sus dormitorios.

Sin embargo, el 1 de julio de 2021, guardias de seguridad y custodia del penal y elementos de la Guardia Nacional llevaron a cabo una revisión al interior del establecimiento penitenciario y agredieron física y verbalmente a las personas privadas de su libertad. Incluso, los atacaron con gases lacrimógenos, además de desnudarlos, despojarlos de sus colchonetas, cobijas, medicamentos, artículos personales, material para artesanía, documentación jurídica de sus procesos y dejarlos incomunicados, sin recibir visitas ni llamadas telefónicas.


Asimismo, se les restringieron alimentos, agua potable, no les permitieron bañarse durante seis días y algunos dejaron de recibir atención médica, además de ser sujetos de tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Cabe señalar que en cuanto se recibieron las primeras quejas en este organismo autónomo, personal especializado se trasladó al centro penitenciario y entrevistó al personal de custodia, a internos y familiares y, mientras se integraba el expediente, solicitó -y se obtuvo, la implementación de medidas cautelares para los internos, a fin de preservar su derecho a la salud, al trato digno, al contacto con el exterior y a la integridad física y psicológica.

Del análisis de las evidencias y del estudio lógico-jurídico del caso se pudo determinar que, durante las revisiones hechas a los reclusos, hubo un desproporcional y excesivo uso de la fuerza e inobservancia a los protocolos de revisión a personas y estancias. Se acreditó la tortura por las lesiones infringidas a las personas privadas de la libertad, además de la tortura sexual a la que se les sometió al obligarles a desnudarse e incluso a hacer sentadillas en esas condiciones.


Además, se comprobó la negación al derecho a la salud, a la alimentación, al agua y a los medicamentos. Hubo represalias, como suspender las actividades deportivas, el trabajo en talleres y la incomunicación con sus familiares y abogados, con lo que se violó su derecho a la información.

Si bien el comportamiento de algunos internos no se ajustó a lo que establece el reglamento del centro penitenciario y que se les decomisaron objetos punzocortantes y sustancias prohibidas, ello habla de la falta de supervisión y la inadecuada inspección de personas y estancias.


También se obstaculizó la disponibilidad de las cámaras de videovigilancia. Hay responsabilidad de, al menos, doce personas servidoras públicas que incurrieron en diversas omisiones y no cumplieron con su deber de salvaguardar la integridad física de los internos, además de permitir las agresiones y malos tratos a los reclusos.

Por tales motivos, la Recomendación 75VG/2022 pide al comisionado del OADPRS de la SSPC que se inscriba en el Registro Nacional a siete víctimas y se proceda a la inmediata reparación del daño causado para que se les proporcione la atención médica y psicológica que requieran.


También deberá coadyuvar en la integración de la carpeta de investigación que está abierta en contra de nueve personas servidoras públicas del penal, a la cual se integrarán las actuaciones de esta Comisión Nacional. Asimismo, debe dar seguimiento a al expediente administrativo que está en trámite en el Órgano Interno de Control del OADPRS, donde se investiga a diez personas servidoras públicas para deslindar responsabilidades.

En un plazo no mayor a tres meses, se debe culminar la entrega de pertenencias a las personas privadas de la libertad que, entre otros objetos, se compone de lentes, aditamentos ortopédicos y documentos jurídicos retirados.


Así como elaborar un Protocolo de Intervención para Mantener el Orden, Seguridad y Buen Gobierno en el penal e impartir un curso de capacitación a fin de garantizar el irrestricto respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad y evitar la comisión de actos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes. De igual forma, deberán generar acciones que permitan que el Cefereso 14 cuente con el personal de seguridad y custodia y de salud suficiente e idóneo.

Finalmente, al comandante de la Guardia Nacional se le solicita colaborar ampliamente en la presentación y seguimiento de la denuncia administrativa que esta Comisión Nacional presente en contra de dos personas servidoras públicas de la institución, a fin de que se inicie el procedimiento que corresponda de conformidad con la Ley General de Responsabilidades Administrativas.


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