El Congreso de la capital reformó la Ley del Invea y expide la Ley de Responsabilidad Social Mercantil de la CDMX

12 / 02 / 2020

 

 

 

El Congreso capitalino derogó los artículos 37,38,39,40,41,42,43 y 44 de la Ley del Instituto de Verificación Administrativa (Invea) y expidió la Ley de Responsabilidad Social Mercantil de la Ciudad de México, para contribuir a agilizar la apertura y facilitar la regulación de las actividades de los establecimientos mercantiles de bajo impacto.

 

La presidenta de la Comisión de Administración Pública Local, Guadalupe Chavira de la Rosa, explicó que la iniciativa fue enviada por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, con el objetivo de promover, fomentar e implementar mecanismos y programas que otorguen facilidades administrativas y estímulos fiscales para la apertura rápida y la regulación de las actividades de establecimientos mercantiles en giros de bajo impacto.

 

“Se busca que el Gobierno de la Ciudad de México genere un marco regulatorio con normas, procesos, procedimientos y evaluaciones asertivos en dichos giros mercantiles de bajo impacto, para facilitar el intercambio mercantil e incentivar la inversión privada”, afirma la legisladora de Morena.

 

Expresa que con esta reforma se facilitan los trámites de registro e inscripción al padrón, para dar facilidades al intercambio mercantil a pequeña escala, “por lo que debe quedar claro que no sufre ni sustituye facultades de organismos previstos en otras normas. Las facultades de verificación se encuentran distribuidas entre la administración central de la Ciudad de México y las alcaldías”.

 

Señala que el artículo 53 de la Constitución local establece las atribuciones de las alcaldías para realizar en exclusiva verificaciones sobre establecimientos mercantiles tales como estacionamientos públicos, construcciones, edificaciones, mercados públicos, protección civil, protección ecológica, anuncios, uso de suelo, cementerios, servicios funerarios, servicios de alojamiento, protección de no fumadores y desarrollo urbano.

 

Mientras que al gobierno capitalino le corresponden las verificaciones en materia de medio ambiente, desarrollo urbano, establecimientos mercantiles, sanidad, salud, seguridad, trabajo, educación, turismo, transporte, uso de suelo, cementerios, servicios funerarios, anuncios, estacionamientos públicos, mercados, protección civil, construcciones y edificaciones y protección ecológica, “mismas que seguirán incólumes”.

 

Argumenta que esta nueva ley da incentivos, pero no exime la verificación en aquellos casos en los que se presenten denuncias ciudadanas o impliquen situaciones de riesgo o afectación al orden público.

 

Esta reforma a la Ley del Invea también mejora su sistema digital, que forma parte del sistema unificado de verificación, y fomenta la autorregulación de los establecimientos mercantiles con giros de bajo impacto, como son salones de belleza, tiendas de abarrotes, lavanderías, panaderías y escuelas, entre otros, detalla.

 

“Esta normativa prevé la implementación de acciones que transiten de un sistema sancionatorio de verificación y fundamentación impositivo, a un esquema basado en el acompañamiento, la buena fe y la confianza en los titulares de establecimientos mercantiles que exploten giros de bajo impacto, pues con la posibilidad de solicitar una verificación voluntaria obliga a la autoridad a asesorar en forma gratuita al establecimiento en su regulación”, afirma.

 

Chavira de la Rosa destaca que este dictamen se enriqueció con opiniones de la Comisión de Desarrollo Económico del Congreso local, diputados, funcionarios del Invea, Agencia Digital, Consejería Jurídica y magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, “lo que se pretende es acabar con la extorsión, con la corrupción”.

 

Al razonar su voto, el diputado Miguel Ángel Salazar Martínez, del PRI, comenta que el decreto presentado “contiene diversas imprecisiones jurídicas y contradicciones a otros cuerpos normativos legales, que además se encuentran vigentes y que este Congreso aprobó en el pasado período ordinario de sesiones, sin pasar también por alto que la ley especial en la materia la deja sin tocar, lo cual puede por lo menos presentar mayores cargas a los ciudadanos de esta capital”.

 

El diputado Víctor Hugo Lobo Román, del PRD, considera que esta ley es una nueva obligación para los ciudadanos de la capital; “viene a engrosar el tema de la regulación y la legislación para los establecimientos de bajo impacto”.

 

“Las alcaldías tendrán que depender de la buena voluntad y del reglamento que se emita, en el que ya no serán ellos quienes le respondan a la ciudadanía. En cualquier momento, a partir de que se apruebe esta ley, cualquier extorsionador saldrá a las calles a decir que forma parte de esta Agencia, y que si no va a generar una verificación. A partir de hoy cualquiera que aparezca con un nombre de esta Agencia podrá amagar y amenazar a los ciudadanos que van a ser verificados”, critica.

 

“Se trata de una ley muy sencilla que pretende generar beneficios a los comercios establecidos de bajo impacto, y es importante dejarlo claro porque en nuestras colonias, barrios, pueblos, 95 por ciento de los establecimientos mercantiles son de bajo impacto”, respondió la diputada Valentina Batres Guadarrama.

 

La legisladora del grupo parlamentario de Morena presentó una reserva al dictamen, y propuso un artículo sexto transitorio -que establece que la Jefa de Gobierno tendrá un plazo máximo de 120 días, a partir de la entrada en vigor de la ley, para expedir su reglamento y especificar el proceso de elección para realizar las visitas de verificación-.

 

El dictamen fue votado en lo general y aprobado por 39 votos, cero en contra y nueve abstenciones; posteriormente la reserva fue aprobada con idéntica votación.

 

En contra de esta reserva, el diputado Jorge Gaviño Ambriz, del PRD, se opuso a restar facultades al Invea y darlas a la Agencia Digital. “Nosotros vemos que estas reformas son anodinas, por eso vamos a abstenernos en nuestra votación general y particular”.

 

“Cuando la autoridad supervisa debe supervisar a todos por igual y darnos el mismo tratamiento a todos. Por eso la ley es general, abstracta, permanente y personal. Para eso se debe de legislar, para que la ley quede a todos por igual, no para andar sorteando a ver a quién voy a verificar. La rifa no va a acabar con la discrecionalidad, lo que va a acabar es con la falta de aplicación de la ley. Lo que tenemos que hacer es aplicar la ley”, argumentó.

 

“La Agencia no va a llevar a cabo el proceso aleatorio, la agencia va a ser la encargada de la aplicación con la cual se haga el proceso aleatorio, en coadyuvancia con la Secretaría de Desarrollo Económico. Se trata de un mecanismo que ayudará a combatir la discrecionalidad y la corrupción, los elementos sustantivos están en la ley y se contemplará con su reglamento, que deberá de publicarse a más tardar 120 días después de la publicación de esta ley”, explicó la diputada Batres.

 

La diputada Guadalupe Chavira aseguró que con esta reforma se busca armonizar estas leyes, “porque hay contradicciones en la Ley de Establecimientos Mercantiles. No es una obligación que te adhieras a este sistema, es optativo, tú puedes adherirte y al momento de adherirte entras en este procedimiento, si no te adhieres, no”.

 

 

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