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EL GOBIERNO ENFRENTA RETOS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS: OSORIO CHONG



El Gobierno de la República reconoce que persisten retos en materia de derechos humanos, los cuales se enfrentan con unidad y visión compartida, aseguró hoy el Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación.


Los desafíos de la sociedad contemporánea están presentes a escala global, y son, por ejemplo, la migración, el cambio climático, la exclusión, la trata de personas, la violencia de género o la desigualdad, destaca al encabezar la firma de la Carta Compromiso por los Derechos Humanos con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).


Por ello, el Estado mexicano actúa con determinación ante las problemáticas que obstaculizan el ejercicio de los derechos. El Gobierno de la República, añade, trabaja para que el respeto y goce de los derechos sean una realidad en la vida de las y los mexicanos.


Osorio Chong expuso que para enfrentar esos retos con éxito se requiere de un esfuerzo de Estado: de autoridades, poderes y ciudadanos para concretar cambios de fondo que afiancen la cultura en esta materia, lo mismo en las instituciones que entre individuos y comunidades.


“Las grandes transformaciones comienzan en el ciudadano, que es el actor central de nuestra democracia. Sigamos trabajando juntos, sumando esfuerzos para consolidar el México donde por encima de todo, esté siempre el respeto irrestricto a la dignidad de la persona, sus derechos y libertades”, dice.


Por eso la importancia de esta Carta Compromiso en donde indica que las instituciones de educación superior son creadoras, reproductoras y difusoras del conocimiento, aliados indispensables en la construcción de políticas públicas efectivas que impulsan el desarrollo nacional.


El secretario de Gobernación resalta que la Carta Compromiso tiene la finalidad de que los derechos sean reconocidos, conceptualizados, difundidos, protegidos y ejercidos a plenitud. “Para que la ley sea letra viva, debe transformarse en práctica cotidiana, solo quien conoce sus derechos puede exigirlos y hacerlos valer”.


En tanto, Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, asegura que con la firma de este documento se impulsará el fortalecimiento de la educación en y para los derechos humanos.


Puntualiza que la Carta Compromiso tiene seis acciones que permitirán la armonización del sistema de educación superior con la reforma constitucional en la materia. Se trata, explicó, de incorporar en sus planes de estudio los contenidos de derechos humanos; es decir, promover y difundir el conocimiento de los derechos fundamentales para contribuir a una cultura del respeto.


González Pérez dice que se impulsará la creación de defensorías de los derechos de la comunidad escolar; promover la investigación, la docencia, las publicaciones y la realización de congresos en la materia; evitar dentro de las instituciones de educación superior todo tipo de discriminación y violencia, y promover acciones que propicien el acceso a la comunidad universitaria de personas con discapacidad.


Mientras, Jaime Valls Esponda, secretario general ejecutivo de la ANUIES, puntualiza que la firma de este compromiso permitirá socializar, valorizar y hacer práctica cotidiana las reformas constitucionales en la materia con el propósito de construir una ciudadanía universitaria responsable, democrática y solidaria.


Reafirma el compromiso de la ANUIES y de sus 180 instituciones asociadas de apoyar las tareas que impulsa el Gobierno de la República para fortalecer el México en paz, incluyente y democrático para todas y todos los mexicanos.


El documento lo firmaron el secretario de Gobernación, el secretario general ejecutivo de la ANUIES y el presidente de la CNDH.


A la firma asistieron el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián; el director general del Instituto Politécnico Nacional, Enrique Fernández Fashnat; representantes de 50 universidades del país, así como 20 rectoras, rectores y directores de instituciones de educación superior, y representantes de los organismos defensores de derechos humanos, ombudsman universitarios y de organizaciones de la sociedad civil.

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