Cidhpda exhorta a Bolivia a acatar las recomendaciones de la CIDH sobre la redefinición del terrorismo

12 / 07 / 2024
“La CIDH publicó un comunicado en el que urgía al país sudamericano observar los estándares interamericanos de acceso a la justicia y debido proceso”
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)-OEA ha sido constante en emitir recomendaciones a Bolivia para reclasificar el delito de terrorismo en su país.
En el 2021, tras la crisis electoral e institucional del 2019, la CIDH publicó un comunicado en el que urgía al país sudamericano observar los estándares interamericanos de acceso a la justicia y debido proceso; así mismo, le exigía cumplir su obligación de investigar, sancionar y garantizar la reparación integral de las víctimas y sus familias por las violaciones de derechos humanos.
Dicha crisis política se produjo del 10 al 20 de noviembre, periodo en el que se dieron numerosas protestas contra el gobierno del Presidente Evo Morales, acusado de haber cometido fraude electoral en las elecciones generales de octubre, esto según el Informe de análisis de Integridad Electoral de la Organización de Estado Americanos (OEA).
Posteriormente, la Comisión tomó conocimiento sobre algunas órdenes de aprehensión contra personas que integraron el gobierno interino 2019-2020, por los delitos de sedición, terrorismo y conspiración dentro del caso judicial denominado "golpe de Estado", dichas personas denunciaron ser víctimas de persecución.
Ante esta situación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reiteró que algunas leyes nacionales de antiterrorismo violan el principio de legalidad, pues se basan en una definición excesivamente amplia e imprecisa del concepto de terrorismo.
En marzo del 2022, la Comisión suscribió un acuerdo para hacer seguimiento a las recomendaciones planteadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) en el informe sobre los hechos de violencia de 2019, en este documento se establecieron 36 recomendaciones para el Estado plurinacional, la sociedad civil boliviana y la CIDH.
Uno de esos acuerdos se enfoca en la necesidad de redefinir el concepto de terrorismo: “Adecuar los tipos penales de sedición, terrorismo y financiamiento al terrorismo, conforme al principio de legalidad y a los estándares internacionales, y revisar la práctica de promover y confirmar imputaciones con relación a estos tipos penales”.
En enero de este, año, en el informe Cohesión social: el desafío para la consolidación de la democracia en Bolivia, la CIDH volvió a manifestar su preocupación por la existencia de “tipos penales poco claros y objetivos tales como terrorismo e incumplimiento de deberes. Igualmente, se observa la falta de adecuación de la tipificación del delito de tortura a los estándares internacionales”.
Actualmente, personas como Fernando Hamdan están siendo procesadas por terrorismo y alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado tras los hechos del 26 de junio, por lo que es aún más apremiante que Bolivia atienda las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y reforme las tipificaciones del delito de terrorismo y su financiamiento.
La Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA), en voz del comisionado presidente para América Latina y el Caribe, Víctor Hugo Gutiérrez Yáñez, exige al gobierno de Luis Arce que se tomen las medidas correspondientes, siguiendo los estándares internacionales, para garantizar los derechos humanos de los bolivianos.
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