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CNDH emite recomendación a la Fiscalía de Chiapas por violar los DDHH de tres mujeres indígenas


18 / 03 / 2022


Por vulnerar los derechos humanos de cuatro mujeres indígenas Tsotsiles de esa entidad, quienes fueron detenidas en el municipio de San Cristóbal de las Casas, al considerar que estaban involucradas en la comisión del delito de trata de personas, por lo que fueron aprehendidas y recluidas en penales de esa entidad durante aproximadamente cinco meses, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 51/2022 al titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas, Olaf Gómez Hernández.


El 24 de julio de 2020, diversos medios de comunicación dieron a conocer que, al investigar la desaparición de una persona menor de edad, la FGE había desmantelado una red de trata de personas que operaba en dicho municipio, logrando el rescate de 23 niñas, niños y adolescentes, así como la detención de cuatro mujeres indígenas; por lo que, ante la naturaleza y gravedad del caso, la CNDH ejerció su facultad de atracción para analizar los hechos.

En el marco de la búsqueda de la citada persona menor de edad, el 16 de julio de ese año un agente de la Policía Especializada efectuó una visita en un domicilio particular donde se encontraban varias niñas, niños y adolescentes, y al considerar la posible comisión de un ilícito en su contra, dio vista a la Fiscalía contra la Trata de Personas.


Al día siguiente, se realizó un cateo en el lugar y como resultado de este, se determinó el traslado de las personas menores de edad a las oficinas del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de San Cristóbal de las Casas y la detención de tres mujeres indígenas.


Tres de las víctimas manifestaron ante la autoridad competente ser originarias de Ixtapa, Chiapas; ser madres de las niñas, niños y adolescentes hallados en el domicilio y dedicarse a la venta de artículos artesanales en la vía pública.


Mientras que, el 17 de julio de 2020, se solicitó una orden de aprehensión en contra de la cuarta víctima por los delitos de desaparición cometida por particulares, en agravio del niño en cuestión, y contra la salud en su modalidad de posesión, por lo que fue vinculada a proceso.

La investigación de la CNDH determinó que el personal de la FGE de Chiapas debió advertir que se trataba de diversas familias indígenas quienes vivían en un mismo domicilio, acorde a sus usos y costumbres, por lo que se tenía que establecer una línea de investigación diferenciada, aplicando una perspectiva intercultural, tal como lo establece la Constitución Política del país. En lugar de ello, solicitó la orden de aprehensión en contra de las víctimas, por lo que tres de ellas fueron ingresadas al Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados (CERSS) número 14 y la otra en el CERSS número 5.

Además, incurrió en dilación al no solicitar la elaboración de un dictamen antropológico en materia indígena para obtener más y mejores datos de prueba, antes de pedir la orden de aprehensión en contra de dichas mujeres, cuyo resultado oportuno hubiera sido determinante para decretar su libertad, ya que dicho análisis constató que se trataba de mujeres campesinas e indígenas quienes tienen prácticas diferenciadas en su forma de vivir, trabajar e insertarse laboralmente desde edades tempranas.

Lo anterior ocasionó que permanecieran privadas de su libertad, durante aproximadamente cinco meses, hasta el 23 de diciembre de 2020, fecha en que se determinó el desistimiento de la acción penal en su contra, vulnerando sus derechos humanos a la seguridad jurídica, debido proceso y acceso a la justicia.

Por otro lado, los peritajes llevados a cabo por personal de la Comisión Nacional determinaron que mientras fueron sometidas a resguardo domiciliario, las víctimas y sus hijos sólo recibieron como alimentación hot cakes, hamburguesas, pan, sándwiches y comida envasada que no era propia de su régimen alimentario ni tampoco se les brindaron insumos ni facilidades para la realización de sus trabajos artesanales, transgrediendo así su derecho al respeto de sus usos y costumbres.

Asimismo, durante dicho resguardo domiciliario no se les proporcionó material de limpieza y aseo personal y el personal de la Fiscalía estatal pretendió, en diversas ocasiones, hacerles firmar documentos en blanco; se burlaba de ellas e ingresaba a sus cuartos y les tomaba fotografías, violando sus derechos al honor y a la dignidad humana; además de que las expusieron mediáticamente, afectando con ello su vida privada y estigmatizándolas socialmente.

Por lo anterior, la CNDH solicita al fiscal general de Chiapas localizar a las víctimas, así como a sus familiares que acrediten tener derecho para que se les inscriba en el Registro Estatal de Víctimas; se les brinde la reparación integral del daño y se les otorgue una compensación justa y suficiente; así como realizar un acto de disculpa pública y reconocimiento de la responsabilidad de la dependencia en los hechos descritos.

Pide, además, coadyuvar con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para el Estado de Chiapas a fin de proporcionarles atención médica y psicológica; colaborar en la integración de la carpeta de investigación que se inicie por la probable comisión de hechos delictivos y en la queja que se presente ante la Visitaduría de esa dependencia en contra de los servidores públicos responsables de las violaciones a los derechos humanos.


Designar a una persona servidora pública de alto nivel para dar seguimiento al cumplimiento de la presente Recomendación e impartir cursos integrales de capacitación que consideren temas como usos y costumbres, especificidades culturales, perspectiva intercultural y derechos de las personas detenidas e imputadas, entre otros, a los agentes del Ministerio Público.


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